El arbitraje privado en el mercosur. Actualidad y perspectivas

Arreglo de las diferencias entre particulares. El Arbitraje. Sus ventajas

Los desarrollos sobre el arbitraje en el Mercosur se han referido predominantemente a los cuestiones entre los Estados. Este trabajo, en el que se receptan y reproducen importantes opiniones doctrinarias y rese�as de jurisprudencia reciente, se refiere al arbitraje privado, su actualidad y sus perspectivas. <![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>

Se ha indicado con acierto que las disputas originadas por la inversi�n extranjera entre los inversores extranjeros y los nacionales de otros Estados, receptores de la inversi�n, son cuestiones tan delicadas como complejas que merecen ser analizadas especialmente, ya que una controversia originada en una inversi�n extranjera involucra generalmente al Estado receptor por lo que su contenido excede el estricto campo de lo privado.

�Es el arbitraje un sistema confiable?

Los hombres de negocios, conforme la constante pr�ctica comercial se muestran inclinados por confiar en las t�cnicas de Derecho Internacional Privado, y en el campo de las inversiones extranjeras, los operadores tienen razones v�lidas para desconfiar de la lex marcatoria, dado que ante el evento de un litigio, el recurso a ella, puede resultar en ocasiones sorpresivo tanto para los abogados como para los clientes.

�Es el arbitraje un sistema eficaz?

Es por ello que el arbitraje es uno de los m�todos de soluci�n con que cuentan las sociedades para la resoluci�n de los conflictos. Tanto en el orden interno como en el internacional, ha demostrado poseer la virtualidad de resolverlos de modo eficaz. La rapidez en la soluci�n de los conflictos; la previsibilidad de los costos; la inmediaci�n; la idoneidad y confidencialidad, son ventajas esenciales y caracter�sticas medulares que lo han convertido en una alternativa de relevante inter�s para los justiciables.

En la extensa dimensi�n de las transacciones internacionales la v�a arbitral desempe�a un rol importante, cuando no una funci�n casi insustituible.

�El arbitraje, sustituye a la justicia estatal?

Por cierto que el arbitraje no es un mecanismo de soluci�n de los conflictos que aspire a sustituir a las justicias estatales. Es m�s, en su vertiente internacional el arbitraje ha sido modelado por las jurisprudencias estatales.

Lo cierto es que el arbitraje es una instituci�n confiable que, b�sicamente, facilita la soluci�n de las divergencias al darle una respuesta r�pida y eficiente.

�Existen reparos acerca del arbitraje?

Nuestro pa�s, como en general los pa�ses latinoamericanos, ha puesto tradicionalmente ciertos reparos al desarrollo del arbitraje.

En la actualidad, y ello es importante se�alarlo, ha habido un cambio de mentalidad o toma de conciencia, acerca de las virtudes ofrecidas por el arbitraje, como de otras formas alternativas de resoluci�n de los conflictos.

�Qu� esperan encontrar quienes recurren al arbitraje?

Resulta casi de toda obviedad se�alar que el incremento de las relaciones jur�dicas internacionales a trav�s de las fronteras, ha elevado al arbitraje privado internacional a la categor�a de m�todo de resoluci�n de las disputas por excelencia. Las partes en las transacciones internacionales, al preseleccionar al arbitraje como m�todo de resoluci�n de sus disputas, esperan encontrar: un foro neutral que interprete sus derechos, en lo posible sin la interferencia de los tribunales estatales.

�C�mo se ha recibido el arbitraje en el derecho interno?

Los ordenamientos nacionales, sobre todo en la �ltima d�cada, han pugnado por poner al d�a sus leyes sobre arbitraje, acompa�ando la realidad para adaptarse a las nuevas exigencias y necesidades del comercio internacional.

La tendencia obstaculizadora ha comenzado a revertirse, toda vez que la Rep�blica Argentina ha incrementado el desarrollo de las transacciones internacionales que implican intercambio de bienes, servicios y personas a trav�s de las fronteras.

�Cu�l es la percepci�n que se tiene del arbitraje en el campo internacional?

