31 de Octubre de 2024
Edición 7082 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/11/2024
Informe sobre violencia familiar

Un panorama violento en Córdoba

El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del TSJ de Córdoba publicó un informe en el que consta que, después de los delitos contra la propiedad, la mayor cantidad de denuncias penales que ingresaron a los organismos jurisdiccionales de la Ciudad de Córdoba se relacionan a episodios de violencia familiar.

El documento, denominado “Respuesta Judicial a la violencia familiar en la justicia penal”, hizo un análisis  estadístico sobre las denuncias de episodios violentos en el ámbito familiar, que tuvo como resultado que el 7,88 por ciento de las denuncias penales radicadas entre junio del año 2011 y octubre de 2012, tuvieron como motivo episodios violentos intrafamiliares. Se tomó en cuenta ese periodo “teniendo en cuenta la fecha de especialización de la Fiscalía Distrito II Turno 2 y la decisión de crear otra Fiscalía especializada en Violencia Familiar”.

El informe comenzó por analizar cómo es el procedimiento en estos casos, “la Violencia Familiar en el marco de hechos delictivos cometidos en el ambiente familiar tiene un tratamiento diferenciado en el ámbito de la justicia penal de Córdoba a partir de la especialización de una Fiscalía con competencia exclusiva solo en causas graves y complejas en Violencia Familiar”.

Ello se debió, entre otras causas, a recomendaciones de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “expresadas en el documento sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia (Doc 68, 20/1/2007), por la gran preocupación ante el hecho de que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad, perpetuando la aceptación social de este fenómeno”.

La investigación, entonces, se propuso efectuar el primer relevamiento de “sobre la demanda de justicia en esta problemática y cual ha sido la intervención de los órganos jurisdiccionales en sus diferentes competencias, como así también estimar la verdadera magnitud del fenómeno de la violencia doméstica en el ámbito penal “.

El informe contextualizó la demanda de ese servicio de Justicia y para ello se mostró las cifras del total de denuncias efectuadas en la capital de Córdoba en las Unidades Judiciales discriminadas por tipo delictivo, “con el fin de ponderar en la evaluación la necesidad de la especialización, y luego su capacidad de respuesta de la única fiscalía de violencia familiar en ese período”.

Señaló el trabajo que “de la comparación surge que las denuncias correspondientes a Violencia Familiar representan el 7,88% por ciento del total de denuncias efectuadas en Córdoba Capital”.

En cuanto a otros datos relevantes al respecto, el informe destacó que 1,65% de los imputados en orden a  estos delitos, se encontraba preso. Y que el 87,40% de las denuncias efectuadas se encontraban en trámite al momento de evaluación.

Según uno de los cuadros del informe, se realizaron 7209 denuncias de violencia familiar, de las cuales 1202 fueron recibidas por la Fiscalía de Instrucción Distrito II Turno II “de acuerdo a la Instrucción 4/11 que delimita su competencia solo a las causas graves o complejas”. De esas 7209 denuncias, solo 119 tienen al imputado de los hechos preso.

El porcentaje de detenidos aumentó, en cambio, en relación a las denuncias efectuadas en la Fiscalía especializada en violencia familiar. “Del total de causas ingresadas un porcentaje importante se encontraba con detenidos 69,38% aunque podría resultar superior porque en un casi 7% no se registró el dato en el sistema informático”, destacó el informe.

Hubo 131 causas elevadas a juicio, 154 requerimientos de  sobreseimiento y 95 sobreseimientos dictados. Fueron otros datos vertidos en el trabajo.

En cuanto a las causas resueltas, las estadísticas mostraron que hubo 57 condenas, dos absoluciones y un sobreseimiento. Y por último, se presentó una tabla de delitos investigados, que abarcaron las causas de violencia familiar, entre los que se encontraban el abuso de armas, amenazas, homicidio, lesiones y privación ilegítima de la libertad.



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