La diputada provincial María Eugenia De Marchi (bloque UCR) presentó un proyecto de ley en la Legislatura mendocina que propone modificar el artículo 60 inciso 2 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza (Ley 9.001), con el objetivo central de acortar la duración de la feria judicial de verano e invierno.
Según el texto ingresado recientemente en la Cámara de Diputados de la provincia, la iniciativa busca "acelerar la tramitación de los expedientes, optimizar la productividad y garantizar el derecho de acceso a la justicia".
Actualmente, la feria judicial de enero abarca todo el mes, mientras que en julio rige un receso de 10 días hábiles entre el 10 y el 31. Este esquema —según los fundamentos del proyecto— provoca “interrupciones prolongadas en la tramitación de causas, acumulación de las mismas al finalizar la feria judicial y ocasiona dilaciones que, en muchos casos, repercuten negativamente en los derechos de las personas que recurren a la justicia”.
El proyecto incluye la nueva versión del artículo, que establece que serán hábiles todos los días del año salvo sábados, domingos, feriados, días no laborables, y los períodos reducidos de feria: 15 días hábiles de enero y 5 días hábiles entre el 10 y el 31 de julio. El Superior Tribunal fijaría anualmente las fechas específicas dentro de esos límites, de acuerdo al texto.
En sus fundamentos, la diputada De Marchi sostiene que la reducción fortalecerá la continuidad del servicio, permitirá mayor dinamismo en los procesos y evitará la congestión de expedientes que hoy quedan paralizados durante períodos considerados extensos.
Además, la iniciativa menciona que otras provincias están avanzando en medidas similares, como el caso de San Luis, que a partir de 2027 reducirá su feria judicial en plazos similares. También señala que otras jurisdicciones ya analizan propuestas similares.
“La reducción de estos períodos, a quince días hábiles en enero y a 5 días hábiles en julio, constituye una medida razonable y necesaria para evitar la congestión de causas y que los expedientes queden sin trámite durante este actual extenso periodo”.
El proyecto destaca, asimismo, que “la demora en la resolución de procesos civiles, comerciales, o de familia puede generar perjuicios económicos, incertidumbre jurídica, afectación de derechos personales que se agravan en el tiempo cuando los expedientes se paralizan por recesos extensos como sucede en la actualidad”.
Además, la iniciativa menciona que otras provincias están avanzando en medidas similares, como el caso de San Luis, que a partir de 2027 reducirá su feria judicial en plazos similares. También señala que otras jurisdicciones ya analizan propuestas similares.