Dentro del campo internacional el arbitraje por sus m�ritos, su juridicidad y su conveniencia, es una instituci�n que goza de gran solidez y prestigio con tendencia a su consolidaci�n.

El ingreso de nuestro pa�s dentro del Mercosur es otro factor que motivar� en el porvenir la consolidaci�n de la instituci�n arbitral en el espacio integrado.

En este contexto, el arbitraje resultar� un m�todo de composici�n de conflictos de intereses apta para el reconocimiento de los derechos.

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Laudo arbitral. Efectos <![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]>

�Cu�l es el concepto de arbitraje? �Qu� es el �acuerdo arbitral�?

El arbitraje puede entonces ser concebido como un sistema de resoluci�n de conflictos, que implica la exclusi�n de los �rganos estatales de administraci�n de justicia para la resoluci�n de uno o m�s conflictos. Esta exclusi�n ser� normalmente consecuencia de un acuerdo de voluntades entre las partes, denominada gen�ricamente "acuerdo arbitral".

�Cu�ndo el arbitraje prescinde de la administraci�n de justicia y cu�ndo se vincula a ella?

El arbitraje aparece de esta forma como un instrumento del cual pueden valerse los particulares para instaurar un sistema de administraci�n de justicia que prescinda -respecto de la decisi�n del conflicto- del Poder Judicial. Pero una vez que los �rbitros dictaron la sentencia, si la misma no es espont�neamente cumplida por el perdidoso, la otra parte deber� recurrir a los jueces ordinarios para obtener de ellos la compulsi�n necesaria para lograr el cumplimiento forzado.

�C�mo ha sido receptado el laudo arbitral por las normas de derecho interno?

En virtud de la asimilaci�n que en cuanto a sus efectos tienen los laudos arbitrales con las sentencias judiciales, el tr�mite que los C�digos Procesales disponen para ello es el de ejecuci�n de sentencias (art. 499 CPr. art. 497 CPr. Bs. As., arts. 435 y 262 CPr. Santa Fe, art. 953 CPr. C�rdoba).

�Cu�l es la naturaleza jur�dica del laudo arbitral?

El laudo que los �rbitros dictan es una verdadera sentencia, y los diferentes C�digos de Procedimientos le asignan id�ntica validez jur�dica, al considerarlo como t�tulo ejecutorio susceptible de ejecuci�n por los mismos medios que una sentencia dictada por un magistrado judicial. Al establecer los procedimientos para la ejecuci�n de sentencias los ordenamientos procesales han puesto a los laudos arbitrales en un absoluto pie de igualdad con las sentencias judiciales.

�Tiene el laudo arbitral car�cter obligatorio?

No existiendo causales que obsten a su validez, el laudo participa de la obligatoriedad caracter�stica de los actos de autoridad, en virtud de la funci�n p�blica que el ordenamiento jur�dico otorga a los �rbitros para dirimir conflictos. La carencia de imperium de los �rbitros no perjudica la obligatoriedad del laudo, ya que esta diferencia con los poderes de los tribunales judiciales no incide en lo esencial de la jurisdicci�n, que radica en la fuerza vinculante e inmutabilidad de las decisiones arbitrales.

�Cu�les son los efectos del laudo arbitral?

Un laudo v�lido hace cosa juzgada respecto del fondo de las cuestiones que las partes sometieron a los �rbitros. Una vez que se encuentra firme y consentido, las decisiones contenidas en �l son irrevisables y obligatorias. Este efecto vinculante se produce respecto de las partes y de otros jueces: aqu�llas, por cuanto no pueden volver a proponerlas ante ning�n otro tribunal judicial ni arbitral, y �stos, por cuanto -en principio- carecen de potestades para revisarlas.

Pero obtenida con el laudo la certeza de un derecho, la aspiraci�n m�xima de la parte vencedora en el juicio arbitral ser� que su contraria cumpla voluntariamente lo mandado por los �rbitros. Como ello no sucede en la totalidad de los casos, el ordenamiento jur�dico ha debido arbitrar los medios necesarios para obtener compulsivamente del deudor la conducta debida.

