El Ministerio Público Fiscal estableció una serie de pautas generales de actuación en la persecución penal de la delincuencia organizada. Lo hizo el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, mediante la Resolución 27/2025.
Casal advirtió que "la participación de grupos estructurados y jerarquizados, que operan de manera planificada y coordinada para llevar a cabo delitos graves, principalmente con miras a obtener ganancias económicas u otros beneficios de orden material, generando un impacto altamente perjudicial en el tejido social y en el funcionamiento de las instituciones democráticas”.
En este sentido, el representante del MPF señaló que “la corrupción pública constituye un fenómeno estructural y transversal que puede facilitar o dar cobertura a la delincuencia organizada”, y agregó que “el involucramiento de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y actores del sistema de administración de justicia en prácticas corruptas brinda condiciones favorables para que las organizaciones criminales desplieguen sus actividades o reduzcan sus riesgos de ser descubiertas y sancionados sus integrantes”.
El documento destaca, asimismo, la importancia de buscar la atribución de responsabilidad a las personas jurídicas involucradas en los delitos y utilizar todas las herramientas de cooperación internacional disponibles.
Entre los nuevos lineamientos se encuentra la necesidad de “una adecuada especialización y apoyo dinámico brindado por las dependencias creadas en el marco de la estructura central de este organismo” y reforzar las acciones específicas en contra de las ganancias ilícitas del delito, mediante las investigaciones del lavado de activos y el recupero de los instrumentos y el provecho económico de los delitos.
Las pautas también establecen la importancia de complementar las pesquisas penales con investigaciones económico-financieras y ascender en la cadena de responsabilidad penal, y buscar la criminalización de los sujetos que se encuentran en las estructuras superiores de las organizaciones, mediante institutos como el del imputado colaborador o arrepentido o el uso de técnicas especiales de investigación.
El documento destaca, asimismo, la importancia de buscar la atribución de responsabilidad a las personas jurídicas involucradas en los delitos y utilizar todas las herramientas de cooperación internacional disponibles. Por último, señala la coordinación interinstitucional activa y proactiva para “favorecer el desarrollo de las acciones planteadas”.