La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que inició formalmente los trámites para reintegrar al patrimonio estatal una suma superior a los 60 millones de dólares, junto con otros bienes, que fueron incautados en el marco de la investigación por lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero K”, involucrando a Lázaro Báez y su hijo Martín.
Mediante un oficio dirigido al juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 4, el director de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero, detalló las disposiciones para el decomiso definitivo de estos activos.
Esto incluye el traspaso de fondos en efectivo y los procedentes de remates de propiedades, que serán inscriptos a nombre de la Corte, en línea con lo establecido por el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Tras la confirmación de la sentencia, el Gobierno nacional emitió el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo el ala del Ministerio de Justicia, con el fin de supervisar estos activos. Esto generó tensiones, ya que la Corte había establecido previamente que corresponde a los jueces penales manejar estos procedimientos, garantizando la independencia judicial.
En concreto, se solicitó la transferencia inmediata de las sumas incautadas a cuentas bancarias específicas del tribunal supremo, una en pesos y otra en dólares. Además, se requirió la documentación completa de las subastas realizadas en el expediente.
Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021, en la causa, por los distintos hechos juzgados, hay decomisados las sumas de U$D 54.872.866,69, U$D 5.000.000, U$D 307.994,17 y U$D 950.000. La suma da un total de U$D 61.130.860,86.
La sentencia también incluyo distintas cifras en pesos, que el tribunal dispuso que fuesen “ajustables conforme al índice de actualización de precios del consumidor del INDEC”, que suman unos $4.174.697.
“Firme que sea la presente, se procederá a ejecutar los decomisos ordenados precedentemente, sobre la totalidad de los bienes cautelados por cuya razón se mantendrán los embargos y demás medidas restrictivas oportunamente dispuestas”, había dicho el TOF al momento del veredicto.
Tras la confirmación de la sentencia, el Gobierno nacional emitió el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo el ala del Ministerio de Justicia, con el fin de supervisar estos activos. Esto generó tensiones, ya que la Corte había establecido previamente que corresponde a los jueces penales manejar estos procedimientos, garantizando la independencia judicial.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) inició una demanda sosteniendo que se estaba afectando la independencia del Poder Judicial y las facultades propias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En octubre último, el juez federal en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que impedía al Gobierno Nacional avanzar con la aplicación del Decreto 575/25.
Según ese fallo, el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” mediante un mecanismo “que excede los límites constitucionales previstos para la emisión de decretos de necesidad y urgencia”. Según dijo, la norma “no introduce simples ajustes, sino que establece un nuevo régimen general que impacta directamente en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial”, afectando incluso su autonomía y autarquía presupuestaria.
“Se ha acreditado la presunta vulneración de la independencia del Poder Judicial de la Nación y la afectación de facultades propias de la Corte Suprema”, se expresó.