�C�mo se ejecuta un laudo arbitral?

Es por ello que los laudos firmes constituyen t�tulo ejecutorio, pudiendo perseguirse su cumplimiento forzado en los tribunales ordinarios, por los mismos procedimientos existentes para la ejecuci�n de sentencias judiciales. Si bien el ordenamiento no ha concedido a los �rbitros la facultad de ejercer coacci�n, pone a su alcance el imperium que caracteriza a los jueces estatales, quienes est�n obligados a prestar el auxilio de la fuerza p�blica a fin de que se satisfagan los derechos reconocidos en el laudo.

�Cu�l es el juez competente para la ejecuci�n del laudo?

En general, los C�digos no disponen con claridad cu�l es el juez ante quien tramita la ejecuci�n del laudo arbitral (a excepci�n de Santa Fe), pudiendo suponerse que ser�a aqu�l a quien hubiese correspondido entender en el juicio si no se hubiese pactado el arbitraje. No obstante, pensamos que la cuesti�n admite algunas interpretaciones diferentes, no siendo posible descartar que tambi�n pueda ser el juez del lugar donde el laudo deba ser cumplido (arg. inc. 2 arts. 501 CPr. y 499 CPr. Bs. As., en consonancia con el inc. 3 del art. 5 de ambos).

En funci�n de la diversidad de competencias que podr�an plantearse, nos parece aconsejable que las partes incorporen al acuerdo arbitral una previsi�n expresa en tal sentido, prorrogando la jurisdicci�n judicial para la ejecuci�n del laudo.

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Reconocimiento y ejecuci�n de sentencias y laudos extranjeros<![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]>

En este trabajo, referiremos a uno de sus aspectos m�s importantes como es el relativo al reconocimiento y ejecuci�n de las sentencias arbitrales o laudos extranjeros.

Seguimos los lineamientos de una doctrina extendida, cuyos conceptos reproducimos. Una sentencia extranjera constituye el acto adoptado por la autoridad judicial de otro Estado en el ejercicio de un poder vinculado con la soberan�a estatal: el de juzgar y ejecutar lo juzgado.

Esta decisi�n goza, dentro del territorio del Estado donde ha sido dictada de todos los atributos que le son propios y conforme con su naturaleza. Este acto jurisdiccional tendr� los efectos de cosa juzgada formal y material, fuerza ejecutiva, dentro de los l�mites del Estado en el que ha sido dictado, pero en principio, carecer� de efecto, de eficacia extraterritorial.

Cabe establecer que uno de los principios rectores que impregnan algunos marcos normativos, como el Convenio de Bruselas de 1968, es la ausencia de control por parte del Estado requerido.

Este principio implica la consagraci�n de la presunci�n de validez de la resoluci�n judicial emanada de un �rgano jurisdiccional de un Estado contratante y la n�tida adopci�n, por parte del legislador del sistema de reconocimiento autom�tico.

Existe un control m�nimo, que no significa reconocimiento a ciegas. En este sentido podemos citar los art�culos 27, 28 y 29 del citado texto legal que, en cinco incisos contempla aquellas hip�tesis en que las resoluciones judiciales no deber�n ser reconocidas en el territorio de los Estados contratantes.

La doctrina m�s autorizada en la materia, tanto nacional como extranjera, luego de distinguir n�tidamente entre las nociones de reconocimiento y de ejecuci�n, aclara que "toda sentencia declarativa, constitutiva o de condena es susceptible de reconocimiento en un Estado distinto del cual procede.

Solamente las sentencias condenatorias son susceptibles de ejecuci�n. Queda claro que no puede haber ejecuci�n sin reconocimiento, pero en cambio puede haber reconocimiento sin ejecuci�n. Se trata de nociones distintas, las que no pueden ser confundidas.

De modo, que por reconocimiento entendemos el examen de la admisibilidad jur�dica del pronunciamiento dictado en el extranjero, comprendiendo el conjunto de actos procesales para establecer si la decisi�n re�ne los requisitos de admisibilidad indispensables y por ejecuci�n la pretensi�n de dotar de fuerza ejecutiva al pronunciamiento dictado en el extranjero con virtualidad suficiente como para habilitar al titular del derecho all� consagrado para requerir, de resultar menester, el auxilio de la fuerza p�blica del Estado requerido.

