Las listas Celeste, Compromiso Judicial y Bordó competirán en las elecciones para presidente y vocales del Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Los comicios en el interior del país —en localidades que no son sede de Cámara Federal— se desarrollarán entre el 3 y el 5 de noviembre, mientras que en las ciudades con Cámara radicada las elecciones se realizarán el 13 de noviembre.
Diario Judicial entrevistó a los candidatos para conocer sus principales propuestas.
Walter Venditti, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín, encabeza la lista Celeste y buscará imponerse para quitarle el dominio al oficialismo, actualmente liderado por Andrés Basso, quien irá por la reelección. Al magistrado lo acompañan como candidatos a consejeros Gabriela Iturbide, Ariel Ovelar y Paula Castro, entre otros.
Actualmente existen más de 350 cargos sin cubrir en el Poder Judicial de la Nación, alrededor de 80 en la Defensa Pública y cerca de 170 en el Ministerio Público Fiscal. Esta situación repercute directamente en la calidad y en la celeridad del servicio, ya que —sumada a la insuficiencia de recursos humanos y materiales— genera un funcionamiento más lento, desigual y menos eficaz por parte del sistema.
Diario Judicial: ¿Cuál cree que es hoy el principal desafío que enfrenta el Poder Judicial en la Argentina?
Walter Venditti: Recuperar la credibilidad y la confianza ciudadana en el servicio de justicia, a partir de una prestación adecuada en la resolución de los conflictos que se llevan a juzgamiento. Se trata de una problemática compleja, con causas tanto internas como externas al propio sistema judicial.
En primer lugar, uno de los factores que conspiran contra ese norte es la falta de cobertura de vacantes en los distintos fueros y jurisdicciones. Actualmente existen más de 350 cargos sin cubrir en el Poder Judicial de la Nación, alrededor de 80 en la Defensa Pública y cerca de 170 en el Ministerio Público Fiscal. Esta situación repercute directamente en la calidad y en la celeridad del servicio, ya que —sumada a la insuficiencia de recursos humanos y materiales— genera un funcionamiento más lento, desigual y menos eficaz por parte del sistema.
A esto se adiciona un problema enorme en la comunicación de su tarea. La percepción social del estado del Poder Judicial suele verse distorsionada, a veces, por la forma en que los medios abordan la información sobre los casos, centrando la atención en cuestiones de alto impacto que consume la audiencia, mientras se deja de lado o en segundo plano el trabajo silencioso y comprometido que realizan diariamente jueces/zas, fiscales, defensores/as y funcionarios/as de todo el país, muchas veces en condiciones adversas desde los recursos humanos y materiales.
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios debemos asumir, con los principales actores del sistema, un rol activo en la reconstrucción de la confianza ciudadana, visibilizando la vocación, la dedicación y el esfuerzo de quienes integran el sistema judicial. Una agenda institucional que promueva la transparencia y la celeridad en la resolución de los conflictos, a partir de la dotación de las herramientas faltantes, contribuirá sin dudas a reflejar un Poder Judicial más cercano, moderno y confiable y, como corolario de esto, cada vez con mayores estándares de independencia.
No puedo soslayar que siempre está presente en mi prioridad, y en la de todos los que estamos en la lista, la defensa activa de la Justicia Nacional frente a los diferentes intentos de traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una cuestión institucional y constitucional que debe abordarse con firmeza, sin olvido ni aceptación.
DJu: ¿Cuáles serían las tres prioridades concretas de su gestión si resultara electo?
WV: Aún partiendo de la base de las distintas necesidades asociativas, que por cierto son plurales y federales, tenemos que trabajar —porque se acabó el tiempo— para lograr la cobertura urgente de los cargos vacantes en todo el país. Desde la Asociación debemos impulsar acciones decididas, concretas y sostenidas que pongan de resalto la gravedad de esta situación y el daño que provocan a la sociedad y hacia adentro de la administración de justicia. Por eso, promoveremos un diálogo institucional serio con los otros poderes del Estado para reflejar la necesidad impostergable de resolver el déficit estructural que hoy afecta la administración de justicia.
En segundo lugar, abordaremos el tratamiento del impuesto a las ganancias, que afecta directamente la intangibilidad de las remuneraciones de los/as magistrados/as. Es necesario corregir las desigualdades generadas por su aplicación selectiva. Nuestro espacio propone una gestión activa, técnica y constante, porque entendemos que esta problemática no puede resolverse desde la resignación, sino desde la acción. Por eso, entre nuestros/as candidatos/as se incluye a una magistrada que se vio directamente afectada y que, desde hace años —sin obtener beneficio alguno—, viene militando con coherencia la defensa activa de quienes se ven alcanzados por el tributo.
Por otro lado, abordaremos con seriedad la cuestión previsional, promoviendo un canal directo, ágil y permanente con los organismos competentes para resolver las situaciones no contempladas o confusas en materia de categorías, acelerar los trámites jubilatorios y garantizar el otorgamiento del préstamo de estilo. Asimismo, impulsaremos la creación de un registro actualizado de los/as asociados/as próximos a jubilarse, a fin de anticipar gestiones y brindar un acompañamiento personalizado durante el proceso.
No puedo soslayar que siempre está presente en mi prioridad, y en la de todos los que estamos en la lista, la defensa activa de la Justicia Nacional frente a los diferentes intentos de traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una cuestión institucional y constitucional que debe abordarse con firmeza, sin olvido ni aceptación. No podría dejar nunca afuera de consideración este punto entre los más relevantes a solucionar para los años venideros en la Asociación, más allá de la relevancia de los tres por los que se pregunta.
DJu: ¿Por qué considera que su lista debería ocupar la presidencia?
WV: Porque nuestra lista está integrada por magistrados/as y funcionarios/as con amplia trayectoria, vocación democrática y responsabilidad institucional. Muchos de nosotros formamos parte activa de la Asociación desde hace más de veinte años. Conocemos su funcionamiento interno, sus fortalezas y también las deudas pendientes con los/as asociados/as.
Contamos con la idoneidad que se necesita para plantear ante el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y los poderes políticos todas las acciones que sean necesarias para defender la independencia judicial, la dignidad de la función y los derechos de quienes forman parte del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos.
Además, somos un espacio que se caracteriza por su horizontalidad y pluralidad. Reivindicamos el rol de los/as funcionarios/as —que constituyen más del 68% del padrón de la Asociación—, promovemos su participación en los espacios de decisión y brindamos apoyo en su carrera judicial.
Finalmente, creemos profundamente que la alternancia en la conducción es una condición esencial de la vida democrática y vamos por la presidencia para oxigenar el espacio asociativo. Después de más de dos décadas de una misma línea de conducción, es tiempo de renovar energías, ideas y prácticas para encarar con decisión los temas que afectan desde hace tiempo a toda la comunidad judicial y que aún no han encontrado soluciones efectivas. Claro está que mi vocación es de diálogo permanente con los otros sectores de la vida institucional. Será una buena forma de demostrar que podemos cambiar con todos, en forma democrática y no a partir de representaciones sectarias.