En el marco de una suspensión del juicio a prueba, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba dispuso que Pablo Rodolfo Bayo, gerente de una empresa de medicina prepaga abone $43.285.714,32 en concepto de reparación a una paciente con cáncer a quien se dejó sin cobertura luego de modificar de manera ilegítima sus datos en el sistema informático.
La medida fue resuelta por el juez Julián Falcucci propuesta por la defensa del empresario y fue aceptada por la víctima y su esposo, quienes expresaron su interés en llegar a esta resolución. El magistrado también hizo lugar a un planteo del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Carlos Gonella, quien había requerido que, además del dinero, dada su capacidad económica y en atención a los hechos que se le imputaban, el empresario tuviera que programar y asistir a un curso de capacitación en perspectiva de género destinado a todo su personal, en reemplazo del cumplimiento de tareas comunitarias.
La suspensión del juicio a prueba alcanzó también a una empleada administrativa, involucrada en la maniobra. Según la acusación, tanto el gerente como la empleada insertaron datos personales falsos en el sistema informático, lo que derivó en una migración irregular de la afiliación de la mujer a otra obra social con la que la prepaga no tenía convenio.
La imputación fue por inserción ilegítima de datos en un archivo informático en concurso ideal con abandono de persona agravado por haber causado un grave daño en la salud de la víctima, en carácter de coautores. El juez impuso además reglas de conducta por un año, entre ellas fijar domicilio, permanecer a disposición de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y asistir al curso obligatorio.
El matrimonio estaba afiliado desde 2013 a la Obra Social de los Capataces y Estibadores Portuarios, que brindaba prestaciones mediante Bramed SRL. El 28 de diciembre de 2020, la mujer fue diagnosticada con Linfoma de Hodgkin en el Sanatorio Allende y requirió cirugía cardíaca de urgencia por acumulación de líquido en el pericardio.
La investigación determinó que el acceso se realizó desde una computadora de Bramed con su dirección IP. En abril de 2021, al comunicarse con la prepaga, el afiliado fue informado de que ya no contaban con cobertura. Al presentarse en las oficinas, la empleada imputada le aseguró que él mismo había gestionado el cambio, utilizando su clave fiscal.
Mientras estaba internada, recibió un llamado de Bramed solicitando la clave fiscal de su esposo, supuestamente para “rectificar datos y proveer medicación”. Como no podía hablar, remitió el contacto de su pareja, quien intentó verificar la autenticidad del pedido por correo electrónico con la propia empresa. La empleada imputada confirmó que el número era institucional.
El 4 de enero de 2021, confiando en esa información, el hombre envió la clave fiscal por WhatsApp. Luego, bajo instrucciones del gerente, personal de Bramed utilizó esas credenciales para migrar al afiliado hacia la obra social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios, ajena a la prepaga. El cambio se registró sin consentimiento y se oficializó en la base de datos de la Superintendencia de Servicios de Salud.
La investigación determinó que el acceso se realizó desde una computadora de Bramed con su dirección IP. En abril de 2021, al comunicarse con la prepaga, el afiliado fue informado de que ya no contaban con cobertura. Al presentarse en las oficinas, la empleada imputada le aseguró que él mismo había gestionado el cambio, utilizando su clave fiscal.
Entre el cambio registrado y su impacto en el sistema, la paciente inició tratamiento oncológico pero enfrentó reiterados incumplimientos en la entrega de medicación y prestaciones, lo que le provocó graves complicaciones de salud, numerosas intervenciones quirúrgicas cardiovasculares de urgencia y, según la acusación, un deterioro físico y psíquico “de carácter irreversible”.