03 de Diciembre de 2025
Edición 7348 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 04/12/2025

Makintach deberá responder

La jueza que autorizó filmar el juicio por la muerte de Diego Maradona fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Julieta Makintach

La jueza Julieta Makintach, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro, fue formalmente imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. 

La acusación, impulsada por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, se centra en la presunta participación de la magistrada en la producción de un documental titulado Justicia Divina, cuya realización derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

 

Las pruebas recopiladas incluyen registros de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales que sustentan la responsabilidad de Makintach en el esquema.

 

El requerimiento fiscal aseguró que la investigación preliminar recopiló pruebas que evidencian “graves irregularidades” en la actuación de Makintach. 

Los fiscales sostienen que la jueza habría aceptado una propuesta comercial de María Lía Vidal Alemán, con la promesa de obtener beneficios económicos futuros. 

En el marco de este acuerdo, Makintach habilitó las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro para "facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo”.

El escrito aseguró que la magistrada habría coordinado con Vidal Alemán la incorporación de Juan Manuel D’Emilio como productor del proyecto, asegurando el uso de espacios públicos y recursos del Poder Judicial para la realización de la pieza audiovisual. 

Las pruebas recopiladas incluyen registros de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales que sustentan la responsabilidad de Makintach en el esquema.

En ese marco, los fiscales han solicitado el inicio de un juicio político contra la jueza y su desafuero para avanzar con la indagatoria. 


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