A fines del año pasado se produjo el fin de una discusión que tomó más de dos años y que, en el medio, contó con una ley sancionada que debió ser rediscutida. Pero este miércoles el Ejecutivo santafesino promulgó la ley que crea el Cuerpo de Investigadores Judiciales, es decir, la Policía Judicial, un órgano independiente de las fuerzas uniformadas federales y provinciales.
El problema en torno a esta ley surgió cuando, tras su primera sanción, el Gobierno de Santa Fe vetó 40 de los 57 artículos que componían la norma. Esto generó, por supuesto, un gran revuelo y el enojo de los legisladores que la apoyaron, sobre todo de su creador, el diputado Eduardo Toniolli (Movimiento Evita).
El primer mandatario provincial, Antonio Bonfatti, precisó que la ley avanzaba sobre algunas funciones que tenían los nuevos órganos de la reforma de la Justicia que se está llevando a cabo en Santa Fe desde hace ya varios años, donde los fiscales cuentan con nuevas herramientas para investigar y demás motivos que fueron enumerados oportunamente.
Por eso, después de algunas divergencias y reuniones, se acordó llevar a cabo un nuevo debate teniendo en consideración nuevos parámetros para establecer competencias y alcances del Cuerpo de Investigadores Judiciales.
Uno de los debates más grandes se dio en torno a un tema en el que se generaron rupturas desde el consenso original, pero cuya posición final se vio ratificada por la promulgación del Ejecutivo santafesino: que la dirección del Cuerpo sea llevada a cabo por un civil y no por un ex miembro de una fuerza uniformada.
Los legisladores que estaban a favor de la segunda posición alegaban que la experiencia obtenida en estas fuerzas podía ser de gran utilidad a la hora de dirigir el organismo; en tanto, los que se inclinaban por la primera entendían que no se respetaba el espíritu de la ley, que buscaba la independencia de este tipo de espacios y que, afirmaron, una dirección de esta clase podía viciar la Policía Judicial.
Entre otras cosas, y para no superponerse con la Policía de Santa Fe, se determinaron funciones objetivas del Cuerpo de Investigadores Judiciales en torno a los “delitos complejos”, una tarea que también será llevada a cabo de la mano del Ministerio Público de la Acusación.
Algunos de los casos en los que el Cuerpo participará serán los relativos al crimen organizado, donde un funcionario público de cualquier poder del Estado (otro debate que generó divergencias) participe de una estructura delictiva y en delitos cometidos por las fuerzas uniformadas y penitenciarias en el desempeño de sus funciones.
También se podrá solicitar, a pedido de la fiscalía, la intervención del órgano en casos que por su complejidad así lo requieran. Y se crearán dos subdirecciones: una relativa al área forense y otra a las pesquisas.
dju
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