La Asociación Abogados del Fuero, con intervención de la Comisión de Niñez y Adolescencia, formalizó la presentación de un proyecto de ley para la creación de un Registro Nacional de Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes.
La iniciativa, según se desprende de sus fundamentos, surge ante "la ausencia de estándares mínimos de protección y debido cumplimiento, tanto del ejercicio efectivo de derechos de los sujetos infanto juveniles, como de los profesionales de la abogacía en su derecho laboral, lo que provoca una doble vulnerabilidad, siendo el principal objetivo la posibilidad de que éstos últimos puedan actuar como asesores y agentes de promoción, prevención y asistencia efectiva de defensa ante la manifiesta vulnerabilidad en ámbitos administrativos y judiciales, tanto del sector público como privado o bien a requerimiento de parte".
Se propone que dicho registro mantenga “un listado actualizado de profesionales aptos para ejercer, facilite a cualquier persona, la búsqueda de profesionales idóneos en la materia y promueva la operatividad y efectividad de los profesionales en necesidad permanente visibilidad y formación”, entre otras cuestiones.
Para la inscripción, los profesionales deberán cumplir con ciertos requisitos, tales como "poseer título profesional en Derecho; contar con una especialización en derecho de niñez y adolescencia; no haber sido sancionado por faltas éticas o profesionales en el ejercicio de su profesión; y participar en capacitaciones periódicas con certificación, sobre derechos de niños, niñas y adolescentes".
Se propone que dicho registro mantenga “un listado actualizado de profesionales aptos para ejercer, facilite a cualquier persona, la búsqueda de profesionales idóneos en la materia y promueva la operatividad y efectividad de los profesionales en necesidad permanente visibilidad y formación”, entre otras cuestiones.
Explicaron, en este sentido, que el registro "permite que puedan los organismos y las instituciones (espacios de educación, salud y recreación) acudir a un profesional de dicho padrón para ser convocado/da a integrar espacios interdisciplinarios en carácter
de asesores siendo agentes de promoción y prevención de derechos, como también habilitar la llegada de niños, niñas y adolescentes quienes suelen tener dificultad para acceder a la defensa técnica".
También busca “subsanar la falta de obligatoriedad de instauración del rol ya que el decreto reglamentario de la Ley 26061, solo invita a las provincias a llevar a cabo los mecanismos y, esto ha provocado que en algunas localidades aún no se conozca al profesional, incluso en aquellas zonas donde se implementó algún registro local existe una defectuosa regulación en materia de honorarios, o mismo valor más allá del caso (PBA) o gratuidad (esto último en la reciente apertura del Registro de Abogados del Niño del CPACF”.