Se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios.
La iniciativa, impulsada por la legisladora Marcela Pagano (La Libertad Avanza), busca "eliminar la obligación del pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria".
"Los Colegios, Consejos, Asociaciones de Profesionales y organismos nacionales no podrán imponer, bajo ninguna circunstancia, tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional. Cualquier tipo de aporte o contribución de carácter económico será voluntario", indica el texto que ingresó formalmente a la Cámara baja y fue girado a las comisiones de Educación, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
La diputada señaló que esta suma "representa una barrera económica para muchos profesionales" y propuso crear en su lugar un Registro Nacional de profesionales universitarios y no universitarios.
Entre sus argumentos, la iniciativa pone de ejemplo la matrícula que abonan los abogados en la Ciudad de Buenos Aires que, según explicó Pagano, tiene un costo de 2,6 UMA (que en enero de 2025 se estipuló en $67.632), lo que equivale a $175.800.
La diputada señaló que esta suma “representa una barrera económica para muchos profesionales”, y así propuso crear un Registro Nacional de profesionales universitarios y no universitarios. Además, el proyecto invita a las provincias a dictar disposiciones análogas, "ya que los aportes obligatorios por diferentes conceptos a los diferentes Colegios, Consejos, Asociaciones de Profesionales y organismos, se rigen por normas locales que regulan el ejercicio de las profesiones de manera independiente por cada rubro".
El texto pasó desapercibido, pero en las últimas horas algunos sectores alertaron sobre sus implicancias. Los Colegios de Traductores Públicos y Colegios de Traductores fueron los primeros en expresar su rechazo al entender que “dejar sin competencias y sin financiación a los colegios profesionales, que no solo ejercen el control de la matrícula, sino que también velan por la seguridad jurídica y el bienestar social al ser guardianes del buen ejercicio profesional”.
“Del mismo modo, la prohibición de tasas, cuotas colegiales o contribuciones tiene como objetivo principal la desfinanciación y posterior extinción de los colegios, los consejos y las asociaciones profesionales, cuya principal función no es solo el control de los títulos habilitantes y la matrícula, sino también proveer de servicios esenciales tanto a sus matriculados, en la forma de capacitación profesional continua, información actualizada, asesorías jurídicas y contables, bibliotecas especializadas, entre otros, como a la sociedad en general, con actividades de integración con la comunidad”, expresaron en un comunicado.
La FACA destacó el “rol medular que cumplen los colegios de abogados dentro de la sociedad”, y que el texto “implicaría diluir instituciones que garantizan la convivencia democrática mediante el control de la calidad del servicio profesional, la prevención del ejercicio ilegal de la misma, el control de la ética, la formación continua de los abogados y abogadas y el libre e independiente ejercicio profesionales”.
Y añadieron: "La matriculación en una simple dependencia administrativa sin control profesional deviene ofensiva para la dignidad profesional y, además, deja desprotegida a la sociedad del incorrecto ejercicio profesional, debido a que los colegios realizan un estricto control ético de la profesión para que los matriculados la ejerzan con idoneidad y responsabilidad social. Lejos están los colegios profesionales de ser un obstáculo para el ejercicio de una profesión; de hecho, constituyen una herramienta para facilitarlo".
Luego se sumó la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI). La primera destacó el “rol medular que cumplen los colegios de abogados dentro de la sociedad”, y que el texto “implicaría diluir instituciones que garantizan la convivencia democrática mediante el control de la calidad del servicio profesional, la prevención del ejercicio ilegal de la misma, el control de la ética, la formación continua de los abogados y abogadas y el libre e independiente ejercicio profesionales”.
La segunda entidad, por su parte, resaltó que los Colegios de abogados “son esenciales” en múltiples aspectos tales "como los patrocinios jurídicos gratuitos para garantizar el acceso a la justicia a los más vulnerables, y también como formadores y capacitadores (…), sin olvidar que somos el límite ético al ejercicio ilegal de la profesión y el control disciplinario, así como también actores claves en la destitución de Jueces o fiscales que obran fuera de los limites del correcto desempeño de sus funciones”.
“Tampoco es menor nuestro rol en la defensa de los honorarios profesionales, y en la dignidad profesional, en el convencimiento de que sin honorarios dignos no hay abogados y sin abogados no hay justicia”, agregó el Colegio de Abogados de San Isidro.
El tema también será tratado este jueves por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) durante la reunión de su Consejo Directivo, según informaron a Diario Judicial.