La delegación Argentina que viajó a Holanda se presentó este jueves a la
primera audiencia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya para denunciar la violación del Estatuto del Río Uruguay por parte del gobierno de Montevideo, que autorizó la instalación de dos papeleras en la ribereña ciudad de Fray Bentos.
En la audiencia realizada por la mañana, Susana Ruiz Cherutti, jefa de la misión argentina y los especialistas de la cancillería argentina y de la provincia de Entre Ríos advirtieron ante los 15 miembros de la Corte sobre los
"daños irreversibles" que el emprendimiento podría ocasionar en la salud de la población, en el turismo y en la economía de la región.
Durante
tres horas, la misión argentina intentó probar que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975, al autorizar de manera unilateral la construcción de las papeleras por parte de las empresas Botnia (finlandesa) y Ence (española). También la delegación adujo que Uruguay no entregó en tiempo y forma los informes sobre las obras llevadas a cabo en Fray Bentos.
Por su parte, los representantes de Uruguay advirtieron que el gobierno de Tabaré Vázquez
respetó las exigencias medioambientales, y que está dispuesto a controlar junto con la Argentina la posible contaminación, pero no consentirá que se bloquee su desarrollo con argumentos “falsos”.
El embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell, quien dirige la defensa de su país, aseguró que “Uruguay tomó todas las medidas necesarias para que no haya contaminación y desea someter el funcionamiento futuro de estas fábricas a un proceso de control estricto para minimizar los riesgos”.
“Siempre tomamos en cuenta las preocupaciones argentinas. Nuestra ley en materia medioambiental es muy estricta, incluso está presente en la Constitución. Somos los primeros interesados en defender la calidad del agua del río Uruguay”, dijo el diplámtico durante la audiencia de la tarde.
Asimismo, Gros Espiell recordó que la inversión de 1.800 millones de dólares que implicará la construcción de las dos papeleras es “esencial para el desarrollo económico y humano” de Uruguay, “primer país de América y tercero del mundo" en cuanto al respeto del medio ambiente.
Por su parte, Alan E. Boyle, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de
Edimburgo, que también participa en la defensa del Uruguay, argumentó que Uruguay “demostrará que no hay ninguna posibilidad de que este daño (irreversible) exista y por tanto no hay razón para que la Corte decrete la suspensión de las obras”.
Luego de estos
dos días de audiencias, la Corte Internacional de la Haya deberá decidir si paraliza la instalación de las dos papeleras. Sólo después, la Corte entrará en el tema de fondo: la demanda argentina basada en la violación por parte del Estado Uruguayo del estatuto del Río Uruguay de 1975.
dju / dju
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