Los colegios de los profesionales de la abogacía salieron en defensa de los matriculados que ejercen la profesión en el fuero laboral cuestionando loa discursos que denominan “industria del juicio laboral” al inicio de causas en el fuero del Trabajo.
Días atrás, fue el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal quien emitió un duro comunicado donde aseguró que “expresiones que, bajo el concepto de una supuesta “industria del juicio”, deslegitiman el ejercicio profesional de la abogacía laboralista y cuestionan el rol del Derecho del Trabajo en nuestro orden jurídico”.
Según el comunicado, estas opiniones se basan en “datos parciales y apreciaciones generalizadas” que tienden a responsabilizar al sistema judicial y a los profesionales del derecho por “problemáticas estructurales del mercado de trabajo”.
En ese marco, el Colegio reafirmó que “la existencia de un fuero laboral especializado constituye una garantía para la tutela efectiva de derechos en una relación jurídica estructuralmente desigual”. Además, recordó que las normas que rigen estos procesos son dictadas por el Poder Legislativo y aplicadas por el Poder Judicial “conforme a los principios constitucionales”.
La institución, presidida por el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, también destacó el papel fundamental de la abogacía en el acceso a la justicia, la defensa de derechos y la preservación de la legalidad. “Estigmatizar su labor, mediante discursos simplificadores o afirmaciones infundadas, sólo contribuye a degradar el debate público y debilitar la institucionalidad”, advierte el texto.
Finalmente, el Colegio reiteró “su compromiso con una justicia laboral moderna, eficaz y respetuosa del Estado de Derecho”, y aseguró que continuará pronunciándose “cada vez que se pretenda desacreditar la función profesional que ejercen miles de abogadas y abogados con responsabilidad y dignidad”.
A este reclamo se sumó el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe, que también emitió un comunicado donde manifestó su rechazo a la frase “industria del juicio laboral”.
Los letrados santafecinos aseguraron que dicha frase es empleada en forma “generalizada, prejuiciosa, y peyorativa para atacar la tarea profesional de los abogados y abogadas que intervienen en defensa de los derechos de la persona trabajadora”.
Para los abogados, la frase “omite señalar que la raíz de la litigiosidad laboral muchas veces radica en incumplimientos de normas de seguridad, falta de aportes, precarización, deficiencias en los sistemas administrativos previos al juicio, incumplimientos de haberes e indemnizaciones en tiempo y forma”.
En ese marco, agregaron que la expresión busca “descalificar injustamente la labor profesional, sin distinción, de quienes ejercen legítimamente la defensa de los derechos laborales” y “contribuye a estigmatizar a quienes, con ética y responsabilidad, acompañan a trabajadores y trabajadoras en su reclamo judicial, protegiendo derechos constitucionales y convencionales”.
Para los abogados, la frase “omite señalar que la raíz de la litigiosidad laboral muchas veces radica en incumplimientos de normas de seguridad, falta de aportes, precarización, deficiencias en los sistemas administrativos previos al juicio, incumplimientos de haberes e indemnizaciones en tiempo y forma”.
Asimismo, “la reducción de los juicios laborales no se logra mediante expresiones que estigmatizan a quienes defienden derechos, sino promoviendo el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y seguridad en el trabajo, de la normativa laboral y previsional vigente, y de un sistema judicial con no premie al deudor incumplidor beneficiándolo con tasas de interés sustancialmente menores al proceso inflacionario”.
Por lo expuesto, “en defensa del ejercicio libre, digno y responsable de la profesión, se solicita el cese inmediato del uso peyorativo del concepto “industria del juicio laboral” al referirse a la profesión jurídica; que se realice un enfoque riguroso y diferenciado de los fenómenos de litigiosidad, basado en evidencias y no en discursos simplistas”, remarcaron los abogados santafesino.
También, que en el caso de situaciones concretas de supuestas malas prácticas, “se presenten las denuncias correspondientes ante el Tribunal de Ética profesional para que se investigue fehacientemente”.