"Las cárceles no son sanas ni limpias, y muchas
se transforman en verdaderos depósitos de personas"
Vivió de uno y del otro lado de las rejas. Hoy es el carcelero de la Nación.
En 1976, después del golpe militar, entró a una prisión sin causa ni proceso
por haber sido el secretario general, reformista, del centro de estudiantes
de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. "Me permitió
comocer la realidad carcelaria del otro lado de la reja", asegura. Sin embargo,
dice que su primer recuerdo "de los rostros, de ese olor tan particular" de
una prisión, es de cuando lo llevaron como estudiante a la cárcel de encausados
provincial.
Álvaro Ruiz Moreno, abogado, dice que hasta noviembre nunca imaginó ser el responsable
de las cárceles federales del país, con 7239 internos a su cargo. Se transformó
en el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios cuando Jorge
de la Rúa llegó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de quien va a
depender directamente cuando el presidente firme un decreto. Cuenta que los
une una "relación de amistad de años", que se evidencia en la cantidad de cargos
que ejerció en la función pública a la sombra del hermano del presidente. Parece
condenado al cargo de subsecretario. Lo fue de Estadísticas,
de Planeamiento y de la Función Pública, todo en Córdoba. Aunque salió de la
rutina al ser electo como concejal de la capital provincial. Después, en el
auge delarruista a fines de 1999 llegó a la Subsecretaría General de la Presidencia,
acompañando también al actual jefe de la cartera de Justicia.
Al comenzar el diálogo con Diariojudicial.com, reconoció que "no se da
cumplimiento constitucional sobre la naturaleza de las cárceles" y aseguró que
"no son sanas ni limpias, y que muchas se transforman en verdaderos depósitos
de personas". Además dice que los discursos que sostienen la mano dura de Ruckauf
y Casanovas "tienen que ver con pretensiones electoralistas" y que son "absolutamente
inaceptables".
Quien estuvo al frente del conflicto desatado en enero en el que el 39 por ciento
de los presos federales se levantaron en huelga de hambre con los más variados
reclamos, ratificó "la decisión política de la no intervención de las Fuerzas
Armadas" en potenciales futuras complicaciones.. También dijo que "la inexistencia
de las cárceles es absurda, una utopía en la realidad actual".
Diariojudicial.com: ¿Son las cárceles sanas y limpias, para seguridad
y no para castigo?
Álvaro Ruiz Moreno: Los temas penitenciarios presentan en general gravísimas
falencias, porque no se ha acertado a definir políticas penitenciarias. Además,
no se da cumplimiento constitucional sobre la naturaleza de las cárceles. Se
acepta una realidad de la que muchas veces se evita incluso hablar, como negando
una realidad que es absolutamente lascerante y tangible. Por ese motivo, hemos
formulado algunos lineamientos políticos, que no pretenden ser una acabada política
de cuestiones penitenciarias, pero al menos sí determinar horizontes claros
del rumbo que debe seguirse para atacar a fondo esta realidad que debe ser cambiada.
Dju:Me llamó la atención en la reciente presentación del Plan de Gestión
de Política Penitenciaria que no sólo se hacía hincapié en la educación de los
reclusos, sino también en la de los carceleros...
ARM: Es absolutamente indispensable, y por eso lo señalamos como el principal
de todos los programas a desarrollar. Además, buscamos la revisión de los contenidos
curriculares y los criterios de selección de los profesores en los institutos
del Servicio Penitenciario e incorporar un concepto que está ausente aún, que
es el de la capacitación permanente, desde el aspirante a ingresar en el Servicio
Penitenciario Federal en cualquiera de sus niveles, hasta el personal en situación
de retiro, que puede seguir aportando y tiene un gran cúmulo de experiencia.
Dju: Y respecto de los presos?
ARM: Dentro de la realidad del interno, la idea es fomentar la posibilidad
de que se completen estudios primarios, secundarios o que se facilite el acceso
a carreras universitarias. Es uno de los pivotes esenciales del proceso de reinserción
social. Porque si logramos en el SPF, con todas las falencias que tiene, que
los presos se instruyan, sus posibilidades de reinserción en la comunidad cuando
hayan cumplido sus condenas son ciertamente mayores.
Dju: Cuando dice que no se cumple la naturaleza constitucional de las
prisiones...
ARM: Claro, las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad
y no para castigo... -interrumpe recitando con su inocultable acento cordobés-.
