"El espacio institucional que ocupa el Consejo debe tener la independencia que le corresponde"

En 2010, la última sesión del senado tuvo como uno de sus debates a la Reforma del Consejo de la Magistratura. En esa ocasión, fueron siete los votos que impidieron que se lograra la iniciativa presentada por legisladores de diferentes bloques, como la UCR o Proyecto Sur. Hoy, los diputados de esos partidos, así como del PRO, el GEN, la Coalición Cívica, el Peronismo Federal y el Partido Socialista, vuelven a retomar la causa que quedó trunca a fines del año pasado.

Como declararon desde estos sectores, la iniciativa pretende brindarle al organismo mayor independencia del poder político, ya que “ese fue el propósito de su inclusión en la reforma constitucional de 1994”. El proyecto está firmado por los diputados Marcelo López Arias, Alcira Argumedo, Adrián Pérez, Patricia Bullrich, Margarita Stolbizer, Horacio Piemonte, Paula Bertol, Graciela Camaño, Federico Pinedo, Gustavo Ferrari, Lisandro Viale y Fernando “Pino” Solanas.

Uno de los puntos que tratan es la procedencia de los integrantes del Consejo. “Creemos que nuestra integración asegura un mejor equilibrio a la luz del texto constitucional. Hemos privilegiado la representación profesional por sobre la política. Esto quiere decir que hemos dejado la representación política en un 40 por ciento y la profesional en un 60 por ciento. Esta ha sido una opción política”, aseguran en el texto de modificación de la actual Ley los representantes de la cámara baja.

Su idea es, fundamentalmente, sumar más jueces y abogados, para, además, “mejorar el proceso de selección de magistrados, el control disciplinario sobre los jueces e introduciendo mecanismos de control de la gestión judicial, la transparencia y la participación de la sociedad civil a través de la creación de un Consejo Consultivo Honorario”.

Entre otras cosas, se tomó en consideración que el presidente de la Corte Suprema sea parte también del Consejo de la Magistratura. “Los bloques que han suscripto este dictamen piensan que ésta es una opción legislativa razonable porque permite armonizar los dos institutos y establecer instancias de cooperación entre la Corte y el Consejo”, aseguran en el proyecto.

Pero aseguran que la presencia del titular de la Corte sería una cuestión meramente institucional, ya que “no integra las comisiones y no vota, salvo en caso de empate o para alcanzar mayorías calificadas; en todo caso podrá atender algunas cuestiones diarias en materia de secretaría y administración.