Todo está listo para los comicios dentro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). El proceso electoral - en el que compiten tres listas- se desarrollará en dos etapas: entre el 3 y el 5 de noviembre votarán las jurisdicciones del interior del país que no cuentan con sede de Cámara Federal, mientras que en las ciudades donde sí hay Cámara radicada, los comicios se realizarán el 13 de noviembre.
Magdalena Laíño -más conocida en los pasillos de Tribunales como “Maggie”- es jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y encabeza la lista Compromiso Judicial. La acompañan como candidatos a consejeros German Sutter, Agustín Dávila Marks, María Jimena Monsalve, Enrique Comellas, Jorge Sobrino Reig, Carina Jaime, Alejandro Musa y Germán Degano.
Diario Judicial dialogó con la candidata, quien se refirió a los problemas más relevantes del sistema judicial argentino y las propuestas del espacio.
Diario Judicial: ¿Cuál cree que es hoy el principal desafío que enfrenta el Poder Judicial en la Argentina?
Magdalena Laíño: El mayor desafío del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos en la actualidad es sostener su esencia constitucional frente a un contexto de altísima exposición y conflictividad social. Enfrentamos diversas presiones: una creciente exposición mediática que exige respuestas inmediatas y un sistema estructuralmente debilitado por la alarmante cantidad de vacantes que rondan el 34% del PJN, 50% del MPF y 17 % del MPD. Un Poder Judicial y Ministerios Públicos incompletos y sobrecargados con magistrados subrogantes que deben duplicar o triplicar sus funciones, es más vulnerable a las presiones externas y menos capaces de cumplir su función esencial: servir de contrapeso y límite al poder. Con una Justicia incompleta no hay Justicia.
La legitimidad de la Justicia no se construye en la aprobación pública ni en la conveniencia política, sino en la independencia real, el debido proceso y la sujeción estricta a la Constitución. En este momento, defender esa arquitectura institucional es defender la República.
En ese contexto es esencial, recomponer el vínculo de confianza con la ciudadanía. Una Justicia respetada es una Justicia capaz de proteger los derechos de todos. Y esa legitimidad se sustenta en la convicción social de que nuestras decisiones se adoptan con independencia, con responsabilidad, transparencia, celeridad y con estricto apego a la Constitución.
A todo ello se suma, particularmente, las tensiones institucionales inéditas derivadas de los intentos de traspaso. Mi condición de jueza nacional no es casual, por el contrario, mi elección como candidata a Presidente refleja la histórica y firme postura de la lista Compromiso Judicial al rechazo a los intentos de traspaso de la Justicia Nacional al ámbito capitalino. Nos encontramos en un estado crítico y de alerta. El traspaso genera reparos de índole constitucional, vulnera el federalismo, afecta el principio de inamovilidad y debilita la independencia judicial. En lo que respecta a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, desatiende su condición de órganos independientes con autonomía funcional, diseño ciertamente incompatible con la organización de la Justicia local de la ciudad de Buenos Aires. En lo que concierne a los funcionarios, la situación es aún más preocupante ya que implica inseguridad jurídica respecto de su estatus laboral, ataca directamente al corazón de su estabilidad y jerarquía funcional, y, genera incertidumbre sobre derechos adquiridos.
La actual situación de debilidad que atraviesa el fuero nacional es campo fértil para aquellos intentos. Existen varios factores que tienen particular incidencia: las vacancias existentes en los fueros nacionales civil, comercial, del trabajo y, criminal y correccional, que alcanzan cifras cercanas al 50% versus el 34% global (nacional y federal), las particularidades propias de cada uno de los fueros que merecen abordajes diferenciados, la apropiación “de facto” de competencias no transferidas por parte de la justicia de la Ciudad (vgr. delitos contra la integridad sexual, habeas corpus, etc.) y las leyes dictadas por la legislatura porteña, como la reforma de la Ley de Procedimientos ante el TSJ (Ley 402) y la creación del fuero del trabajo en la CABA (Ley 6.789).
A este contexto desfavorable debe necesariamente sumarse las consecuencias producidas a partir del fallo “Ferrari c/Levinas”.
DJu; ¿Cuáles serían las tres prioridades concretas de su gestión si resultara electa?
ML: Es difícil circunscribir solo a tres ejes las prioridades que enfrenta la gestión de la AMFJN. Cuestiones tan trascendentales como la defensa permanente de la independencia, la cobertura urgente de vacantes, el traspaso de la Justicia Nacional, el impuesto a las ganancias, el régimen previsional, y las deficiencias estructurales y de recursos humanos de todo el sistema, deben ser temas prioritarios de agenda. Esas cuestiones no están desconectadas de otras incumbencias que deben ser abordadas de un plan de gestión integral y eficiente.
Desde Compromiso Judicial tenemos muy en claro que la Asociación cobija a integrantes de todo el país, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos con necesidades distintas, particularidades propias de cada fuero y competencia. Todas merecen ser atendidas, queremos una Asociación que tenga una gestión interna más eficiente y participativa, estableciendo protocolos de estandarización de gastos, aumentando los aportes a las Seccionales, con escucha activa de todos los requerimientos de nuestros asociados, y que, respetando una participación plural y representativa de todos los sectores, brinde soluciones concretas, por y para el socio. Para ello el aporte de cada socio debe destinarse a donde puedan materializarse beneficios concretos en capacitación, becas y cursos, para todos y de modo equitativo.
Eso impone además asegurar la intervención activa del estamento de los funcionarios, que representa más del 68% del padrón de afiliados de la Asociación en las mesas de decisiones, asegurando su participación en tiempo oportuno. Resulta inaceptable que muchas veces sea un convidado de piedra en decisiones que afectarán su futuro profesional, como sucedió con la ley de ganancias, el régimen previsional y la implementación progresiva del sistema acusatorio con particular atención a la situación laboral de los defensores públicos coadyuvantes y los fiscales auxiliares.