En realidad las cárceles no son sanas ni limpias, y generalmente, muchas de
ellas se transforman en verdaderos depósitos de personas.
Dju:¿No podría dar lugar a una acción judicial por inconstitucionalidad?
ARM:Las cárceles argentinas están pobladas por personas enviadas por
los propios tribunales, tanto los procesados como los condenados. Y en los juzgados
no desconocen cuál es la realidad carcelaria argentina. Y aquí hay uno de los
temas que resultan claves: la infraestructura carcelaria. El concepto arquitectónico
era, hasta hace muy poco tiempo, perverso. Se han edificado cárceles como la
de Caseros -hoy en proceso de demolición- o la de Devoto -en plena utilización-
cuando esos modelos ya habían sido discontinuados en otras partes del mundo.
Muchos años después, nuestros genios crearon estos edificios que en realidad
son verdaderos adefesios y que atentan absolutamente contra el proceso.
Dju:¿Qué generan esas deficiencias arquitectónicas?
ARM:Generan condiciones infrahumanas, donde el interno no tiene posibilidades
de desarrollo, donde el agente del SPF ve enormemente dificultada su posibilidad
de trabajo efectivo y eficaz. Pongamos como ejemplo a Caseros, para no hablar
de Devoto -habitada actualmente-, tiene un sistema de pabellones y de pisos;
si ocurriera un incidente, un motín o un incendio en alguno de los pisos bajos,
no hay absolutamente ninguna forma de concurrir en auxilio directo a los pisos
superiores. Esto genera dificultades de todas las clases. Y se vio en varios
de los episodios de la historia trágica de Caseros. Por la huelga de hambre
en Devoto, he tenido la posibilidad recientemente de entrar con equipos de bomberos
que integran el Sistema Federal de Emergencia, a los efectos de que se pudiera
hacer una seria planificación de cómo actuar. Ellos han visto un cuadro de situación
bastante difícil de atacar, aunque no imposible. En cambio, otros conceptos
arquitectónicos, como los que se están desarrollando en Ezeiza o en Marcos Paz
con los nuevos complejos, permiten un trato mucho más humanizado. Son cárceles
con dimensión humana, donde el grupo de pobladores en cada sector está acotado
numéricamente, donde hay condiciones para que cada interno pueda pernoctar en
un lugar seguro, cerrado, no en espacios comunes. Esto permite un trabajo profesional
e interdisciplinario mucho más real en su proceso de aplicación.
Dju:¿Está relacionado con la huelga de hambre que comenzó en enero?
ARM: La situación de conflicto fue la prueba. El epicentro del problema
es la cárcel de Devoto. El resto de las unidades federales en medidas de fuerza
son simplemente gestos solidarios de adhesión a los presos de Devoto. Pero ellos,
que piden de manera inorgánica y contradictoria una serie de reivindicaciones
viven una situación carcelaria que tiene que ser modificada. Muchos de los reclamos
son ciertos y justos pero, ciertamente, equivocan el modo. Porque bajo situaciones
de presión se dificulta la posibilidad de producir cambios. Pero cuando se refieren
a las situaciones carcelarias, evidentemente tienen razón. El preso, por otro
lado, es una persona que está privada de su libertad pero no de la totalidad
de sus derechos. Más allá del trabajo del personal del SPF se permite que se
generen, entre comillas, reglas propias entre los propios internos.
Dju:¿Cuáles son las consecuencias?
ARM:Genera arbitrariedades de toda índole, situaciones de violencia
dentro de las cárceles en forma constante y permanente, y que son muy difíciles
de neutralizar o contrarrestar operativamente en el SPF en virtud de esa realidad
compleja arquitectónica. Por eso no trabajamos sólo en la construcción de nuevas
cárceles, sino fundamentalmente en ir desarrollando nuevos espacios de readaptación
social que tienen que ser las cárceles para cumplir con el mandato constitucional.
Dju:Cuando habla de las normas internas de los presos, ¿quiere decir
que habría un sistema normativo delictivo en los penales?
ARM: Ciertamente se cometen delitos dentro de los penales. Constantemente,
a través del SPF se está dando cuenta a la Justicia de hechos que ocurren dentro
de los penales. Los índices delictivos son mayores en cárceles como la de Devoto
que en las más pequeñas, donde puede haber situaciones de ajustes de cuentas
o de violencia o de utilización de algún tipo de armas como púas o facas, que
les permiten dirimir algunas cuestiones en algún espacio de tiempo compartido,
como un recreo, fuera del alcance de los guardias. Son situaciones que existen,
pero en las cárceles grandes son situaciones más graves. Se arman los ranchos
-en términos carcelarios son las bandas o grupos de presión-, en la jerga carcelaria
se identifican algunos líderes negativos con el mote de poronga -son los jefes
de los grupos-. Muchas veces actúan como bandas dentro de la cárcel y generan
situaciones de presión respecto de otros internos.
