12 de Julio de 2024
Edicion 7003 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 15/07/2024
A 10 años de su sanción

Llegó el momento del sistema acusatorio

El Poder Ejecutivo decidió modificar el esquema de implementación del Código Procesal Penal Federal. Lo hizo mediante un DNU donde deja la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Justicia, que reemplazará a la Comisión Bicameral creada por el Congreso.

El Gobierno Nacional avanzó con un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar el esquema de implementación del Código Procesal Penal Federal y delegó la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Justicia, que reemplazará en esa función a la Comisión Bicameral creada para tal fin en el Congreso.

“El Código Procesal Penal Federal entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca el Ministerio de Justicia”, que tendrá la responsabilidad de ponerlo “en funcionamiento en el país”, indicó el Decreto 188/2024 firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete.

El régimen, sancionado en 2014, introduce un "modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal", según detallaron desde la cartera a cargo del ministro Mariano Cúneo Libarona.

Hasta hoy la puesta en vigencia estaba a cargo de una Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Honorable Congreso de la Nación. Pero el proceso de implementación registró solo tres avances, siendo el principal la implementación integral en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, desde el 10 de junio de 2019. El segundo fue la decisión de continuar la implementación en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Mendoza y a la Cámara Federal de Rosario, sin que se haya determinado aún la fecha de efectiva puesta en marcha. También se avanzó con la habilitación de algunos artículos del Código, que entraron en vigencia en el resto de las jurisdicciones del país.

 

El Ministerio de Justicia también tendrá a su cargo, según el decreto, el diseño de "propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal" y la constitución de un consejo asesor interinstitucional y consultivo al que se informará periódicamente acerca de los avances del proceso de implementación, el que estará integrado por representantes del Consejo de la Magistratura, de los Colegios de abogados, funcionarios judiciales, y de las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas con el Poder Judicial de la Nación.

 

"Que las modificaciones señaladas no implican reformas de carácter penal, sino que proyectan sus efectos inmediatos y necesarios sobre la organización y el funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal federal", aclara el DNU, que además señala que el "nuevo ordenamiento procesal penal resulta impostergable dada la necesidad de contar con una estrategia proactiva de persecución penal, de castigar a los responsables de crímenes graves -como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros- y de tutelar a las víctimas del delito".

Entre sus funciones, el Ministerio de Justicia ahora tendrá en sus manos la implementación “en forma progresiva” el Código Procesal “en los distritos de la Justicia Federal y Nacional Penal”, como también “coordinar las actividades interinstitucionales necesarias para la puesta en marcha de las nuevas estructuras organizacionales”. Para ello, promoverá “la celebración de convenios de asistencia técnica y cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales”; garantizará “el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación”.

El Ministerio de Justicia también tendrá a su cargo, según el decreto, el diseño de "propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal" y la constitución de un consejo asesor interinstitucional y consultivo al que se informará periódicamente acerca de los avances del proceso de implementación, el que estará integrado por representantes del Consejo de la Magistratura, de los Colegios de abogados, funcionarios judiciales, y de las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas con el Poder Judicial de la Nación.

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