La Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal alertó que el proyecto de presupuesto para 2026 del Consejo de la Magistratura de la Nación reduce un 8 % el total y un 74 % los Bienes de Uso, lo que “afectaría gravemente el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”. Esa alarma coincide con el informe de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que ya había señalado que el nuevo presupuesto “deja al Poder Judicial sin fondos para mantener edificios, tecnología y personal”.
Los integrantes de la Junta, encabezada por el juez Leal de Ibarra, emitieron un contundente pronunciamiento en el que despiertan alertas sobre el futuro del servicio de justicia si prospera el proyecto de presupuesto. En su comunicado señalan que el crédito asignado al Poder Judicial para 2026 “implicaría una reducción del 8 % general y del 74 % en Bienes de Uso”.
Afirman que, “de mantenerse esa previsión, se afectaría gravemente el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial, pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. También sostienen que “la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera judicial constituyen condiciones indispensables para asegurar su efectiva independencia”.
La reducción del 74 % en Bienes de Uso impediría "sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica, esenciales para garantizar un servicio de justicia eficiente y moderno”.
Según el texto, “el orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer por sobre coyunturas económicas”. En cambio, advierten que “asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.
Además, remarcan que “la modernización y la plena implementación del sistema procesal penal federal requieren recursos adecuados. Cabe recordar que, en las últimas horas, el Ministerio de Justicia decidió postergar la vigencia plena del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, la Resolución 1034/2025 -publicada en el Boletín Oficial- dispuso que la entrada en vigencia para las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico se difiera hasta las 00:00 horas del 20 de abril de 2026.
La reducción del 74 % en Bienes de Uso impediría "sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica, esenciales para garantizar un servicio de justicia eficiente y moderno”. Finalmente, el documento concluye: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades, en resguardo del equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”.