La ley de presupuesto es la única a la que puede observarse un artículo o varios, sin llegar al total. En la modificación hecha por Jaque este miércoles se acepta la disminución del monto destinado a los empleados pero no como lo fijó la Legislatura, sino como lo decida su gobierno para cada uno de los ministerios.
Ahora, con el veto parcial del gobernador, la ley de presupuesto deberá volver a la Legislatura. Las cámaras se reunirían antes del reinicio de las sesiones ordinarias.
El decreto suscripto por Jaque determinó que 135 millones de pesos -que resultan de la suma de 70 millones para erogaciones corrientes para pago de personal, 15 millones de locaciones de servicios y 50 millones para transferencias para colegios privados- se van a redistribuir.
Lo que sí quedó firme fue la parte del artículo 148 que fijó una reducción de 50 millones de pesos en servicios generales, que junto a las de personal figuran dentro de las erogaciones corrientes.
Jaque también aceptó la obligación que le impuso la Legislatura de achicar gastos en bienes de capital por 30 millones de pesos y aportes a actividades no lucrativas por otros 32 millones de pesos.
El ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, aseguró que “la disminución de recursos se hará de otras partidas y de todas las jurisdicciones de forma proporcional”. Y agregó que, con el decreto, “lo que observa es la distribución, no la disminución”.
El presupuesto de Mendoza, que finalmente fue aprobado por el Senado el viernes 8 de enero, fue objetado por los partidos opositores al peronismo local, que consideraron que no se lograron las mayorías necesarias para aprobar ciertos artículos.
El presupuesto de justicia quedó estipulado en 396 millones de pesos pero el presidente de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, pidió aumentar esa cifra y logró que los legisladores se comprometieran, de palabra, a otorgar 31 millones más.