La jueza Julieta Makintach, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro, enfrentará un juicio político tras la admisión unánime de las acusaciones en su contra por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires.
La decisión deriva de las irregularidades detectadas durante el proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona, que culminó en la nulidad del debate oral por la participación de Makintach en la producción de un documental titulado Justicia Divina, filmado durante las audiencias del juicio.
A Makintach se le prohibió presentar su renuncia, una disposición que busca garantizar que el procedimiento llegue a su fin y se determine su eventual destitución.
La denuncia sostiene que la magistrada habría autorizado el ingreso de personas ajenas al Poder Judicial, incluyendo al productor José María Arnal Ponti, y permitió la grabación de material audiovisual sin el consentimiento de las partes involucradas.
El Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, resolvió que existen elementos suficientes para considerar la posible comisión de un delito, lo que justifica la apertura del juicio político.
La decisión se fundamenta en la posible configuración de un delito, así como en el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de magistrada. Como medida inmediata, Makintach fue suspendida y percibirá el 40% de su salario durante la tramitación del proceso.
A Makintach se le prohibió presentar su renuncia, una disposición que busca garantizar que el procedimiento llegue a su fin y se determine su eventual destitución.
Mientras el juicio político avanza, una investigación penal paralela, encabezada por los fiscales Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb, continúa analizando posibles ilícitos relacionados con la producción del documental.
Las hijas de Diego Maradona, Dalma y Giannina, iniciaron acciones legales contra los productores del documental.
El proceso por la muerte de Maradona, que buscaba determinar responsabilidades penales, quedó en suspenso y deberá reiniciarse con nuevos jueces, probablemente en 2026.