Tras el escándalo por los gastos y el aumento de sueldo de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, el gobernador de Chubut Ignacio Torres se unió a los reclamos y pidió a los funcionarios que den marcha atrás con la medida.
"En un momento donde todos hacemos un esfuerzo, no puede haber privilegios. Le pedimos al STJ que dé marcha atrás con esos aumentos y que se sume al censo, que no busca otra cosa que transparentar y premiar a quienes sí cumplen con su función”, dijo Torres en declaraciones a la prensa y generó que los jueces dejen sin efecto sus aumentos de sueldo.
Luego de las denuncias por parte de distintos organismos y las críticas del gobernador, el STJ emitió una acordada donde decidió “retroceder en el aumento salarial otorgado”, en marzo de este año. Los incrementos que iban desde un 10 hasta un 30 por ciento.
El gobernador redobló la apuesta y aseguró que “indigna y preocupa que, en un contexto complejo, haya sectores que sigan actuando como si no pasara nada. No solo pedimos retrotraer los aumentos, sino también que el Poder Judicial se incorpore al Censo de Empleados Públicos, como ya lo hicimos en el Ejecutivo y como lo hizo también el Legislativo”.
Luego de las denuncias por parte de distintos organismos y las críticas del gobernador, el STJ emitió una acordada donde decidió “retroceder en el aumento salarial otorgado”, en marzo de este año. Los incrementos que iban desde un 10 hasta un 30 por ciento.
Sin embargo, los jueces no dejaron atrás el aumento de los viáticos (300 mil pesos diarios) y algunos nombramientos en puestos jerárquicos que beneficiaron a personas ligadas a miembros del STJ.
El conflicto se inició con la decisión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut de denunciar penalmente a los 6 integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia por el aumento desmedido de sus sueldos.
La decisión se tomó luego de una reunión virtual en la que participaron jueces y fiscales de toda la provincia que duró más de tres horas.
La decisión incluye también el pedido de juicio político al presidente del máximo tribunal, Javier Raidan; iniciar un juicio de ejecución para cobrar los aumentos acordados y, por último, interponer un recurso de amparo para que el Superior responda al pedido de informes que oportunamente realizó la Asociación.
La denuncia penal apuntaría a resaltar el incumplimiento de los deberes de funcionario público en los que habrían incurrido los Ministros al aumentarse sus ingresos, sin que dicho incremento salarial respetara, entre otras normas, la ley de ética pública y de porcentualidad que posibilita que todo aumento de salario alcance a todos los estamentos del poder judicial de manera proporcional a la categoría de cada empleado.
Con esta medida, además de Raidan, deberán dar explicaciones Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos, Mario Vivas y Andrés Giacomone.
En los últimos días trascendieron además millonarias compras y gastos por parte de los miembros del Superior. Todo comenzó con una publicación del exministro Fernando Royer. El exjuez publicó en su cuenta de Facebook que los ministros del STJ habían adquirido seis camionetas Toyota SW4, con un costo de más de 420 millones de pesos.
Además, sumó viáticos, pasajes, gastos sin discriminar, tarjeta corporativa y alquileres pagos.
Los magistrados que impulsan el juicio político denuncian también nombramientos sin concurso dentro del Poder Judicial de familiares o allegados a los jueces supremos, y casos de presunto maltrato y persecución laboral, entre otros.