Dentro de esa l�nea de pensamiento, y dicho de otra manera puede conceptualmente distinguirse entre "reconocimiento" que implica el acto a trav�s del cual la sentencia o laudo extranjero es considerado como definitivo y vinculante para las partes y "ejecuci�n" que consiste en el procedimiento a trav�s del cual el titular de una sentencia extranjera a su favor obtiene la v�a procesal efectiva para cobrar su cr�dito.

Sin embargo, cabe se�alar que coincidentemente tanto para el reconocimiento como para la ejecuci�n de una sentencia o laudo dictado en el extranjero, es necesario que se cumplan determinados requisitos que cubran los aspectos formales, procesales y materiales.

El control de los mencionados recaudos tienden, en mayor o menor medida, con los primeros a verificar si los fallos extranjeros se encuentran revestidos de las formalidades externas necesarias para ser considerados aut�nticos en el Estado de donde proceden; con los segundos, a asegurar la regularidad del proceso llevado a cabo en el extranjero, el cumplimiento del debido proceso por parte de un juez que ostente competencia internacional y los �ltimos, a resguardar que el reconocimiento o la ejecuci�n no entra�e la vulneraci�n del orden p�blico internacional del Estado requerido.

Cabe se�alar que el derecho positivo argentino en el art�culo 517 y siguientes del C�digo Procesal Civil y Comercial de la Naci�n, y en el segundo nivel, basta citar los Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940 y la Convenci�n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos arbitrales extranjeros, aprobada por la Rep�blica Argentina mediante la ley 22.921, donde se dispone en el art�culo 2: "Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones judiciales extranjeras tendr�n eficacia extraterritorial en los Estados Partes si re�nen las condiciones siguientes: a)...b)...c)...d)que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto.".

Cabe observar que el C�digo Procesal, a los efectos de la ejecuci�n en nuestro territorio, equipara a las sentencias con los laudos arbitrales dictados en el extranjero.

En esta �ltima hip�tesis, para lograr la ejecuci�n de laudos arbitrales dictados en el extranjero dentro del territorio nacional, se prev� que adem�s de los recaudos establecidos en lo pertinente en los art�culos anteriores, deber�n ser cumplidas dos condiciones adicionales. Una referida a la validez del acuerdo de pr�rroga, la cual deber� ajustarse a los t�rminos del art�culo 1 del C�digo Procesal y otra relativa a la arbitrabilidad de la controversia, estableci�ndose que las cuestiones que constituyan el objeto del acuerdo arbitral sean transables.

El laudo dictado en el extranjero, por tanto, ser� reconocido o ejecutable en el territorio nacional:

1�. Si re�ne, en lo pertinente las condiciones de los art�culos 517 y 518 del C�digo Procesal;

2�. Si las controversias, los diferendos objeto de la v�a arbitral, se corresponden con las susceptibles de transacci�n, es decir, aquellas que b�sicamente, se mueven dentro del �rea de la disponibilidad de las partes.

3�. Si el acuerdo de pr�rroga de jurisdicci�n es v�lido, esto es si se trata de cuestiones objetivamente internacionales, no existe jurisdicci�n exclusiva de los tribunales estatales argentinos y la pr�rroga no est� prohibida por la ley.

La convenci�n de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecuci�n de laudos arbitrales extranjeros � ratificada por ley argentina 23.619 del 28 de septiembre de 1988., es precisamente el instrumento de car�cter pr�ctico m�s importante del derecho privado uniforme, reconoce la validez de los acuerdos arbitrales celebrados por escrito y obliga a los tribunales estatales a remitir a las partes a arbitraje y dictado el laudo obliga a los tribunales estatales a reconocerlos y a ordenar su cumplimiento forzoso.

