La implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires iba a concretarse, según la Resolución RESOL-2025-143-APN-MJ, el próximo 11 de agosto. Sin embargo, a menos de veinte días de esa fecha, el Ministerio de Justicia de la Nación anunció una postergación de tres meses, trasladando el inicio al 10 de noviembre de 2025. La decisión generó sorpresa en los operadores judiciales y pone en pausa uno de los tramos más sensibles del nuevo mapa procesal penal.
El comunicado oficial, difundido por la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona, señala que la prórroga responde a “reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal”, que advirtió sobre la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en la jurisdicción. Cabe recordar que el propio procurador General, Eduardo Casal –a través de notas internas y pedidos formales– había puesto reparos logísticos a la inminente entrada en vigencia del nuevo esquema.
"Desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional"
A pesar de la prórroga, el tono del comunicado no escatima críticas. El Ministerio recuerda que el Código Procesal Penal Federal fue sancionado en 2014 y que su implementación lleva más de una década postergada. Se afirma que “las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente”, y se acusa directamente a la “desidia y desinversión de la casta política y judicial” por la demora en implementar un modelo que promete juicios más ágiles, orales y transparentes.
El documento también ensaya una defensa de la reforma: la considera una “transformación cultural irreversible”, asegura que “el sistema cuenta con recursos suficientes” y que la Justicia debe adaptarse “sin privilegios ni excusas corporativas”, en un dardo que va directamente contra el Poder Judicial, a quien tilda de responsable de las demoras.
"Desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional", expresa, textualmente, el comunicado.
Del entusiasmo a la pausa
Desde fines de marzo, el Ministerio había comenzado a calendarizar la entrada progresiva del nuevo Código en distintas jurisdicciones. Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Bahía Blanca y Corrientes fueron recibiendo el nuevo modelo acusatorio con mayor o menor éxito operativo. La resolución firmada por Cúneo Libarona preveía que el sistema entrara en vigor en CABA y en el fuero Penal Económico a partir del 11 de agosto, lo que convirtió a esta jurisdicción en la piedra angular del avance procesal.
Incluso, a principios de julio, la Corte Suprema y la Cámara de Casación Penal habían recibido al ministro y a sus funcionarios en Comodoro Py para delinear los últimos detalles logísticos. Desde el Ministerio se insistía en que la Justicia Federal porteña debía dar un mensaje institucional claro, frente a causas de alto impacto como la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.
No obstante, el Ministerio reconoce que la implementación en CABA requiere una “plena coordinación entre los tres poderes del Estado”, objetivo que –según el comunicado– todavía no se logró consolidar. Así, se otorgan tres meses “improrrogables” para resolver cuestiones internas y asegurar que el nuevo sistema arranque sin tropiezos.
El último día hábil antes del inicio de la feria judicial de invierno, los dos integrantes de la Cámara en lo Penal Económico, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, le habían remitido al Ministro de Justicia una nota solicitando se suspenda la implementación alegando que no estaban dadas las condiciones ni generales ni particulares. Se sumaba así a los reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal.
El calendario que sigue firme
Pese a la postergación en CABA, el Ministerio ratificó que las fechas para las demás jurisdicciones se mantienen sin cambios. El Código comenzará a regir en Corrientes y Resistencia el 1° de diciembre, cerrando así el cronograma 2025.
Mientras tanto, los desafíos siguen: sin presupuesto específico ni infraestructura adecuada en muchos juzgados, y con resistencias que no siempre se explican por razones técnicas, el sistema acusatorio transita su camino con avances y retrocesos. La advertencia final del comunicado no deja lugar a dudas: “la implementación del sistema acusatorio no admite retrocesos”.