Dju:¿Podría llegar a asociarlos a la huelga de hambre?
ARM:Esta huelga de hambre se ha desarrollado en forma pacífica y tranquila,
y estos grupos operan en situaciones de violencia. Entre los antecedentes históricos
de las revueltas, los hemos advertido con mucha claridad en situaciones de motines,
por ejemplo. En general, la gran mayoría de la población carcelaria no está
de acuerdo con provocar un motín o una situación de violencia, pero un grupo
predominante crea las condiciones necesarias de violencia que generan un motín,
que se hace muchas veces para encubrir intentos de fuga.
Dju: ¿En el momento del anuncio del Plan de Gestión de Política Penitenciaria,
influó huelga de hambre, en pleno auge? ¿Fue una forma de decir "está todo bajo
control, y acá no pasa nada"?
ARM: En cierta forma sí influyó la huelga de hambre. Porque nuestro
propósito era que el primer día de febrero el ministro pudiera anunciar los
lineamientos que veníamos estudiando durante enero. Dudamos al principio en
hacer el lanzamiento de la Política Penitenciaria para 2001 en el marco de una
crisis de conflicto, pero el ministro no dudó y consideró que era el momento
más propicio para hacerlo, y así lo hizo.
Dju:¿Cuál fue la estrategia que se utilizó para controlar la masiva
huelga de hambre?
ARM: Hay como dos escuelas o dos modelos frente a los conflictos. Uno,
al que califico de extremada e innecesariamente duro, dice que frente a las
situaciones de conflicto la respuesta es mano dura, severidad o ajuste.
Dju:¿Habla sólo de la situación penitenciaria?
ARM:Me refiero a la situación penitenciaria pero no es ajeno a la consideración
general. En lo penitenciario, hay quienes dicen, por ejemplo, que si los internos
declaran huelga de hambre hay que prohibir el ingreso de comida, o meter la
requisa a la celda y retirar todo vestigio de comida. De modo tal que si hacen
huelga de hambre que la hagan en serio. Además incrementan los controles, prohíben
las visitas, sancionan. Yo creo que la violencia sólo engendra violencia. Y
hay otro sistema, perfectamente aplicable, aunque a lo mejor es más lento en
los tiempos para llegar a una solución, pero es absolutamente pacífico en su
desarrollo. Por ejemplo, frente a la situación de huelga de hambre de los presos
federales lo primero que hicimos fue incrementar las raciones de comida. También
creamos espacios dentro de la cárcel donde los internos que se pudieran sentir
presionados pudiesen ir a comer, fuera de sus pabellones. Montamos un operativo
médico lo suficientemente grande como para que no se ponga en riesgo ningún
preso. Y, sobre todo, facilitar que los familiares durante sus visitas puedan
ingresar paquetes de comida. Fueron órdenes estrictas cumplidas por el SPF.
Qué logramos: por un lado, les hicimos menos estricta a los presos su decisión
de no comer, y así evitamos situaciones de desnutrición o de crisis por descompensaciones,
y la prueba de ello es que en más de 20 días un hubo ni un solo caso de descompensación.
Y por otro lado, que no se projera ninguna situación de violencia. Lo que nos
indica que hay otro camino posible, que es el de no contribuir con violencia
a la violencia. Actuar con firmeza, sí, pero no con violencia.
Dju: Si lo sentaran en un programa de televisión con Carlos Ruckauf
o con el ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas, y le dijeran "hay
que poner mano dura, aumentar la cuantía de las penas, tiene que ir más gente
a la cárcel", desde su lugar de cercanía con la realidad carcelaria, ¿qué les
contestaría?
ARM:Yo descreo absolutamente de este tipo de políticas de mano dura,
creo que tienen más que ver con pretensiones electoralistas y con pulsaciones
de sensaciones de la opinión pública. Desde el punto de vista serio, del derecho
penal, y sobre todo en materia de ejecución de condena, es absolutamente inaceptable.
Si me sentaran con ellos, sin dudas discutiría muy fuerte con esa concepción.
