19 de Junio de 2024
Edición 6990 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 24/06/2024

El veto que abrió la polémica

Un legislador porteño interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) contra el veto del Poder Ejecutivo de la Ley de Emergencia Habitacional, la cual prohibía a desalojar a personas que ocuparan inmuebles públicos. En la presentación, afirman que el decreto firmado por Mauricio Macri viola leyes de la Constitución Nacional y la local.

 
La presentación fue realizada por el legislador de la Coalición Cívica (CC) Facundo Di Filippo, luego que el Jefe de Gobierno vetara la Ley 2.973 que había sancionado la Legislatura el 4 de diciembre pasado, con la cual impedía desalojos en inmuebles públicos y ordenaba al Poder Ejecutivo a buscar una solución al déficit habitacional de la Ciudad.

“El Decreto 9/09 limita los contenidos fundamentales protegidos al posibilitar que operen los desalojos forzosos bajo la premisa de proteger a los sectores más vulnerables”, según la presentación de Di Filippo. “El Estado tiene la responsabilidad de diseñar e implementar políticas destinadas a las personas afectadas por la crisis habitacional y las respuestas estatales a esta situación de emergencia son centrales para determinar el nivel cumplimiento de las esenciales obligaciones jurídicas a su cargo”, consideró en el escrito al que tuvo acceso Diariojudicial.com.

Para Di Filippo, al ser el Estado el impulsor de los desalojos, previamente “debe adoptar todas las medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias sociales derivadas de su propio accionar”. Por ello, entendió que “al impulsar el desalojo, sin prever un destino cierto para guarecer temporalmente a sus destinatarios, se obra con suma imprudencia, poniendo en riesgo la vida de la población más vulnerable, niños, enfermos, etc”.

“La crisis habitacional que presenta la Ciudad constituye uno de los problemas más graves de la metrópoli que requiere un urgente diseño e implementación de políticas públicas definidas y consensuadas para solucionarlo”, denunció el diputado.

Al respecto, invocó un informe de la Defensoría del Pueblo porteña, el cual estima que entre el “15 y 20 por ciento de la población de la Ciudad se encontraba en una situación habitacional deficitaria” entre los años 2001/2002.

“Hoy se estima que más de medio millón de personas tienen problemas de vivienda en la ciudad, esto significa que, o habitan viviendas en malas condiciones, barrios informales y asentamientos, o directamente no acceden a ningún tipo de vivienda”, agregó.

A su vez, afirmó que “desde el año 2007 y desde comienzos de 2008, el ritmo de los desalojos en la ciudad se ha acelerado de manera abrumadora llegando a producirse un promedio de dos desalojos diarios, con una clara falta de respuesta estatal adecuada para abordar esta problemática”.

En su pedido de inconstitucionalidad del veto, el legislador citó varios tratados internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual “establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia que incluya alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de su existencia”.

“El Decreto 9/09 viola, en general, la garantía de la progresividad y la interdicción de la no regresividad”, expresó Di Filippo, quien agregó: “el derecho a la vivienda como derecho humano debe ser garantizado por el Estado”.



dju / dju
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