Ya pasaron seis meses desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en la denominada causa “Levinas” y estableció que los recursos extraordinarios que se presenten contra decisiones de la Justicia Nacional de la Capital Federal deben ser presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta decisión generó la inmediata reacción por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, pero el Máximo Tribunal rechazó totalmente los planteos aunque esto no calmó los reclamos.
Con bombos, pancartas y banderas, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) se movilizó este lunes a la Cámara Nacional del Trabajo bajo el lema “no al traspaso”. “No es un capricho. No es solo para defender nuestros derechos, es porque defendemos la justicia y sabemos lo que es la justicia de la Ciudad”, dijo el secretario general del gremio, Julio Piumato.
“La ley que reguló la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires lo dice claramente: mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la capital de todos los argentinos, la competencia ordinaria de los tribunales estará en manos de la Justicia Nacional del Trabajo, Civil, Comercial y Penal”, añadió y concluyó: “Vamos a dar lucha”.
En abril último, el Gobierno Nacional creó una comisión a cargo del estudio y análisis de la transferencia de la justicia nacional ordinaria a jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, algunos camaristas nacionales ya se reunieron con autoridades de la cartera de Justicia.
A pesar de la decisión del Máximo Tribunal en la causa “Levinas”, el representante del Ministerio Público Fiscal volvió a insistir con su postura en dos recientes dictámenes: “C., Miguel Ángel s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (criminal y correccional) en R., Ramiro Martín y otros s / legajo de inconstitucionalidad s/ incidente de incompetencia” y “R. María Julia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (civil) en M. H. Oscar Alberto s/ sucesión ab-intestato s/ beneficio de litigar sin gastos".
En paralelo, los representantes del gremio mantuvieron una reunión con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien les expresó su postura de rechazo al traspaso. Este posicionamiento no es nuevo, ya que, al intervenir en la causa “Levinas”, Casal había dictaminado que le Tribunal Superior de Justicia porteño no tiene competencia para revisar una sentencia de la Cámara Nacional en lo Civil.
En aquel momento, Casal sostuvo que “no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil”, y opinó: “No incumbe al Poder Judicial realizar por vía pretoriana traspasos de competencias nacionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que equivale a arrogarse mayores facultades que las que le han sido conferidas expresamente, e invadir de ese modo la órbita de competencias exclusivas del Congreso de la Nación, al que los constituyentes encomendaron expresamente esa misión”.
A pesar de la decisión del Máximo Tribunal en la causa “Levinas”, el representante del Ministerio Público Fiscal volvió a insistir con su postura en dos recientes dictámenes: “C., Miguel Ángel s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (criminal y correccional) en R., Ramiro Martín y otros s / legajo de inconstitucionalidad s/ incidente de incompetencia” y “R. María Julia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (civil) en M. H. Oscar Alberto s/ sucesión ab-intestato s/ beneficio de litigar sin gastos".
Casal concluyó -en ambos expedientes- que el TSJ porteño no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, respectivamente.