La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) dio a conocer su más reciente análisis titulado “Muertes en cárceles federales”, que arrojó que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, se registraron un total de 22 defunciones de individuos privados de su libertad en instalaciones administradas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El informe reveló que estos sucesos tuvieron lugar en 13 de las 29 unidades operativas del SPF, destacando una concentración en ciertos complejos que podrían requerir una atención especial.
De las 22 muertes reportadas, 16 se consideraron no traumáticas; 3 fueron catalogadas como traumáticas, refiriéndose a eventos violentos como agresiones, accidentes o autolesiones intencionales. Las 3 restantes no pudieron ser encuadradas en ninguna categoría específica debido a la ausencia de datos suficientes.
El relevamiento arrojó que cinco casos fueron en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I ubicado en Ezeiza; tres en Marcos Paz y en la Unidad 34 de Campo de Mayo; dos en el CPF VII (anteriormente conocido como Unidad 31) de Ezeiza.
Asimismo, un incidente aislado en cada uno de los siguientes: CPF de Devoto en la Ciudad de Buenos Aires, CPF III en la provincia de Salta, CPF IV destinado a mujeres en Ezeiza, CPF VI en Mendoza, CPF para Jóvenes Adultos en Marcos Paz, Unidad 11 que funciona como Colonia Penal en Chaco, Unidad 15 en Santa Cruz, Unidad 30 para Jóvenes Adultos en La Pampa, y Unidad 4 como Colonia Penal también en La Pampa.
En el 68% de los casos correspondían a individuos que ya cumplían una condena firme, mientras que los restantes estaban bajo prisión preventiva.
De las 22 muertes reportadas, 16 se consideraron no traumáticas; 3 fueron catalogadas como traumáticas, refiriéndose a eventos violentos como agresiones, accidentes o autolesiones intencionales. Las 3 restantes no pudieron ser encuadradas en ninguna categoría específica debido a la ausencia de datos suficientes.
En cuanto a la nacionalidad, solo una de las víctimas era extranjera: un joven chileno de 21 años que se encontraba en el Complejo para Jóvenes Adultos de Marcos Paz.
La edad media de todos los fallecidos fue de 54 años, pero esta cifra varía drásticamente según el tipo de muerte: en los casos traumáticos, desciende a 23 años, sugiriendo que la violencia afecta más a los reclusos jóvenes; mientras que en las no traumáticas, asciende a 63 años, indicando que las personas de mayor edad son más propensas a sucumbir ante problemas de salud no atendidos adecuadamente.
Una década de preocupaciones persistentes
Para contextualizar las cifras del primer semestre de 2025, el reporte incluye una revisión detallada de la serie estadística anual de defunciones en prisiones federales durante los últimos diez años:
• En 2015, se contabilizaron 40 casos.
• 2016 vio una ligera disminución a 36.
• Tanto 2017 como 2018 registraron 41 cada uno.
• 2019 marcó un ascenso a 50.
• El año 2020, enmarcado por la pandemia de COVID-19, alcanzó un pico de 58, probablemente debido a la mayor vulnerabilidad sanitaria en entornos cerrados.
• 2021 descendió a 43, seguido de 42 en 2022.
• 2023 presentó un “registro inusual” con solo 30, el más bajo de la década.
• Finalmente, 2024 volvió a subir a 40, representando un incremento del 33,3% respecto al año anterior y alineándose con la tendencia observada en 2021 y 2022.