Sint�ticamente puede decirse que esta Convenci�n que tiene vigencia casi universal, regula dos de los aspectos fundamentales en materia de arbitraje privado internacional como son el reconocimiento de la validez del acuerdo de arbitraje y el reconocimiento y ejecuci�n de los denominados laudos extranjeros.

Podemos se�alar que consagra el principio rector que inspira las modernas legislaciones y convenciones internacionales que se basa en la presunci�n de validez de los acuerdos arbitrales y la regularidad de las sentencias arbitrales extranjeras, estableciendo el requisito de la obligatoriedad de la sentencia extrajera, no su firmeza.

Para ello, exige la presentaci�n de un n�mero m�nimo de documentos para respaldar la petici�n de la parte que invoca a su favor una sentencia arbitral extranjera: la copia del acuerdo arbitral y del laudo, en su caso traducido si el idioma en que se ha dictado es distinto de aqu�l en que se redact� el acuerdo arbitral.

Por �ltimo, invierte la carga de la prueba, obligando a quien resiste el reconocimiento y/o ejecuci�n a probar que no se encuentran reunidos los requisitos que lo impiden. En este sentido, cabe se�alar que las causales se encuentran taxativamente establecidas en el art�culo V de la Convenci�n. Posibilita la denegaci�n o rechazo de oficio por parte del juez requerido, cuando el laudo se opone al orden p�blico internacional o se trata de una cuesti�n no arbitrable de conformidad con la ley del foro.

La corriente doctrinal mayoritaria entiende que el laudo es obligatorio de conformidad con la ley que lo gobierna, que lo rige, vale decir, con arreglo a la ley del pa�s en el cual o bajo la ley del cual, el laudo ha sido dictado. Sin embargo, consideramos que estas dificultades pueden verse atenuadas, mediante la redacci�n de un prolijo acuerdo arbitral en el que se establezca el momento en que el laudo ser� considerado como obligatorio o la sabia elecci�n de un centro de arbitraje que prevea esta delicada cuesti�n en su reglamento.

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Algunos fallos. Comentarios

Analizaremos ahora la tendencia jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia y algunas iniciativas institucionales tendientes a la creaci�n de organismos arbitrales regionales.

Desde la perspectiva de nuestro pa�s, tenemos todav�a el enorme d�ficit de una legislaci�n interna sobre arbitraje completamente inadecuada. Si bien no es dable atribuir a la legislaci�n la poca predisposici�n de los argentinos a utilizar el arbitraje, hemos sostenido la urgente necesidad de recomponer nuestro ordenamiento arbitral para adaptarlo a las necesidades de justicia de la sociedad y acompa�ar los procesos de actualizaci�n que est�n d�ndose en otros pa�ses. Sin embargo, desde la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n est�n empezando a llegar algunas se�ales que permiten vislumbrar un decidido apoyo al arbitraje internacional.

<![if !supportLists]>��������� <![endif]>El fallo de la Corte Suprema en el caso "Fibraca" resulta un decidido y directo apoyo al arbitraje internacional. Al rechazar la procedencia de un recurso extraordinario deducido contra la sentencia del Tribunal Arbitral de Salto Grande, la Corte Suprema de Justicia de la Naci�n decidi� que la aplicaci�n del art. 27 de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados con relaci�n al acuerdo de sede que establece la inmunidad de la Comisi�n T�cnica Mixta, lleva a determinar que los �rganos del Estado argentino -una vez asegurados los principios de derecho p�blico constitucionales- deben asignar primac�a a los tratados internacionales ante un eventual conflicto con cualquier norma interna. A�adi� la Corte en el fallo que esta conclusi�n resulta m�s acorde con las exigencias de cooperaci�n, armonizaci�n e integraci�n internacionales que la Rep�blica Argentina ha hecho propias y elimina la eventual responsabilidad del Estado por los actos de sus �rganos internos.

