El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley N°15.563, que reforma al régimen de la Caja de Previsión Social para Abogados bonaerenses.
La nueva norma, sancionada por el Senado, introduce cambios en dos artículos de la Ley N° 6.716. Específicamente, ajusta la contribución adicional que se aplica sobre la Tasa de Justicia, reduciéndola del 10% al 5%.
En concreto, el artículo 12 inciso G) de la norma, que prevé que el capital de la caja se formará “g) Con una contribución a cargo del obligado al pago de la Tasa de Justicia, del cinco (5) por ciento de su importe, que se abonará conjuntamente con aquella”.
Esta medida busca aliviar la carga económica que enfrentan los ciudadanos al concluir un proceso judicial, fondos que se destinan directamente a la caja previsional de los abogados.
Cuando se aprobó la medida, tanto la Caja de Previsión Social para Abogados como el Colegio de Abogados expresaron un rechazo rotundo a la iniciativa, calificándola de "intempestiva".
Según el texto aprobado, la sobretasa no guarda relación directa con la prestación del servicio judicial y se destina al fondo solidario del sistema previsional. En ese marco, el oficialismo planteó que el costo adicional operaba como un “desincentivo” para iniciar o continuar acciones judiciales, debido al impacto económico que implicaba para los litigantes.
Esta disposición responde a críticas sobre el manejo de fondos, ya que, según datos revelados por los senadores basados en planillas de gastos, el directorio -compuesto por 43 miembros- destinó 756 millones de pesos a viáticos en el ejercicio anterior.
Esta cifra superaba incluso los 673 millones recaudados por la sobretasa en ese período, y se sumaban otros egresos millonarios en traslados, alojamiento y actividades de relaciones públicas, totalizando alrededor de 1.200 millones en conceptos como refrigerios y movilidad.
Cuando se aprobó la medida, tanto la Caja de Previsión Social para Abogados como el Colegio de Abogados expresaron un rechazo rotundo a la iniciativa, calificándola de "intempestiva".
Los directores de la caja advirtieron que esta eliminación podría "afectar la estructura de ingresos del régimen previsional", lo que a su vez impactaría en la reducción de haberes jubilatorios, subsidios y asignaciones destinadas a los afiliados y sus familias.
En respuesta, recurrieron a instancias superiores, informando de la situación a la Coordinadora de Cajas a nivel nacional y provincial, así como al Consejo Coordinador de Cajas de Abogados, en busca de apoyo para mitigar los efectos.