El 25 de agosto de 2015 comenzó a funcionar en Chaco el fuero contra el narcotráfico, creado tras la adhesión provincial a la Ley 26.052 que transfirió la competencia sobre el microtráfico a las justicias locales. La estructura se conformó con dos fiscalías, una defensoría oficial y un juzgado de garantías especializados.
Durante estos diez años, las fiscalías llevaron adelante investigaciones y elevaron causas a juicio, mientras que el juzgado de garantías ordenó allanamientos, habilitó intervenciones y supervisó la incineración de drogas secuestradas. La defensoría, por su parte, garantizó los derechos procesales de las personas involucradas.