Estamos en las antípodas de ellos. Con todo, creemos que las leyes están hechas
para ser cumplidas, y las sanciones de los jueces tienen que aplicarse con todo
su rigor, sin la menor duda.
Dju:¿Es difícil la convivencia desde el sistema federal con los sistemas
provinciales, que quizás tienen políticas muy opuestas a las que plantea el
Gobierno Nacional?
ARM:Hay un equilibrio de relaciones porque hay provincias donde no existen
cárceles federales, y los presos federales están alojados en unidades provinciales
y viceversa. La creación de las cárceles en el país se orientó hacia el sur
originariamente, pero la realidad actual genera una demanda muy creciente en
el norte y en el litoral, porque los delitos federales que se han incrementado
tienen que ver con el narcotráfico o con el contrabando, y esto ocurre generalmente
en las zonas de frontera, donde no hay cárceles en cantidad suficiente, mientras
que hay otras no suficientemente pobladas. Eso hace que tengamos que interactuar
con los servicios provinciales. En algunos casos la convivencia es buena porque
inclusive les formamos los recursos humanos en nuestros institutos -en las provincias
del norte-. En otras, la situación es más compleja porque todavía no acertamos
a establecer criterios correctos de compensaciones. Más allá de los decisores
políticos de los gobiernos, existen un montón de denominadores comunes en los
servicios penitenciarios.
Dju:¿Se trata de un discurso en la superficie?
ARM:Por debajo existen realidades que son muy horizontales y de muy
fácil cooperación. Durante este conflicto he recibido llamados de provincias
de signos políticos distintos al gobierno al que represento, solicitando asesoramiento
en el modo de encarar el conflicto vinculado a una huelga de hambre pacífica.
Dju:¿Cómo se decidió la intervención en el conflicto del Servicio Federal
de Emergencia (que funciona bajo la órbita de Jefatura de Gabinete)?
ARM:Fue convocado por una decisión política nuestra cuando advertimos
que la huelga de hambre podía complicarse en Devoto al anunciarse la huelga
seca (sin ingesta de líquidos) que nunca se llegó a cumplir. Pensamos que podíamos
poner en riesgo los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, es decir,
saturarlos u obstaculizar su normal desarrollo, en el supuesto de que tuviéramos
que trasladar de urgencia a 200 o 300 internos en forma simultánea. Entonces
hicimos la consulta al Sistema Federal de Emergencia, lo que sorprendió a su
director, José López Murphy, ya que nunca se había solicitado el Servicio para
una emergencia de esta índole, y lo tomó como un desafío personal. Logramos
que el conflicto y la atención sanitaria no saliera de los muros de la cárcel.
Dju:¿Generó algún escozor en el SPF la participación de otras fuerzas
como los militares?
ARM:No, todo lo contrario, porque es una fuerza de seguridad y, por
lo tanto, la posibilidad de interactuar los estimula y muy bien. Además, actuaron
con todo profesionalismo. Sí causó escozor en la comunidad carcelaria, porque
la instalación del hospital debimos hacerla en el espacio que ocupa el Centro
Universitario y en la capilla de la unidad, lo que ciertamente causó disgusto
en algunos internos.
Dju:En cuanto a la participación de los militares, cuando Diariojudicial.com
consultó al ministro De la Rúa qué pasaría si la situación de emergencia, que
fue sanitaria, se hubiese transformado en una situación de violencia, él sugirió
que llegaría a renunciar si las Fuerzas Armadas participaban.
ARM:No llegó a ese extremo, pero sí dijo que mientras él sea ministro
esto no es posible. Por dos razones: porque el SPF es más que suficiente para
afrontar cualquier situación en las cárceles federales y, además, la propia
ley de seguridad interior impediría a los militares intervenir.
Dju:Pero ha habido presiones históricas para la intervención militar
en los asuntos internos...
ARM:En este caso la decisión política fue la no intervención de las
Fuerzas Armadas. Además, hay grupos especializados para la recuperación de cárceles
en el SPF, los llamados hombres de negro, y por fuera está la Policía Federal,
a través de grupos entrenados para afrontar este tipo de situaciones.
Dju:¿Qué opina de las denominadas cárceles VIP?
ARM:El que decide dónde se aloja cada interno es el juez. Sí existen
algunos presos que por la propia inteligencia de los magistrados son alojados
en lugares que no son estrictamente cárceles, como por ejemplo fuerzas de seguridad.
Personalmente creo que todos lo presos deberían tener igualdad de tratamiento.
