La Cámara de Casación confirmó el carácter de delito de lesa humanidad de los sucesos conocidos como la Masacre de Trelew, en la que 19 personas fueron fusiladas en la Base Aeronaval Almirante Zar el 22 de agosto de 1972. Terminada la feria judicial, el Tribunal Oral Federal de Rawson convocaría a la audiencia-debate en que serán juzgados los marinos Emilio Jorge del Real, Rubén Norberto Paccagnini, Luis Emilio Sosa y Horacio Mayorga. Del Real, Paccagnini y Sosa, junto al cabo Carlos Amadeo Marandino, se encuentran procesados y con prisión preventiva, como autores materiales de los delitos de privación ilegítima de la libertad en 19 casos y homicidio agravado en 16 casos. En tanto, Mayorga, el oficial de mayor edad y graduación, tiene la calificación de cómplice necesario de la matanza.
La Comisión de Defensa de la Competencia frenó el aumento de abono en la TV paga
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó a operadoras de televisión paga que se abstengan de aumentar el precio de los abonos y ordeó que en caso de que los hayan concretado, retrotraigan el valor al percibido en noviembre de 2009. También advirtió a las empresas que se abstengan de realizar "prácticas colusivas" como por ejemplo hacer acuerdos entre las prestadoras para fijar precios de común acuerdo o aumentarlos en forma coordinada. La orden de la CNDC impidiendo los aumentos en los abonos regirá por el término de 60 días contados a partir que se encuentren acreditadas en las actuaciones todas las notificaciones ordenadas. La resolución que abarca a todos los proveedores del país, lleva la firma de Ricardo Napolitani, Humberto Guardia Mendonca, Diego Povolo y Fabián Pettigrew, fue adoptada a raíz de artículos periodísticos publicados en los últimos días que anunciaban un aumento del precio del abono de la TV por cable.
Los juicios de Nuremberg
La audiencia de Núremberg, Alemania, dictó una orden de detención contra Jorge Rafael Videla en el marco de un sumario reabierto por la muerte del ciudadano alemán Thomas Stawowiok, desaparecido durante la última dictadura militar en Argentina. En diciembre pasado la fiscalía había anunciado la reapertura de la causa tras hallar los restos de Stawowiok. La justicia alemana abrió el primer sumario contra Videla y Emilio Massera, entre otros miembros de la Junta, en 1999. En 2003 dictó orden de prisión contra ambos, a lo que siguió una petición de extradición por parte del gobierno alemán, en 2004, por la muerte de Kässeman, hija del pastor luterano Ernst Kässeman. A las investigaciones por esa desaparecida se unieron luego las relativas a Zieschank y, finalmente, las de Stawowiok. En la causa se había sobreseído a Videla luego de que en agosto de 2005 el juez Sergio Torres denegara la solicitud alemana de extradición con el argumento que el genocida había sido ya procesado y condenado en Argentina por delitos similares.
Podría ser un leading case
A pesar de la polémica que hay alrededor de los sitios de enlaces P2P, todavía ningún titular de estas páginas web se había sentado ante el juez. El caso de Jesús Guerra, un hostelero de Barcelona, propietario de "elrincondejesus.es" va a ser el primero. Según las empresas discográficas los sitios P2P son piratas, mientras que quienes defienden la posición opuesta, opinan que se trata de intercambios entre particulares, y en todo caso debería juzgárselos a estos y no a los sitios que simplemente permiten el encuentro entre las partes. El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona entiende en la disputa. En principio se ha comprobado que "Elrincondejesus.es" no contiene archivos piratas, sólo enlaces para acceder a éstos. Este fallo puede ser un leading case en la guerra que mantiene la industria cultural con Internetjusto cuando el Gobierno español impulsa una ley específica que regule los sitios de enlaces 2P2. En julio pasado el mismo juzgado había rechazado el cierre cautelar del sitio web de Guerra. Hubo treinta casos anteriores pero los casos siempre se habían archivado sin llegar a juicio. El abogado de Jesús Guerra dijo que estudiará si a su vez inicia acciones legales contra la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y contra el Ministerio de Industria.