“¿Conoce el principio de progresividad de la pena que rige en nuestro sistema legal?”. La pregunta descolocó a la senadora María Inés Pilatti Vergara, la primera testigo en el jury contra el juez de Ejecución Penal Axel López. La legisladora, quien momentos antes había señalado que era abogada pero sin ejercicio, al menos en el ámbito del Derecho Penal, miró perpleja al tribunal buscando una intervención que clarifique el momento, y luego a los integrantes de la acusación. Fue en este punto en el que los objetivos de la defensa del magistrado se hicieron claros y se planteó, desde el caso en particular, una discusión general: garantismo, ¿sí o no?
La llegada de Axel López a esta instancia fue a través del caso que involucró a Juan Ernesto Cabeza, un remisero chaqueño, y Tatiana Kolodziey: en octubre de 2012, pocos meses después de acceder al beneficio de la libertad condicional gracias a una medida del titular del Juzgado de Ejecución Penal 3, Cabeza violó y asesinó a Tatiana.
Cabeza era considerado lo que Viviam Perrone, integrante y ex titular de la ONG Madres del Dolor, señaló como un “violador serial”: en junio de 1995, mientras trabajaba como taxista, llevó a cabo su primera violación en el vehículo que conducía. Más tarde, repitiendo el modus operandi, reincidió dos veces, en marzo de 1996. Estos hechos le valieron una condena a 28 años de prisión dictada en noviembre de 1998.
En 2012, cuando López le concedió a Cabeza la libertad condicional, con informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) mediante, ya contaba con salidas transitorias. Es probable que la defensa del magistrado haya querido hacer alusión a esta situación cuando se refirió a la “progresividad de la pena”. Y es por eso que durante los alegatos y las declaraciones de las testigos hicieron hincapié en la cuestión técnica del asunto, que no es más ni menos que la clarificación de cuál fue el precepto legal y normativo que se violó en el caso para que se configure la causal de mal desempeño de parte del juez.
La jornada arrancó con los alegatos de ambas partes. Desde la acusación, llevada a cabo por el consejero académico Jorge Candis y el consejero diputado Gustavo Valdés, se afirmó que el juez se apartó de lo dispuesto por el artículo 13 del Código Penal, al afirmar que allí se precisa que la libertad condicional “se podrá” brindar en los casos estipulados en la normativa. Es decir, el juez tiene la posibilidad de conceder este beneficio, pero debe “revisar con especial atención casos como este”, señaló Candis.
El consejero puso especial énfasis en uno de los objetos que motivaron la concesión de la libertad condicional, que fueron los informes de buena conducta del SPF: “Los dictámenes del Servicio Penitenciario son lamentables y carecen de rigor científico. El problema con estos requisitos es que un juez puede decir ‘se cumplen los requisitos básicos, ya está, yo lo dejo libre’”. Esta es, acaso, la crítica que más repitieron desde la acusación, ya que consideran que hubo una “falta de rigor” de parte de López a la hora de revisar las constancias de la causa.
Pero, sobre todo, porque se hizo alusión a un dictamen solicitado por una fiscal chaqueña que fue realizado por el psiquiatra Ramiro Islas, en donde se estableció que el asesino de Tatiana tenía “rasgos psicopáticos con escasa sensación de empatía”, y donde también se instaba a que no se brinde la libertad condicional a Cabeza, ya que su tratamiento no había terminado y no estaba en condiciones de “reincorporarse” a la sociedad.
Además, Candis puso de manifiesto que “había dudas, de los informes favorables no había ninguno concluyente, todos indicaban que había mejorado pero nada más. Algunos médicos del Servicio Penitenciario aconsejaron que no se brinde la libertad”. En este sentido, el consejero remarcó una vez más que no hubo “rigor a la hora de revisar las constancias de la causa”.
Para resumir, a López, en orden a la acusación de mal desempeño, se le imputó que concedió a cabeza la libertad condicional “en contra de lo estipulado en el artículo 13 del Código Penal”; que fundó su decisión solo basándose en los informes del SPF; que soslayó el informe de la fiscal chaqueña que incluía la pericia realizada por el psiquiatra Ramiro Islas; y el hecho de no haber tomado las medidas “conducentes” para rehabilitar al asesino de Tatiana.
Cuando llegó el turno de la defensa, ocurrió algo que desconcertó a todos, desde el tribunal hasta la audiencia: solicitaron que se defina cuál era la acusación, ya que no comprendían en dónde se configuró el apartamiento de la normativa procesal y constitucional vigente. Por este motivo, dijeron que no iban a llevar adelante un alegato si no se aclaraba esta situación.
