Se conoció el ranking de eficacia político-criminal de los Ministerio Públicos Fiscales del país, un indicador que busca responder a una pregunta: ¿Qué respuestas brindan las fiscalías a la sociedad?
Se trata de una nueva actualización del informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que evaluó el 2023, y se mide mide “cuántos casos penales que ingresan a un Ministerio Público Fiscal reciben una respuesta de calidad, aunque sea mínima o potencial, es decir, condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios de cualquier tipo”, según detalla el informe.
“Para construir esta tasa, el INECIP solicita anualmente a los Ministerios Públicos Fiscales una serie de datos básicos sobre su estructura y funcionamiento”, agrega el documento. De acuerdo con los resultados, el Ministerio Público Fiscal de Chaco encabezó el ranking con una tasa del 16,66%, seguido por Jujuy con 14,26%, Neuquén con 13,08%, Río Negro con 12,09% y Mendoza con 11,96%.
El informe explica que “de todas las formas posibles de evaluar el desempeño de un Ministerio Público, decidimos comenzar por aquella más elemental, que mide una función muy básica de una fiscalía: gestionar los conflictos penales que recibe y darles algún tipo de respuesta positiva. En otras palabras, garantizar algún tipo de tutela para los intereses victimizados, para evitar que aquellos conflictos se resuelvan de formas aún más violentas”.
En ese sentido, el informe consignó que la proporción de casos penales sin respuesta de calidad “va desde un 99% a un 80%” entre los distintos organismos del país y el federal".
El estudio elaborado por la organización tiene como propósito “concientizar a las autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales sobre la importancia de producir datos básicos sobre el desempeño de las fiscalías, como insumo para la toma de decisiones institucionales que permitan mejorar su desempeño político-criminal”. Además, apunta a “promover la publicidad de la información sobre el desempeño de los Ministerios Públicos Fiscales, como herramienta para fortalecer el control ciudadano y el debate democrático sobre sus políticas públicas de persecución penal” y a “contribuir con el trabajo de las áreas de estadísticas y de política criminal de los Ministerios Públicos Fiscales, visibilizando la importancia de su función y proponiendo criterios básicos iniciales para el desarrollo de un sistema de indicadores sencillo y útil para la toma de decisiones”.
El relevamiento también advirtió que, en términos generales, en los 25 Ministerios Públicos Fiscales del país, “una gran proporción de los casos que ingresan a las fiscalías y que son identificados como casos penales son formal o informalmente descartados, desechados, dejados sin respuesta, generalmente a través de archivos u otro tipo de salidas que no implican una respuesta sustancial al conflicto”.
En ese sentido, el informe consignó que la proporción de casos penales sin respuesta de calidad “va desde un 99% a un 80%” entre los distintos organismos del país y el federal. “La variación de ese número puede responder a diferencias en el desempeño real del organismo, a diferencias en la calidad de su registro de la información, o a una combinación de ambas”, precisó.
El INECIP también elaboró un ranking de opacidad, que incluye a los Ministerios Públicos Fiscales que no brindaron información, entre ellos las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, mientras que otras jurisdicciones respondieron de forma parcial. En algunos casos, los organismos ni siquiera proporcionaron datos básicos como ingresos, condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios.
Respecto de este punto, el informe señaló que “este ‘apagón informativo’ impide el control ciudadano sobre la gestión de los recursos estatales y obstaculiza cualquier discusión democrática sobre las políticas de persecución penal. Pero, lo que es más grave aún, puede ser un síntoma de una falta de interés de esos organismos provinciales por la calidad de su gestión, lo cual inevitablemente afecta su capacidad de generar un impacto social positivo. Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”.