Uruguay y Argentina se enfrentaron este lunes, nuevamente, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) debido al pedido de Montevideo para que el tribunal le ordene al gobierno argentino que garantice el tránsito entre ambos países para poder continuar con la construcción de las dos papeleras. Las partes contarán con una segunda ronda de intervenciones este martes.
La petición de Montevideo tiene un carácter preliminar, lo que en el Estatuto de la CIJ se entiende como una petición de carácter “urgente”. Sin embargo, la embajadora Susana Ruiz Cerutti, y el profesor de Derecho Internacional Alain Pellet, negaron ante la Corte que la solicitud uruguaya cumpla con ese requisito de urgencia.
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En su intervención, Uruguay le exigió a la Argentina que “asuma las consecuencias” de haber elevado el conflicto sobre las papeleras a la Justicia internacional y que actúe para acabar con los cortes, los que, a su entender, impiden que se pueda continuar con la construcción de las plantas de celulosa.
“Los manifestantes argentinos actúan ante la pasividad de las autoridades competentes. No hay excusa válida de la omisión del gobierno argentino de impedir los bloqueos”, dijo el embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell, apuntando contra el presidente Néstor Kirchner.
Asimismo, los representes uruguayos destacaron que las interrupciones de los puentes violan "las obligaciones" de Argentina en el marco de los acuerdos del MERCOSUR y tienen consecuencias negativas para el turismo y la economía uruguaya.
Sin embargo, la jefa de la delegación argentina sostuvo que los bloqueos no afectaron al turismo ni a la construcción de las celulosas, y destacó que la empresa Botnia tiene previsto terminar la obra “en el último cuarto del año 2007”.
Además, Cerrutti buscó invalidar la demanda actual de Uruguay por haber recurrido antes, por la misma cuestión, al tribunal de arbitraje del MERCOSUR (que integran ambos países junto con Brasil, Paraguay y Venezuela), que justamente no permite dirigirse a otra instancia.
En mayo, Argentina presentó una denuncia ante la Corte de La Haya, encabezada por la británica Rosalyn Higgins, por la construcción de las papeleras, lo que viola, según el gobierno argentino, el tratado del río Uruguay que ambos países firmaron en 1975. No obstante, la CIJ desestimó en julio la petición para que se paralicen las obras.
dju / dju
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