La Corte Suprema de Justicia rechazó por inadmisible un recurso la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que cuestionaba a través de una acción de amparo un decreto de la provincia de Entre Ríos que en 2018 dispuso una reglamentación de las asambleas del personal en los lugares de trabajo en el ámbito de la administración pública.
En 2018, el ex gobernador Gustavo Bordet dictó dos decretos que imponían una serie de pautas para notificar asambleas previamente a concretarse. Para la organización “obstaculiza la libertad sindical” y que le asiste a los trabajadores reunirse de modo libre y sin interferencias del Estado.
En concreto, el Decreto 97 MGJ modificara el artículo 5 del Decreto 1318/96 el cual dispone que toda asamblea sectorial de carácter informativo o referido a asuntos laborales, debía notificarse por escrito, consignándose fecha y hora de realización, al organismo al cual pertenezcan los agentes que intervienen.
Contra esa decisión, ATE presentó un recurso extraordinario federal que llegó en queja al Máximo Tribunal, pero fue desestimada por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El juez de primera instancia rechazó la acción de amparo en los autos "Asociación de Trabajadores del Estado ATE c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ rec. de inaplic. de ley". Esta decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Paraná y, luego, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia desestimó la presentación sindical.
Contra esa decisión, ATE presentó un recurso extraordinario federal que llegó en queja al Máximo Tribunal, pero fue desestimada por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.