Sólo nos limitamos a cumplir con las instrucciones de los jueces.
Dju:En una población de 35 millones de personas, sólo hay 7239 presos
federales, de los cuales tienen condena sólo el 43 por ciento, ¿tienen sentido
las cárceles desde el punto de vista resocializador o sirven sólo para decirle
a la sociedad esto existe, ténganle miedo, cumplan la ley?
ARM:Creo que como factor de disuasión, sí contribuye. Como factor de
resocialización hay que estudiar bien los índices de reincidencia, que es del
20,66 por ciento, y no creo que sea cierto, a punto tal de que he ordenado que
se haga un estudio a fondo porque me parece muy bajo. La sensación de lo que
uno percibe es que el porcentaje debe ser mayor. Pero puede ser que la sensación
térmica no coincida con la temperatura.
Dju: Siguiendo con los números, se gastan 34 mil pesos por año por cada
uno de los presos, ¿no habrá otra solución distinta a la cárcel con ese dinero
para esa misma población carcelaria?
ARM:No creo que con esa plata se deban hacer otras cosas que ir mejorando
las condiciones dentro de las propias cárceles. La situación de la inexistencia
de cárceles es absurda, utópica en la realidad actual. Las teorías que dicen
que hay que gastar menos en los presos responden a situaciones oportunistas.
Estos presupuestos terminan resultando insuficientes, porque cárceles como Devoto
no deberían existir. Tendríamos que tener más recursos para tener cárceles como
las de Marcos Paz y Ezeiza. El presupuesto me parece insuficiente.
Dju:Jorge De la Rúa dijo a Diariojudicial.com que no se arrepentía de
la decisión de conmutar las penas de los presos de La Tablada, a pesar de que
aseguró que advirtió en el Gabinete que una situación como la huelga de hambre
masiva de presos podía suceder...
ARM:Efectivamente, yo he sido testigo presencial de que cuando se tomó
la decisión de conmutar las penas de los terroristas condenados por el episodio
de La Tablada, el ministro dijo que inmediatamente poníamos un disparador de
una situación de malestar en el resto de los internos que iban a pedir un tratamiento
semejante. Frente a eso, apoyamos firmemente la decisión del presidente porque
ya se había agotado la instancia legislativa, al mirar para otro lado los legisladores
y desentenderse del problema, y se había agotado la vía judicial con el fallo
de la Corte. El resto de los condenados tuvo la posibilidad de la segunda instancia,
y los procesados la tienen en expectativa, lo que no permite hacer una analogía.
Además, el reclamo masivo no era ni de indulto ni de conmutación, que son individuales,
sino de amnistía. En términos estrictamente jurídicos, de una población en Devoto
de 1691 presos, 1400 son procesados. Entonces, cómo se piden conmutaciones de
penas a procesados. Es un reconocimiento anticipado de la culpabilidad.
Dju:Evidentemente los reclusos no son abogados...
ARM:Sin embargo están bien asesorados, algunas veces desde organizaciones
de afuera. Aunque en este tema puntual ha sido muy malo el asesoramiento, tanto
que se fueron dando cuenta de lo absurdo del reclamo y desistieron.
Dju:¿Se consideró al momento de conmutar las penas de los presos de
La Tablada el articula 36 de la Constitución reformada en 1994, que prohíbe
el indulto y la conmutación a quien hubiese atentado contra el orden institucional?
ARM:Se los consideró delincuentes comunes, por lo que encuadraron perfectamente.
En realidad aquel episodio no puso en riesgo el orden constitucional. Finalmente
la única solución posible era esta, y lo hacíamos con una espada de Damocles
sobre la cabeza, la responsabilidad por la salud de ese grupo de reclusos era
nuestra. Me tocó pilotearlo en forma directa, y pasamos situaciones de verdadero
riesgo en la salud de los presos. Por eso decidimos sacarlos de los penales
e internarlos en hospitales, les pusimos suero en forma casi compulsiva y finalmente
tomamos la decisión política de alimentarlos por sondas nasogástricas en caso
de que se produjesen descompensaciones. La situación nos dejó una especie de
doctrina, una enseñanza muy importante sobre qué hay que hacer, y que nos sirvió
para la huelga de hambre en las cárceles federales.
Dju:Hubo rumores de que la huelga de hambre en las cárceles federales
tuvo que ver con alguna interna en el SPF...
ARM:Descartado totalmente. Aunque no digo que no puedan existir internas
porque es un cuerpo de 7244 agentes.