Tenía otro título en mente para esta nota: la culpa no es del chancho sino del que le da de comer. Después me pareció un poco agresiva, y demasiado “decontracté” para un diario especializado que leen jueces, funcionarios y abogados. De todas formas, titule como titule, lo hecho hecho está y la lluvia de críticas que recibió la página periodística que creó la Corte fue considerable.
Todo comenzó, para quienes siguen las noticias judiciales, con un exhorto de un fiscal suizo (de la República Helvética, como se esfuerzan en leer quienes se la dan de informados) para que la Justicia argentina brinde información sobre presuntas causas judiciales que se estuvieran tramitando contra, entre otros, el mandamás de la CGT, Hugo Moyano.
El mecanismo normal es que el pedido extranjero llegue a la Cancillería, que lo gire al Poder Judicial para que sortee su radicación ante la instancia federal. Hasta ahí todo normal. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores recibió y mandó, la Cámara sorteó y el omnipresente juez Norberto Oyarbide ligó (es decir, fue el afortunado ganador del sorteo).
Todo empezó a desmadrarse cuando el Centro de Información Judicial, nada más y nada menos que un ambicioso emprendimiento periodístico de la Corte, publicó la novedad.
Muchos periodistas recibieron la noticia desmedidamente entusiasmados. Suiza imputaba a Moyano y a su hijo Pablo por lavado de dinero, leyeron golosos. El circo se había puesto en marcha.
En el acto, la CGT acusó el golpe y devolvió el jab. Decretó un paro del gremio de camioneros al que con el correr de las horas acompañó la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte que agrupa colectivos, micros, taxis, trenes, aviones, barcos y todo otro medio de transporte imaginable, lo que transformaba la medida en virtualmente un paro general.
Esto ya es la gota que rebalsó el vaso, bramaban desde la central obrera. Un exhorto con tal grado de imprecisión y hasta con faltas de ortografía jamás debió haber salido de la Cancillería, explicaba Daniel Llermanos, abogado de Moyano. Es toda una operación de Clarín, decían los militantes. Es la hormiguita Ocaña, que tiene buenos contactos en Suiza, fantaseó otro.
¿Cómo llegó el exhorto al CIJ? ¿Quién lo mandó? ¿Quién decidió su publicación? ¿Había que darlo a conocer en nombre de la tan valorada libertad de expresión o había que guardar recato sabiendo que el tema iba a generar un tsunami político de proporciones? ¿Es lo mismo una noticia “filtrada” a un medio de comunicación cualquiera que a la página “oficial” que maneja la Corte Suprema? ¿Hubo intencionalidad política? ¿Para quién juega Lorenzetti?
Imprudencia, impericia u operación política (quién lo sabe), el asunto del CIJ no quedó ahí. Todavía podía empeorar y empeoró. Lo que el jueves 17 empezó como un “bocato di cardinale” para la comunidad periodística, se transformó en una usina de carne podrida el viernes 18, cuando el CIJ informó y muchos medios repitieron que “el fiscal Di Lello dio curso al exhorto enviado desde Suiza por causas vinculadas a Hugo Moyano”.
Oyarbide no había aceptado nada. Coincidiendo con el fiscal Di Lello, devolvió el tiro de revés, pateó la pelota al corner y pidió a los suizos que abundaran en detalles. No iba a poder hacer nada hasta que se completara la información y se subsanaran los faltantes formales del requerimiento. El CIJ dijo una cosa y el juez decidió exactamente lo contrario. Mal muchachos. Sobre todo para una página oficial de la Corte.
Sobre llovido, mojado. El domingo 20, Horacio Verbitsky, con su habitual chispa retórica y una bronca que le hacía disparar rayos y centellas,
publicó en Página 12 un ataque frontal contra el CIJ y sus periodistas. Les dijo de todo menos lindos. Y la verdad es que se lo tenían ganado.
El lunes 21, el Centro de Información Judicial reaccionó con un tímido y escueto
comunicado: “… la noticia publicada es totalmente verdadera, no contiene inexactitudes…” balbuceó. “Todas las noticias judiciales que llegan se publican inmediatamente siguiendo una política de transparencia informativa que se aplica en todos los casos, en base a los lineamientos de la Primera Conferencia Nacional de Jueces", intentó justificar.
Es muy difícil volver del ridículo, pero más difícil es volver cuando el que metió la pata es un medio (¿un medio?) que creó, financia y ampara la cabeza misma del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia.
¿Tiene que tener la Corte un medio de comunicación? ¿Tiene que invertir recursos en este emprendimiento un Poder Judicial que se la pasa reclamando más presupuesto? ¿Un Poder Judicial con juzgados abarrotados, con causas en el piso, con baños sin papel higiénico, con ascensores peligrosos y con algunos edificios que datan de los tiempos en que María Castaña tomaba Toddy cuando volvía del colegio; tiene que gastar plata en esto?
Y encima, no sólo gasta lo que no tiene sino que juega al periodismo y mete la pata. Muy suelto de cuerpo, ejerce la competencia desleal con todos los otros medios y periodistas que cubren información judicial, y que desde que existe el CIJ deben resignar primicias y fuentes en aras de la borrosa “política de transparencia informativa” que pregona la Corte.
Transparencia sería poner a disposición todos los fallos de todos los fueros, de todas las instancias, sin titulares que muestren lecturas e intencionalidades. Transparencia sería contestar preguntas, aceptar reportajes, poner a todos los medios interesados en un pie de igualdad a la hora de recibir información, sin que el CIJ tenga todo primero que nadie. Eso sería transparencia, no esto.
No hace falta que haya “periodistas de la Corte” que lean información de una determinada manera, que titulen de una determinada manera, que decidan qué se publica y qué no de una determinada manera. Que “traduzcan” la información judicial de una determinada manera. “Traduttore traditore” dijo Umberto Eco, y ¿saben qué? Tenía razón.
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