Al referirse espec�ficamente al sistema arbitral de la Comisi�n T�cnica Mixta de Salto Grande, dijo la Corte que la obligaci�n que trae aparejada la inmunidad de jurisdicci�n de contar con procedimientos convenientes para la soluci�n de las controversias en las cuales sea parte la organizaci�n, encuentra adecuada satisfacci�n en el tribunal arbitral creado para tales fines. No puede alegarse v�lidamente privaci�n de justicia ya que existe una jurisdicci�n internacional aceptada por nuestro pa�s y a la que las partes voluntariamente se sometieron. Tampoco puede admitirse que la Corte revise la decisi�n del Tribunal Arbitral, pues ello entra en contradicci�n con el esp�ritu de la norma internacional que ambas partes acordaron. Concluy� finalmente la Corte que la inmunidad de jurisdicci�n de que goza la Comisi�n T�cnica Mixta de Salto Grande impide la revisi�n del laudo <![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]>

<![if !supportLists]>��������� <![endif]>La C�mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, por la Sala E, tuvo ocasi�n de expedirse en la causa: "Voest Alpine Intertrading c/Cargem SA", en la sentencia dictada el 11 de octubre de 1988.

Se trata de un caso que llega al tribunal superior ante el agravio de la actora contra la decisi�n del juez de grado que desestim� liminarmente su pretensi�n de obtener el exequatur a favor de un laudo dictado en la ciudad de Londres, Inglaterra. El sentenciante rechaz� el pedido de ejecuci�n del laudo, por entender que la documentaci�n acompa�ada no hab�a sido presentada debidamente legalizada, por carecer de la necesaria intervenci�n del funcionario de Gran Breta�a que certifique la autenticidad de origen, autorizaci�n que debe constar antes de la expedida por el encargado de asuntos argentinos de la Embajada de la Rep�blica Federativa de Brasil en Londres.

Sostuvo la C�mara que "...M�s all� de la naturaleza del laudo arbitral en el pa�s de su expedici�n, lo cierto es que el mismo ha adquirido car�cter p�blico por la intervenci�n del notario ingl�s...". Si bien el tribunal reconoce que el recaudo se encuentra incumplido, considera que tal situaci�n debe ser regularizada mediante el r�gimen establecido, no al momento del dictado del laudo sino al momento del exequatur, por la Convenci�n de La Haya de 1961, en vigor en la Rep�blica Argentina, que suprime la exigencia de legalizaci�n de los documentos p�blicos extranjeros .

En efecto, el mencionado instrumento internacional, en vigencia desde el 18 de febrero de 1988, considera documento p�blico a las actas notariales, lo cual determina que la documentaci�n cuya ejecuci�n se intentara se encontrara alcanzada por dicha normativa, que exige como �nica formalidad la inserci�n de un certificado denominado "apostille" que deber� ser expedido por la autoridad competente del Estado en que se origin� el documento.

<![if !supportLists]>��������� <![endif]>La Corte Suprema de Justicia de la Naci�n, el 15 de octubre de 1996 sostuvo en los autos caratulados: "R�opar S.R.L. c.Transportes Fluviales Argenrio S.A.", que:

�La eficacia extraterritorial en la Rep�blica Argentina de una resoluci�n judicial pronunciada en la Rep�blica del Paraguay est� condicionada a la satisfacci�n de ciertos requisitos contenidos en los tratados que unen ambos Estados, algunos de los cuales pueden ser verificados de oficio por el juez requerido, entre ellos, la compatibilidad de lo actuado y resuelto con los principios y leyes de orden p�blico del Estado en que se pide el reconocimiento o la ejecuci�n�.

�El principio del debido proceso adjetivo (art. 18 de la Constituci�n Nacional) integra el orden p�blico internacional argentino y a �l debe conformarse no s�lo todo procedimiento jurisdiccional que se lleve a cabo en jurisdicci�n argentina, sino tambi�n todo procedimiento que concluya en sentencia o resoluci�n pronunciada por autoridad judicial extranjera con efectos extraterritoriales en la Rep�blica Argentina.�

<![if !supportLists]>��������� <![endif]>La C�mara Nacional en lo Comercial, Sala A, con fecha 15 de julio de 1999, en la causa caratulada: "Pamet s. Incidente de Revisi�n por Triunph Europe Holding R. y otros", sostuvo la siguiente doctrina:

�1. El exequatur es un juicio de control jurisdiccional mediante el cual se efect�a una declaraci�n de certeza de la ejecutoriedad de una resoluci�n judicial o arbitral extranjera.

