El camarista fue nombrado en esa función por César León Pereyra Rozas, quien tenía un patrimonio que estaba conformado por depósitos bancarios en Argentina, Uruguay, España y Estados Unidos por 60 millones de dólares y 320 propiedades.
El hombre 19 días antes de morir de cáncer de pleura firmó un documento por el cual le dejaba encargado al juez la tarea de distribuir todos sus bienes y al parecer Lona no habría pedido la autorización correspondiente a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de la Magistratura para realizar tal función.
Para el denunciante, el diputado Pablo Outes, el juez debió haber pedido Autorización para ejercer esa función, ya que estimó que "estaba obligado" por disposiciones legales, entre las que destacó la ley de ética pública.
En ese sentido, manifestó que el reglamento de la Justicia establece que los jueces "no pueden gestionar asuntos de terceros ni interesarse por ellos" salvo en casos expresamente autorizados.
De ese modo, el legislador reclamó que el Consejo suspenda de forma “inmediata" al camarista y posteriormente se remueva a quien le imputa el presunto delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".
Al respecto, diputado apuntó que el testamento de Pereyra Rozas "fue otorgado cuando el causante tenía 90 años de edad y se encontraba afectado de cáncer pleural que lo llevó a la muerte a menos de un mes de haberlo labrado".
En tanto, Outes apuntó que una nieta del anciano fue desheredada por ese documento y por eso pide al Consejo que investigue "la posible captación de la voluntad" del fallecido que había testado en favor de esta descendiente pero 19 días antes de morir revocó aquél documento.