La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos avanzó con el debate del proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la ley de Juicio por Jurados y propone limitar las figuras delictivas que se encuentran comprendidas por este procedimiento.
En concreto, la iniciativa plantea eliminar los casos en que se juzga la tentativa de un delito. Actualmente, el artículo 2 de la Ley 10.746 se establece que “deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, incluso en su forma tentada y junto con los delitos conexos que con ellos concurren, los delitos cuya pena máxima en abstracto sean de veinte (20) o más años de prisión o reclusión”. La nueva redacción omite la “forma tentada”.
Al respecto, la propuesta -que fue tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento- indica que la "amplitud de la norma ha generado una demora significativa en la realización de los juicios", lo que genera que "gran cantidad de causas" que deben esperar la celebración del juicio por jurados, ya que hay varias remisiones a juicio hechas por los Fiscales que ni siquiera tienen la audiencia de admisión de evidencias por no tener capacidad para celebrarlo.
El artículo segundo del texto, respecto de la “entrada en vigencia”, sostiene que “las disposiciones de la presente entrarán en vigencia en forma inmediata, aplicándose aún a las causas en trámite en las que no se hubiera celebrado la audiencia prevista en el artículo 25° de la Ley 10746, remitiéndose el proceso al Juez de Garantías que remitió a juicio, a fin de celebrar la audiencia de admisión de pruebas de acuerdo a las previsiones del artículo 25°, inciso c, y 26° de la Ley 10.746”.
La Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Asociación Pensamiento Penal, VIDA-ER y el Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos también manifestaron su oposición al proyecto.
El proyecto generó críticas y polémica. Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) afirmaron que “produciría una reducción de la participación ciudadana, para volver concentrar el poder de juzgar en las manos exclusivas del Poder Judicial”.
“Esta reforma busca reducir la competencia del juicio por jurados, restringiendo los tipos de casos en los cuales la ciudadanía puede ejercer su derecho a participar en la administración de la justicia a través del juicio por jurados”, señalaron y añadieron: "La reforma propuesta resulta de alto interés nacional, ya que afecta la operatividad de la única institución judicial regulada en tres ocasiones en la Constitución Nacional”.
La Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Asociación Pensamiento Penal, VIDA-ER y el Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos también manifestaron su oposición al proyecto.