28 de Marzo de 2024
Edición 6936 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/04/2024

Videla vuelve a ser acusado

Denuncian a Videla y a ex jefes militares por la desaparición de ex jefes del ERP y reclaman la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

 
Familiares de los integrantes de la cúpula del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las dos organizaciones guerrilleras que actuaron en el país en los años 70 denunciaron al ex dictador Jorge Videla y a otros jefes militares por la desaparición forzada de cinco dirigentes, entre ellos Mario Roberto Santucho, en 1976.

La denuncia, que fue interpuesta con la representación de los abogados Elena Mendoza y Manuel Gaggero, en la Cámara Federal de San Martín y tras el sorteo de rigor quedó radicada en el juzgado federal numero dos del partido bonaerense de San Isidro, incluye también un reclamo de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos presidenciales.

Se trata de los familiares de Santucho y de Domingo Menna, Benito Urteaga, Ana Lanzillotto de Menna y Liliana Delfino.

La presentación podía constituirse en la primera de estas características luego que el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, se pronunciara por la nulidad de esas normas, tema que ahora esta pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia además de a Videla, alcanzó a los generales retirados del Ejército Antonio Domingo Bussi, Agatino Di Benedetto, Fernando Verplaetsen, Santiago Riveros y José Antonio Valladares, quienes tenían por entonces la máxima responsabilidad en la guarnición militar de Campo de Mayo, a donde fueron trasladado Santucho, y otros cuatro dirigentes luego de un enfrentamiento en la localidad de Villa Martelli.

De acuerdo con las investigaciones judiciales en torno al caso Santucho, quien ocupaba la máxima jerarquía en el ERP, falleció a poco de llegar a Campo de Mayo, Urteaga ingresó muerto, mientras que los tres restantes permanecieron detenidos en forma clandestina, siendo víctima de torturas, mientras se anunciaba en los diario que todos habían sido abatidos durante aquel enfrentamiento.

Las investigaciones respecto de los hechos que rodearon la muerte de Santucho, ocurridos el 19 de julio de 1976, fueron investigados en el juzgado federal a cargo de Alfredo Bustos.

Ese mismo día, el Estado Mayor del Ejército informó mediante un comunicado que tuvo amplia difusión que seis guerrilleros habían fallecido, y en la nómina se incluía a Enrique Gorriarán Merlo, quien posteriormente encabezaría otra organización armada, el MTP, pero que en realidad no se encontraba en el lugar.

Santucho había convocado a una última reunión con la cúpula del ERP, aparentemente en las vísperas de abandonar el país, a raíz de la fuerte represión que se había desatado tras el golpe militar.

Una vez trasladados a Campo de Mayo, Santucho murió a consecuencia de las heridas recibidas en la captura y su cuerpo habría sido momificado para su exhibición en una vitrina del denominado "Museo de la Subversión capitán Leonetti", según testimonió en el sumario el suboficial retirado Víctor Ibañez.

Menna, Lanzilloto y Delfino "permanecieron secuestrados-desaparecidos durante varios meses, siendo sometidos a brutales torturas hasta que siguieron la suerte de los más de 5.000 prisioneros que pasaron por el campo denominado Las Cañitas", dijeron los denunciantes.

El destino final de los miembros de la cúpula del ERP es un misterio para sus familiares, ya que el Ejército nunca quiso develar dónde están y el juez Bustos ordenó excavaciones en un pequeño terreno de Campo de Mayo para buscar los restos pero no los encontró.

En el sumario llevado por Bustos declaró el propio Videla y dijo que la caída de Santucho y sus compañeros "fue festejado por toda la oficialidad como un triunfo en esta guerra".

Ahora Videla y sus camaradas de armas deben afrontar cargos por los supuestos delitos de homicidio calificado, asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, torturas, entre otros, y los denunciantes solicitaron la anulación de las leyes de Amnistía, Punto Final y Obediencia Debida.



dju / dju
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