No fue el 11 de agosto y tampoco lo será el próximo 10 de noviembre. El Ministerio de Justicia de la Nación anunció una nueva postergación en la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal porteña.
La nueva fecha — 27 de abril— será durante el primer trimestre de 2026, luego de reiteradas críticas tanto del Ministerio Público Fiscal como del gremio judicial. Se trata de la segunda postergación dispuesta por la cartera de Justicia en lo que va del año.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, encabezó los reclamos y mantuvo reuniones con funcionarios del Gobierno por los nombramientos demorados, traslados de personal, infraestructura adecuada y mejoras en la conectividad, entre otros puntos. En un reciente reportaje con Radio Mitre, Casal afirmó que “el problema son los recursos, no el sistema” y señaló que los fiscales no están en contra del sistema acusatorio. “Nadie está en contra del sistema acusatorio. Al contrario”, aclaró.
Desde el gremio liderado por Julio Piumato señalaron que el sistema "no es un problema en sí mismo", sino que la dificultad radica en la falta de recursos humanos, tecnológicos y edilicios para su puesta en marcha en esta jurisdicción
Ante la inminente implementación del sistema acusatorio en los fueros Criminal y Correccional Federal, así como en el Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) reiteró que "subsisten hoy las serias carencias que hicieron necesaria la postergación, prevista inicialmente para el mes de agosto del corriente año".
Desde el gremio liderado por Julio Piumato señalaron que el sistema "no es un problema en sí mismo", sino que la dificultad radica en la falta de recursos humanos, tecnológicos y edilicios para su puesta en marcha en esta jurisdicción. A modo de ejemplo, destacaron que el déficit de cargos vacantes en el fuero Penal Económico supera actualmente el 60%, junto con la "falta de recursos materiales y humanos adecuados para afrontar el caudal y complejidad de la tarea, la falta de conectividad de los edificios y el escaso personal técnico abocado a peritajes y análisis de información".
En este sentido, consideraron que "se requieren las inversiones necesarias por cuanto —estamos convencidos— no es posible imponer un nuevo sistema a costa de sacrificar derechos de los trabajadores judiciales, implementándose de forma improvisada, sin presupuesto acorde y sin la necesaria estructura edilicia”.
"De implementarse en el mes de noviembre, es claro que las condiciones actuales para el funcionamiento no son mejores que las existentes al momento de ser anunciada y generar diferentes impugnaciones. Ello porque, si bien hubo una postergación y no se implementó en el mes de agosto, lo cierto es que esa decisión no fue acompañada de los recursos necesarios para garantizar el éxito del objetivo procurado", indicó la nota —firmada por Piumato y la secretaria gremial Mara Fernández— que fue enviada al Ministerio de Justicia.