19 de Abril de 2024
Edición 6949 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/04/2024

De Figueroa ni hablar

Tras la oficialización del decreto, el plenario del Consejo de la Magistratura se reunión, pero no se mencionó la situación de la jueza de la Cámara Federal de Casación. Sancionaron a dos magistrados.

El Poder Ejecutivo publicó finalmente el decreto con el nombramiento de Ana María Figueroa por cinco años más en la Cámara Federal de Casación, luego de que el Senado aprobara la semana pasada su continuidad en el cargo tras haber cumplido 75 años, esto es, el límite constitucional.

El texto del decreto tiene un sólo artículo por el cual se nombra por "el término de cinco años, a partir del 9 de agosto de 2023, como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa, quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el decreto 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el decreto 143 del 4 de febrero de 2013".

En este escenario, el plenario del Consejo de la Magistratura se volvió a reunir, aunque no trató el tema y ahora la expectativa se centra en la reunión convocada por Casación tras publicación de decreto que dio aval a la jueza Figueroa.

 

Ambos magistrados también deberán cumplir con la capacitación en género de la llamada "Ley Micaela", obligatoria para todas las jerarquías del Poder Judicial.

 

A su vez, el pleno aprobó descontar la mitad del salario, por única vez, a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, Javier Anzoátegui y Luis Rizzi, por su fallo contra la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña violada.

La denuncia contra Anzoátegui y Rizzi se originó tras un fallo en el que, cuando analizaban el caso de un hombre de 30 años que abusó de su hermanastra durante casi 10 años, atacaron a los médicos que realizaron la ILE calificándolos de "sicarios" y "asesinos a sueldo".

Además, los jueces definieron a la ILE como un "método de tortura de la mafia", "rituales de las tribus antropófagas" y llamaron "manual de salvajadas inhumanas" al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, del Ministerio de Salud de la Nación. Anzoátegui y Rizzi también decidieron formular una denuncia penal contra médicos y defensores para que se investigue su conducta.

Ambos magistrados también deberán cumplir con la capacitación en género de la llamada "Ley Micaela", obligatoria para todas las jerarquías del Poder Judicial.

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