El próximo 11 de agosto está previsto que el Código Procesal Penal Federal entre en funcionamiento en dos fueros de relevancia : las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. Mientras que en diciembre se sumarán los fueros federales de Corrientes y el Chaco.
Pero faltando poco para su desembarco en Comodoro Py, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), encabezada por Julio Piumato y Mara Fernández, solicitó que se suspenda la puesta su puesta en marcha.
"Insistimos, es previo a la puesta en marcha y prioritario contar con ambientes/dependencias adecuadas, tanto en infraestructura como en operatividad, si de verdad se procura implementar la reforma de manera ordenada y exitosa, sin ralentizar el servicio de justicia y/o afectar a los trabajadores. Si queremos transformar el sistema de administración de justicia, este debe ir diseñado y acompañado del personal suficiente para que se pueda afrontar la implementación del sistema acusatorio", señala la nota dirigida al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Mientras los funcionarios siguen con las capacitaciones y cursos, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, también volvió a enviar una nota por la falta de recursos.
El gremio también solicitó que se convoque a los "representantes de los trabajadores que son quienes -en definitiva- conocen el funcionamiento diario y pueden aportar -desde la experiencia- propuestas concretas para mejorar el servicio" para implementar el sistema acusatorio "con responsabilidad, sin improvisaciones o a medias".
A la par, el Consejo de la Magistratura de la Nación ya realizó la refacción de varias salas de audiencias en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. También se están realizando trabajos de pintura general, pulido de pisos, reemplazo de equipos de climatización, refuerzo de luminarias, restauración y lustrado del mobiliario existente, provisión del mobiliario faltante, colocación de detectores de humo, luces de emergencia hasta la mejora de los baños públicos.
Mientras los funcionarios siguen con las capacitaciones y cursos, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, también volvió a enviar una nota por la falta de recursos. Ya en marzo pasado, Casal le envió un oficio al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por el que solicitó la asignación de recursos necesarios para la implementación progresiva del sistema acusatorio en los distritos de todo el país. Anteriormente, el representante del Ministerio Público Fiscal ya había comunicado la "apremiante" necesidad de recursos.
En la nueva misiva, Casal destacó “carencias estructurales en infraestructura, personal, equipamiento, presupuesto y coordinación interinstitucional” y advirtió: “Las características específicas del stock de causas en trámite en los fueros federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, las consideraciones efectuadas por la totalidad de los magistrados que deberán afrontar esta transición y las necesidades materiales insatisfechas relativas a jurisdicciones donde ya rige el Código, entonces, se añaden a que el término fijado por su Ministerio para la entrada en vigencia del CPPF, de acuerdo con lo que se advierte, no es suficiente para llevar adelante -al menos- las mínimas readecuaciones imprescindibles para su puesta en marcha, ni tampoco para dar solución a las restantes problemáticas reseñadas”.