La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) emitió un comunicado donde expresó su preocupación ante decisión del Poder Ejecutivo Nacional de cerrar programas nacionales destinados a garantizar derechos de las mujeres y de la diversidad de género.
Los firmantes se refieren a la reciente decisión del gobierno, materializada a través del Ministerio de Justicia, cuyo titular, Mariano Cúneo Libarona anunció: “Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, financiados por todos los argentinos”.
“De las resoluciones ministeriales apuntadas no se advierte la sustitución, la adecuación y/o reemplazos de políticas públicas destinadas a atender a la población beneficiaria de los dispositivos y programas nacionales cerrados”, advirtieron los magistrados.
Algunos de los programas eliminados se encontraban: promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad, perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural “Sembrar Igualdad”, acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero, entre otros.
Para la AJUNAF, “el mérito, conveniencia o acuerdo de las decisiones del Poder Ejecutivo tienen un principio de legitimidad reconocido en el derecho administrativo, pero cuando tales decisiones trascienden, internándose en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, pueden habilitar la intervención del Poder Judicial”.
“De las resoluciones ministeriales apuntadas no se advierte la sustitución, la adecuación y/o reemplazos de políticas públicas destinadas a atender a la población beneficiaria de los dispositivos y programas nacionales cerrados”, advirtieron los magistrados.
En ese marco, agregaron que “no podemos desconocer que el actual posicionamiento del Ministerio de Justicia de la Nación se suma a la vigencia del DNU N°62/PEN/2025 por el cual el Poder Ejecutivo Nacional modificó el art. 11 de la ley 26.743, prohibiendo el acceso de personas menores de edad a los tratamientos integrales hormonales, sin que en los fundamentos del Decreto se aluda a datos o evidencias científicas correspondientes a la República Argentina”.
“Más allá del debate científico que debe darse en la República Argentina, la prohibición de tratamientos terapéuticos no es una alternativa inocua, ya que en algunos casos podría causar perjuicios en adolescentes, constituyendo una barrera discriminatoria en el acceso y en la continuidad de la atención a la salud que debe garantizar el Estado”, remarcaron los funcionarios.
Por todo lo expuesto, “AJUNAF manifiesta su preocupación y exhorta al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla con su deber de diseñar políticas públicas tendientes a asegurar la efectiva vigencia de los derechos convencionales, constitucionales y legales que garanticen los derechos de las mujeres y de la diversidad de género”.