Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) relevó las percepciones de 2.118 matriculados sobre el funcionamiento de la Justicia nacional y federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La encuesta, realizada entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre de 2025, trabajó sobre cinco ejes temáticos: tiempos procesales, calidad de las sentencias, desempeño de jueces y juezas, regulación de honorarios profesionales, y comunicación con los juzgados y tribunales. También se incluyeron dos preguntas de carácter general sobre la satisfacción con el sistema de justicia y sobre los niveles de independencia de jueces y juezas.
El relevamiento fue anónimo y voluntario. El cuestionario sumó 47 preguntas, entre obligatorias y optativas, y contempló ramificaciones según las respuestas brindadas por cada participante, lo que explica que no todos respondieran la misma cantidad de interrogantes.
Finalmente, el relevamiento evidenció un alto nivel de descontento con la regulación de honorarios profesionales, ya que más del 40% consideró que los montos se fijan por debajo de los parámetros legales, percepción que se repite en todos los fueros.
Uno de los principales focos de crítica estuvo vinculado a los tiempos de tramitación de las causas. Más del 75% de los abogados califica los plazos de tramitación de las causas como “lentos” o “muy lentos”, atribuyendo las demoras a la falta de eficiencia del personal judicial y a deficiencias organizativas dentro de los juzgados (un 64,6% y un 42,9% de quienes perciben lentitud, respectivamente). Solo el 3,7% considera que la tramitación es “ágil” o “muy ágil”, de los cuales un 67,1% lo atribuye a una buena organización interna y un 49,4% a la eficiencia del personal.
La percepción de lentitud, según el documento, aumenta con los años de experiencia profesional: entre quienes ejercen hace menos de 5 años, esta percepción es del 65,7%, mientras que, entre quienes llevan más de 20 años, el 80% valora los tiempos de tramitación negativamente. Los fueros Laboral, de la Seguridad Social, y Civil y Comercial Federal son aquellos que concentran mayor proporción de percepciones negativas en relación con este punto (89,5%, 84,4% y 82,3%, respectivamente).
En relación con las medidas cautelares, la mayoría de quienes solicitaron considera que los plazos de resolución son excesivos (58,6%), mientras que un 41,4% los considera apropiados. Esta tendencia se observa sobre todo en los fueros Penal Económico, de la Seguridad Social y Laboral nacional, en donde el 100%, el 63,6% y el 63,5% de los matriculados que litigan en dichos fueros, respectivamente, apuntaron que había demoras excesivas.
El informe también revela que más del 75% de las encuestados detectó situaciones de mal desempeño, principalmente vinculadas a demoras excesivas en la tramitación de causas, falta de aplicación de la ley y parcialidad en las decisiones (respectivamente, representan el 77,7%, 38,1% y 37,9% de quienes observaron algún tipo de situación de mal desempeño). De las personas que registraron alguna situación de estas características, el 64,5% adoptó una postura activa frente al hecho. Entre ellas, las denuncias ante el Consejo de la Magistratura fueron excepcionales: solo el 3,5% presentó una denuncia, y quienes no lo hicieron indicaron en mayor medida que se debió a su desconfianza en que sean investigadas y/o respondidas adecuadamente (59%).
En cambio, la mayoría prefirió presentar una queja o reclamo en el expediente (44%); mientras que el 35,5% de quienes observaron situaciones de mal desempeño declaró no haber adoptado ningún tipo de medida, señalando como razón principal la creencia de que no conduciría a nada (48,3%), seguida por el temor a sufrir represalias dentro la misma causa (23,9%).
En cuanto a la calidad de las sentencias, las críticas fueron más moderadas: el 45,8% de la muestra las calificó como regulares y cerca del 40% adoptó una valoración positiva (“buena” o “muy buena”), mientras que algo más del 15% expresó una evaluación negativa.
Finalmente, el relevamiento evidenció un alto nivel de descontento con la regulación de honorarios profesionales, ya que más del 40% consideró que los montos se fijan por debajo de los parámetros legales, percepción que se repite en todos los fueros. De acuerdo al relevamiento, los socios de estudios jurídicos (48,2%), los abogados independientes (47,6%) y los representantes de organizaciones de la sociedad civil (46,2%) son quienes más coinciden con esta afirmación.
En este sentido, el presidente del Colegio Público, Ricardo Gil Lavedra, destacó que “surge clara la enorme preocupación de los y las colegas por la falta de respeto de los jueces y juezas a los parámetros legales en la regulación de honorarios, aspecto por el que el Colegio Público reclama insistentemente”.