El crecimiento exponencial del gaming online en América Latina ha generado un intenso debate sobre sus implicancias jurídicas. La expansión de plataformas ha puesto en evidencia la necesidad de actualizar y armonizar las normativas regulatorias en los distintos países de la región. Mientras algunos han optado por marcos normativos restrictivos, otros han avanzado en regulaciones que permiten la explotación legal de plataformas digitales de juego de azar, imponiendo requisitos de transparencia y protección al consumidor.
Uno de los principales desafíos que enfrentan los legisladores es la prevención del lavado de activos en el sector. Organismos internacionales han advertido sobre los riesgos asociados a las plataformas de gaming online, lo que ha llevado a algunos países a implementar mecanismos de verificación de identidad y trazabilidad de transacciones.
Así la La UIF , con la publicación de la Resolución 194/2023, actualiza las obligaciones a cumplir por las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o habitual, "participen de juegos de azar, así sea de forma presencial o en línea para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, imponiendo un sistema de prevención, sustentado en un enfoque basado en riesgo
Sin embargo, la falta de una regulación homogénea a nivel regional dificulta la supervisión y el cumplimiento de estándares globales.
En países como Argentina, Colombia y México, el juego en línea ha sido objeto de regulación específica, estableciendo licencias y obligaciones para los operadores. Por otra parte los casinos online son legales en Chile en el sentido de que no existe una ley que prohíba específicamente jugar en ellos aunque busca avanzar en la discusión de un marco normativo para equilibrar la protección del consumidor con la apertura del mercado a operadores responsables. Mr Bet Casino ha sido un ejemplo de cómo las plataformas pueden adaptarse promoviendo el juego seguro y la transparencia en sus operaciones.
En Argentina, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha puesto el foco en la problemática de la ludopatía infantil que tiene repercusiones en la salud mental, física y emocional de los menores, quienes además carecen a veces de los recursos económicos para enfrentar las consecuencias del juego. Durante 2024 la Ciudad cerró el registro de licencias de apuestas y planea revisar las 11 que están vigentes evaluando que el proceso de registro permita verificar la edad de los apostadores, impidiendo así el ingreso de los chicos.
El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma está trabajando con la Legislatura en 17 proyectos presentados por distintos bloques con el objetivo de generar una ley única que contemple todas las medidas necesarias.
A Través de la Resolución FG Nº 73/2024 la Fiscalía General, decidió crear una fiscalía se especializará en el tema de juego ilegal y hay un acuerdo con el área de ciberdelitos de la Policía de la Ciudad para controlar las redes.
El debate sobre la fiscalización del gaming online también es relevante. La tributación de estas plataformas y la distribución de los ingresos generados siguen siendo temas de discusión en la agenda legislativa. En este sentido, se ha planteado la posibilidad de adoptar modelos impositivos similares a los de las apuestas deportivas, garantizando una recaudación eficiente sin desalentar la inversión en el sector.
En definitiva, la evolución del gaming online en América Latina plantea retos significativos desde el punto de vista jurídico y regulatorio. La necesidad de establecer marcos normativos claros, que protejan a los usuarios sin obstaculizar el desarrollo tecnológico, será clave en los próximos años. La experiencia de jurisdicciones más avanzadas en la materia servirá como referencia para los países que aún enfrentan este desafío legislativo, y operadores como Mr. Bet Casino han demostrado su capacidad para adaptarse y liderar con estándares de responsabilidad y seguridad.