La modificación de la Ley 20.628 por la Ley 27.346 incorporó a magistrados, funcionarios y empleados judiciales designados a partir del 1° de enero de 2017 al régimen del impuesto a las ganancias. Esta situación generó una profunda desigualdad dentro del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, afectando la equidad, la jerarquía salarial y la independencia funcional.
Nuestra prioridad será proteger el rol constitucional del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos como garantes de derechos. La independencia no es un privilegio del magistrado: es una garantía de los justiciables. Independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia son principios guía para la conducta judicial que buscan promover la confianza en la judicatura y la correcta impartición de justicia, y deben ser afianzados. La Asociación brindará respaldo institucional firme frente a cualquier intento de presión o condicionamiento externo, sea político, mediático o económico. La estabilidad judicial no es corporativa: es constitucional.
Impulsaremos que se aceleren los procesos de designación, se cubran vacantes en tiempo razonable y se aseguren procedimientos transparentes, con criterios de mérito y equilibrio de género. La situación es crítica, desde Compromiso Judicial proponemos una Asociación que no se limite a diagnosticar, sino que gestione y acompañe los procesos institucionales necesarios para fortalecer la estabilidad y el trabajo de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos. Solo así podremos construir una Justicia completa, independiente y al servicio de la República. Nuestro compromiso es impulsar desde la Asociación una agenda activa que visibilice la gravedad de esta situación ante los demás poderes del Estado y la sociedad, promoviendo la urgente designación y cobertura de todas las vacantes.
Como dijera anteriormente, frente a los reiterados intentos de traspaso de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad, la Asociación debe ser una voz clara en este debate: defender las competencias de la Justicia Nacional no es una posición política, es una obligación constitucional.
La modificación de la Ley 20.628 por la Ley 27.346 incorporó a magistrados, funcionarios y empleados judiciales designados a partir del 1° de enero de 2017 al régimen del impuesto a las ganancias. Esta situación generó una profunda desigualdad dentro del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, afectando la equidad, la jerarquía salarial y la independencia funcional. Nuestra agrupación reafirma su compromiso con la defensa de un sistema impositivo justo y equitativo, que reconozca las particularidades del servicio de justicia. El salario judicial no constituye ganancia, sino una retribución por una función pública de alta responsabilidad que conlleva la prohibición de ejercer otra actividad lucrativa. El esquema actual resulta inequitativo y confiscatorio, violando los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad y no confiscatoriedad tributaria. La disparidad entre los designados antes y después de 2017 produce un trato desigual dentro del mismo Poder Judicial y los Ministerios Públicos.
Es necesario impulsar una estrategia integral basada en tres líneas de acción: revisión normativa y del Protocolo de Retención del Impuesto a las Ganancias; articulación interinstitucional con el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para la búsqueda de soluciones sustentables; comunicación y sensibilización pública. Consolidar una posición clara: no se trata de privilegios, sino de justicia y equidad en el tratamiento tributario.
La reforma de la Ley 27.546 dispuso el aumento del aporte jubilatorio de un 12% al 18% -sin tope- afectando directamente la previsibilidad del haber de retiro de magistrados y funcionarios. Hoy quienes sostienen el sistema con su trabajo cotidiano aportan un 50% más sin la certeza de percibir un haber equivalente al que reciben quienes aportaron menos durante su vida activa. La previsibilidad no es un privilegio, es una condición esencial para planificar la vida y proteger la independencia judicial. Sin reglas claras, cualquier proyecto personal y profesional está en riesgo. Trabajamos para defender un régimen previsional justo y sostenible, que garantice que cada aporte se traduzca en un derecho seguro mañana, con criterios claros y estables de movilidad jubilatoria. Desde Compromiso Judicial velamos por los derechos de quienes ya se jubilaron y de quienes aún están en actividad.
DJU: ¿Por qué considera que su lista debería ocupar la presidencia?
ML: Porque Compromiso Judicial representa una visión clara, moderna, democrática, reflexiva y previsora del rol del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y del modo en que deben defenderse institucionalmente los intereses de quienes componen la Asociación. Abierta al debate y el diálogo democrático donde se escuchen todas las voces y se consideren todas las perspectivas. Este enfoque promueve la deliberación, el pluralismo y la participación, lo que a su vez genera confianza en las instituciones y una mayor legitimidad de las decisiones tomadas en el seno de la institución.
Creemos en una magistratura independiente, ajena a las coyunturas políticas. No buscamos que la Asociación se limite a administrar: queremos que sea una voz firme en defensa del Estado de Derecho y de las competencias que la Constitución confiere a la Justicia. Impulsarla y posicionarla como un actor central en la defensa del diseño constitucional.
Nuestra lista combina experiencia, pluralidad y compromiso. Está integrada por magistrados y funcionarios de distintos fueros y estamentos, con representación nacional, federal y equilibrio de género. El equipo se compone de miradas diversas y experiencia concreta en la tarea judicial, académica y de gestión. Sabemos cuáles son las urgencias y dónde están las soluciones. La alternancia es sana y necesaria, una renovación de autoridades con nuevas perspectivas.
Asumir la defensa de la judicatura y los Ministerios Públicos, la independencia judicial y del marco constitucional frente a cuestiones tan determinantes como el traspaso, el pago de impuesto a las ganancias, la modificación del régimen jubilatorio y las presiones externas no es un acto de corporativismo: es un acto de responsabilidad institucional. Y es, también, la mejor forma de honrar la confianza que la sociedad deposita en la Justicia.