La provincia de Santa Fe sancionó su nueva Constitución, tras un proceso deliberativo que culminó en la undécima sesión plenaria de la Convención Reformadora.
El texto, aprobado tras más de dos meses de trabajo, introduce modificaciones sustanciales con impacto directo en el sistema judicial, la estructura política y los derechos fundamentales, marcando un hito en la modernización normativa de la provincia.
También aparece la incorporación de "ficha limpia" como requisito para cargos públicos y se introducen derechos vinculados al ámbito digital, como el acceso universal a la conectividad, la alfabetización digital crítica y la protección de datos personales. Se regularán algoritmos e inteligencia artificial para prevenir sesgos discriminatorios.
Uno de los pilares de la reforma es la reconfiguración del sistema judicial, otorgando rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa. Este reconocimiento fortalece la autonomía y la especialización de ambas instituciones, esenciales para garantizar un acceso equitativo a la justicia.
Además, se crea un Consejo Asesor encargado de supervisar el proceso de selección de jueces, promoviendo transparencia y meritocracia. Otro cambio relevante es la fijación de un límite de edad de 75 años para los miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial.
El artículo 64 establece que el gobernador y el vicegobernador podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un único período consecutivo. Una cláusula transitoria precisa que los mandatos actuales no se considerarán como primer período, salvo para el gobernador y su vice, lo que genera un marco claro para la continuidad de los cargos ejecutivos.
En el ámbito legislativo, se elimina el sistema de mayorías absolutas para el ingreso de diputados, adoptándose el sistema D’Hondt. Asimismo, se suprimen los fueros para senadores y diputados, permitiendo que los legisladores puedan ser investigados judicialmente.
También aparece la incorporación de "ficha limpia" como requisito para cargos públicos y la obligación de los candidatos de presentar declaraciones juradas de bienes.
Se suman mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular, se introducen derechos vinculados al ámbito digital, como el acceso universal a la conectividad, la alfabetización digital crítica y la protección de datos personales. Se regularán algoritmos e inteligencia artificial para prevenir sesgos discriminatorios.
La nueva Carta Magna consagra la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo y financiero. Los municipios con más de 10.000 habitantes podrán elaborar sus propias cartas orgánicas.
En el plano electoral, se amplía la participación al incluir a extranjeros en elecciones provinciales y municipales.
Finalmente, el nuevo texto incorpora un capítulo dedicado al derecho ambiental, estableciendo la obligación de implementar políticas climáticas de mitigación y adaptación. Se prioriza la preservación de humedales, bosques y la biodiversidad, además de proteger los derechos de las generaciones futuras.
La nueva Carta Magna provincial reemplazará a la de 1962, una de las constituciones más antiguas del país, que había quedado desfasada con respecto con la reforma nacional de 1994. La jura será el próximo viernes en la Legislatura local.