Si bien el juez ya dictó una orden, entre los representantes del Estado no hubo ningún acuerdo sobre quién debía hacerse cargo del desalojo del complejo. Por otra parte, si bien cada parte esgrime un argumento distinto sobre quién tiene la responsabilidad en este caso, Armella aseveró que su pedido era que se realicen las acciones necesarias con la ayuda de todos y no desligándose de la situación.
En su orden, el magistrado solicita a “los más altos responsables de las áreas de desarrollo social del Estado Nacional que, a través sus representantes en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en el plazo de tres días presenten un informe claro para identificar a las personas que se encuentran dentro del complejo habitacional ubicado en las calles Lafuente, Castañares y Portela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pongan en conocimiento de ésta Judicatura si las mismas cuentan con algún beneficio social, si han sido inscriptas o censadas anteriormente para algún otro plan de vivienda y/o cualquier otro dato que resulte oficioso en ese sentido”.
Por otra parte, también solicitó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, en el plazo de cinco días, informe “detalladamente el estado de avance de las acciones correspondientes a los predios donde deberán ser relocalizadas las familias que al día de la fecha se encuentran habitando los distintos asentamientos de la Ciudad, esto es, trámites de adjudicación de las tierras, estado de las obras edilicias, personas beneficiadas, medidas de seguridad contempladas para evitar el intrusamiento de los futuros complejos habitacionales, y demás”.
Y por último, ordenó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y al jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que realicen en “forma inmediata la asignación de viviendas del predio para luego proceder a la efectiva entrega de posesión de las mismas, ni bien se encuentren en las condiciones para hacerlo”.