“Nosotros creemos que la cultura institucional, la práctica y la conformación histórica determina también la carga y el tipo de trabajo. Un número importante y determinante de casos judiciales se inicia a partir de casos de flagrancia y esta situación le otorga a la policía (convencional) un poder de decisión sobre la carga y sobre el perfil del trabajo judicial, y lo pone en un lugar preponderante en el campo de la persecución criminal”, expresó el diputado santafesino Eduardo Toniolli (Movimiento Evita).
El legislador se refirió de esta forma al proyecto de ley que busca crear la Policía Judicial para Santa Fe. El integrante de la Cámara Baja fue el autor de la iniciativa que después de convertirse en ley sufrió un veto en 40 de sus 57 artículos. Esto motivó que la propuesta deba ser rediscutida en el ámbito parlamentario, aunque esta vez, con algunas modificaciones para acoplarla a los parámetros solicitados desde el Ejecutivo provincial.
En este nuevo debate, Toniolli expresó que “el objetivo es no repetir una cultura investigativa donde pasan los peces más gordos y quedan los más chicos. No hago referencia a la cuestión de la honestidad ni al vínculo que puede haber entre la policía y el delito, sino a que la experticia nunca es neutra y lo que tratamos de hacer hoy es fundar un paradigma nuevo para investigar los delitos complejos en la provincia de Santa Fe”.
El proyecto fue aprobado de forma unánime, aunque una buena parte de los integrantes de la Cámara se encontraba ausente al momento de la votación. Se manifestaron, sin embargo, algunas disidencias con la nueva normativa pero el consenso generalizado fue que había que llevar adelante la creación de este Cuerpo de Investigadores.
Uno de los motivos de discusión que hacían prever que el debate duraría más de lo esperado (aunque el plazo estimado en la Cámara Baja era de menos de un mes y se cumplió) era la posición que tenían los diferentes bloques acerca de la necesidad o no de que el director del órgano sea un civil.
Desde el oficialismo provincial alegaron que era importante que una persona con trayectoria en organismos uniformados pudiera brindar su experiencia para llevar adelante el trabajo. Pero finalmente primó la posición que buscaba que un civil estuviera al frente del Cuerpo de Investigadores Judiciales.
Además, uno de los principios fundantes de la propuesta fueron los hechos de corrupción en los que se vio envuelta la policía provincial durante el año pasado y parte de este, además de los elevados niveles de inseguridad que se viven en algunas ciudades de Santa Fe. Por eso existió una fuerte resistencia a la idea de que ex integrantes de las cúpulas de las fuerzas uniformadas sean cabeza del nuevo órgano.
Otra de las atribuciones que se modificaron es la relativa a la competencia del Cuerpo, que entenderá en casos donde esté involucrado el crimen organizado, cuando haya un funcionario público involucrado en el caso, y cuando la fiscalía entienda que la complejidad del delito implica una investigación más profunda.
dju
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