Luego de que, por segunda vez, tuviera que pedir la reprogramación de una audiencia para formular cargos por distintos delitos cometidos en el marco de una asociación ilícita debido a la ausencia de un abogado y sus defendidos, el fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya solicitaron al juez que los sancione al abogado, que le imponga el pago de multas y la notificación al Colegio de Abogados para que se le retire la licencia; y a las personas acusadas, que se las declare en rebeldía. De Lillo informó que la fiscalía está en condiciones de formular cargos desde septiembre de 2024, pero que en un principio la defensa solicitó distintos plazos para intentar otras vías de resolución, por lo que la imputación se postergó. Luego, el Ministerio Público Fiscal intentó formular cargos, primero en febrero, cuando el abogado y sus defendidos faltaron, y el viernes, donde volvieron a ausentarse. En este escenario, el magistrado explicó que el procedimiento de sanciones establece que, antes de la imposición de multas, se inscriba el incumplimiento en el registro provincial de sanciones de la Oficina de Asistencia de Impugnación del Poder Judicial, y así lo dispuso.