El tribunal brindó un cuarto intermedio de quince minutos, y tras la breve pausa, la aclaración no requirió demasiado tiempo, ya que Candis expresó que se había llegado a esta instancia porque, de forma previa, los consejeros, en pleno, entendieron que había motivos para acusar y llevar a un jury al juez Axel López. Además, de forma lógica, se entiende que una defensa no puede ir a una audiencia sin un alegato preparado.
Aquí se empezó a delinear la estrategia de la defensa del magistrado, ya que, “es obligación de los jueces atenerse a las leyes y normas vigentes”, precisó el abogado Federico Paruolo, citando las palabras de la presidente Cristina Fernández en la apertura de las sesiones legislativas de este año.
Paruolo, que trabaja en el caso junto al ex juez de la Corte Suprema de la nación, Eugenio Zaffaroni, también precisó que “no se le está imputado (a López) su comportamiento sino un hecho que ocurrió después” de que Cabeza fuera liberado. Y añadió, en este sentido, que “en nuestro sistema legal, en caso de duda”, se aplica el concepto de in dubio pro reo.
El turno de las testigos
Después de un cuarto intermedio de tres horas, a las 14 se reanudó el debate que contó con dos testimonios, el de la senadora María Inés Pilatti Vergara y Viviam Perrone, de Madres del Dolor. En el primer caso, la legisladora fue citada por la denuncia que presentó en carácter de representante de la provincia de Chaco por este caso.
La integrante de la Cámara Alta, ante las preguntas de la acusación, señaló que Islas es un psiquiatra de mucho reconocimiento y estimó que es el “mejor” del noroeste argentino. “No entendemos cómo es que López pudo haber desconsiderado este elemento (por la pericia) tan importante en la causa”.
Las preguntas de la defensa fueron las que terminaron de demostrar que Zaffaroni y Paruolo buscarán apegarse al hecho de que no hubo ningún desarreglo normativo. “¿Considera que un juez debe apartarse de la ley de la Constitución nacional para dictar sus fallos?”. La pregunta, capciosa, parecía retórica y así lo entendió la senadora, quien aclaró que no entendía de cuestiones técnicas, pero que, de todas formas, respondió que “por supuesto, y creo que el juez López se apartó en este caso”.
La pregunta siguiente fue casi obvia: “¿De qué ley se apartó el juez en este caso?”. En este punto, los ánimos entre las partes estaban caldeados y, nuevamente, la integrante de la Cámara Alta remarcó que no entendía las especificaciones del Derecho Penal, pero que si existe un dictamen del Ministerio Público y es desoído, debe ser algo a tenerse en consideración.
Cuando fue su turno, Viviam Perrone demostró que los años de recorrer los pasillos de Tribunales buscando Justicia por la muerte de su hijo, Kevin Sedano, le dieron más cintura para responder ante preguntas de este tipo. Y también realizó una afirmación polémica: precisó que a la ONG llegaron comentarios acerca de que López es el “ahijado” judicial del doctor Cabral, seguramente, refiriéndose al magistrado Luis María, quien integra el Consejo en representación de los jueces, y que por ello sería “salvado” en esta causa.
Más tarde, ante la consulta de la acusación, no dudó en afirmar que “Tatiana murió porque Axel López no leyó la causa, no le interesó la causa. Nunca le interesó pedir un nuevo informe sobre el estado de salud mental de Juan Cabeza”.
También, y sin meterse en tecnicismos que podían ponerla en el mismo brete que atravesó Pilatti Vergara, reconoció que López actuó conforme a los pasos procesales del caso, ya que expresó que “no queremos computadoras (por los jueces) que digan que ‘dos más dos es cuatro, este violador está listo para la libertad condicional’”.
La defensa preguntó a Perrone si Madres del Dolor realizaba o recolectaba estadísticas, a lo que la mujer respondió que no: “Visitamos cárceles y charlamos con especialistas, y lo que nos dicen es que los violadores son grandes impostores, por lo que es muy común que en los informes del Servicio Penitenciario consigan altas calificaciones en buena conducta”.
En este punto, la defensa formuló una buena pregunta que fue, acaso, mejor respondida por Perrone, ya que Paruolo le cuestionó si sabía que “las estadísticas indican que la reincidencia baja después de la concesión de la libertad condicional”. La integrante de la ONG consignó, entonces, que “nosotros no nos podemos basar en esas estadísticas, ya que la realidad de hecho también indica que las violaciones siguen ocurriendo, lo cual demuestra que hay una falta de acompañamiento al violador” que pone en peligro a quienes lo rodean.
santiago pérez
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