Que el Poder Judicial se interrogue sobre sus propias prácticas no es un gesto menor. Que lo haga a partir de una discusión legislativa que pone límites claros a intervenciones sin base científica, con fuerte impacto simbólico y consecuencias materiales sobre la vida de mujeres, niñas y niños, es todavía más significativo. Brasil acaba de poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero urgente: ¿todo vale en nombre de la pacificación de los conflictos? ¿Todo lo que se presenta como "alternativo", "empático" o "sanador" es compatible con un derecho comprometido con los derechos humanos y la perspectiva de género?
El proyecto de ley que prohíbe el uso de las llamadas "constelaciones familiares" en el ámbito del Poder Judicial - incluso en espacios de resolución alternativa de conflictos - no surge del capricho ni del prejuicio. Surge de la constatación de un riesgo concreto: la introducción de una práctica sin reconocimiento científico, con fundamentos teóricos cuestionados y con una narrativa que, lejos de reparar, puede reproducir y legitimar la violencia estructural, especialmente la que recae sobre mujeres y niñas.
No se trata de un debate técnico menor ni de una disputa corporativa. Se trata del modo en que el Estado nombra - o desdibuja - la violencia. Las constelaciones familiares, tal como han sido denunciadas por el propio Consejo Federal de Psicología de Brasil, parten de una concepción jerárquica y esencialista de la familia, donde el orden se restablece incluso a través de la violencia, y donde la responsabilidad de lo sufrido puede desplazarse, sin pudor, hacia quienes padecen el daño. En ese esquema, las mujeres aparecen como portadoras de culpas transgeneracionales; las niñas, como eslabones de desajustes sistémicos; y los agresores, como figuras a comprender antes que a responsabilizar.
Cuando estas lógicas ingresan al sistema judicial, el problema deja de ser teórico y se vuelve político. Porque el derecho no es neutral. Porque toda práctica que el Poder Judicial habilita, valida o promueve, produce efectos. Y porque en contextos de violencia de género no hay margen para experimentaciones simbólicas que relativicen la palabra de las víctimas o diluyan la responsabilidad de los agresores en abstracciones místicas o "órdenes del amor".
Hace años que el derecho - con razón - abrió sus puertas a enfoques interdisciplinarios. La psicología, el trabajo social, la mediación, la justicia restaurativa han ampliado la mirada jurídica, humanizando procesos y complejizando respuestas. Pero esa apertura nunca fue, ni debería ser, una carta blanca. El enfoque de género, lejos de ser una consigna, es un límite epistemológico y ético: no todo dispositivo es admisible cuando lo que está en juego es la protección frente a la violencia.
La apertura del derecho a enfoques interdisciplinarios fue - y sigue siendo - un avance indispensable. Pero apertura no es permisividad. No todo lo empático es justo. No todo lo simbólico es reparador. Y no todo lo que promete paz garantiza derechos.
Resulta especialmente grave que estas prácticas hayan encontrado lugar incluso en causas de violencia doméstica y familiar. Allí donde el derecho tiene la obligación reforzada de proteger, escuchar y creer, introducir metodologías que tienden a igualar partes, a disolver asimetrías de poder o a sugerir responsabilidades compartidas es, lisa y llanamente, una forma de revictimización. No hay neutralidad posible cuando una mujer denuncia violencia. No hay "sistema familiar" que explique un golpe. No hay destino que justifique el daño.
Brasil, con este debate, interpela a toda la región. Porque no se trata solo de lo que ocurra dentro de sus fronteras, sino de una tendencia más amplia a "espiritualizar" los conflictos jurídicos, a estetizar el sufrimiento y a reemplazar la obligación estatal de garantizar derechos por relatos de armonía forzada. La justicia no puede convertirse en un escenario de performances simbólicas donde la violencia se diluye en metáforas.
La discusión que se da en Brasil debería funcionar como una alarma regional. La apertura del derecho a enfoques interdisciplinarios fue - y sigue siendo - un avance indispensable. Pero apertura no es permisividad. No todo lo empático es justo. No todo lo simbólico es reparador. Y no todo lo que promete paz garantiza derechos.
La justicia no está para sanar almas ni para reordenar destinos. Está para nombrar la violencia, asumirla como lo que es y actuar en consecuencia. Cuando el derecho se calla, relativiza o se confunde, la violencia no desaparece: se institucionaliza.