El Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Alta Gracia dispuso el sobreseimiento por atipicidad de una mujer que había sido imputada por homicidio calificado por el vínculo a raíz de la muerte de sus dos hijos adolescentes, ambos con severas discapacidades que requerían cuidados permanentes.
En el caso, la Fiscalía de Instrucción había solicitado el sobreseimiento al considerar que la mujer se encontraba en una situación de inimputabilidad por razones de salud mental. Sin embargo, tras analizar la evidencia y el marco normativo en materia de género, salud mental y discapacidad, el Juzgado coincidió con la necesidad de sobreseer, pero discrepó con el supuesto invocado.
La imputación original se había formulado bajo el encuadre de omisión impropia. "Los delitos dolosos de omisión impropia son propicios para develar coyunturas como estas. Al correr el foco de la pura comisión (delito doloso de comisión), en donde quien ejecuta la conducta deliberadamente ha ido en busca de la producción de un daño, en la omisión se impone un análisis minucioso acerca de roles, posiciones y funciones”, remarcó la sentencia.
El tribunal advirtió que “en las visiones tradicionalistas sobre los roles de género y el ejercicio de la maternidad, fuertemente ligadas al modelo patriarcal, el cuidado se impone como una carga amorosa ligada a la función reproductiva. En esta versión las madres cuidan y los padres colaboran”.
Al abordar el expediente, el Juzgado incorporó la reciente Opinión Consultiva 31/2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al cuidado, subrayando cómo los mandatos tradicionales de género impactan en la distribución de las tareas.
El tribunal advirtió que “en las visiones tradicionalistas sobre los roles de género y el ejercicio de la maternidad, fuertemente ligadas al modelo patriarcal, el cuidado se impone como una carga amorosa ligada a la función reproductiva. En esta versión las madres cuidan y los padres colaboran”.
Asimismo, señaló que las personas con discapacidad deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos, pero que en casos como el analizado la demanda de cuidados puede volverse extrema, sobre todo en contextos donde el Estado aún no desarrolla políticas de acompañamiento adecuadas para quienes cuidan.