2. Dado que el exequatur es un proceso especial mediante el cual se reconoce eficacia ejecutoria a un fallo extranjero, las defensas o articulaciones que pretendan despojar el t�tulo de tal eficacia, deber�n plantearse ante el juez que conozca en el proceso.

3. Toda vez que el exequatur es un proceso especial mediante el cual se reconoce eficacia ejecutoria a un fallo extranjero, debe reconocerse derecho al futuro ejecutado a objetar los t�rminos del testimonio en cuesti�n si considera que no corresponde fielmente con las constancias de autos.

4. En materia arancelaria, el derecho a la percepci�n de los honorarios......".<![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]>

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El futuro del arbitraje privado en el Mercosur

El Mercosur tiene la virtud de promover un nuevo espacio jur�dico-econ�mico para el comercio internacional, y toda controversia que surja entre particulares en raz�n del intercambio econ�mico que estimula un Mercado Com�n, deber� ser resuelta en forma privada.

La experiencia pr�ctica es rica en antecedentes que muestran al arbitraje como una v�a eficaz a trav�s de la cual se han podido resolver r�pidamente y a bajo costo innumerables cuestiones privadas que de otra manera hubiesen llevado a�os de intrincados procesos judiciales en diferentes jurisdicciones, sometiendo a las partes a un desgaste insuperable y a monstruosos costos econ�micos.

Si en cuestiones exclusivamente dom�sticas el arbitraje se ha revelado como una de las f�rmulas m�s satisfactorias, sus ventajas se potencian cuando el conflicto involucra a partes radicadas en diferentes latitudes. La disyuntiva de acudir a una u otra jurisdicci�n judicial -rec�procamente te�idas de sospecha y parcialidad por la otra parte- es s�lo subsanable mediante el recurso a un arbitraje neutral y especializado, en el que las partes pueden acordar no s�lo la elecci�n de la persona m�s id�nea para el caso, sino tambi�n el lugar donde habr� de realizarse, el idioma, el procedimiento que los �rbitros deber�n seguir y a�n el derecho de fondo aplicable.

La generalizada ratificaci�n de las convenciones sobre reconocimiento y ejecuci�n de laudos arbitrales extranjeros (Nueva York 1958 y Panam� 1975) y los procesos de unificaci�n de las legislaciones internas sobre arbitraje va logrando superar los escollos que antiguamente hac�an de los laudos arbitrales internacionales una herramienta poco eficaz frente a la resistencia de los jueces nacionales a darles cumplimiento forzado.

De todas maneras, el Protocolo de Las Le�as uniforma, para los pa�ses miembros del Mercosur, las condiciones para el reconocimiento y ejecuci�n de laudos arbitrales dictados en otro Estado miembro. Ello facilitar� que un laudo arbitral dictado en cualquiera de los pa�ses miembros tenga m�s expedita la v�a para su ejecuci�n en otro.

Por su parte, el Protocolo de Olivos ha establecido un mecanismo para resolver las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la interpretaci�n, aplicaci�n o incumplimiento del Tratado de Asunci�n, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunci�n, de las Decisiones del Consejo del Mercado Com�n, de las Resoluciones del Grupo Mercado Com�n y de las Directivas de la Comisi�n de Comercio del Mercosur, refiriendo a los procedimientos establecidos en el Protocolo y a las que las mismas podr�n ser sometidas.

Se establece la opci�n de que esas controversias puedan tambi�n ser sometidas al sistema de soluciones de la Organizaci�n Mundial del Comercio o de otros esquemas preferenciales de comercio de que sean parte individualmente los Estados Partes del Mercosur, a elecci�n de la parte demandante. Sin perjuicio de lo cual, las partes en la controversia podr�n, de com�n acuerdo, convenir el foro.

Tambi�n se establecen los mecanismos relativos a aspectos t�cnicos, OPINIONES CONSULTIVAS, NEGOCIACIONES DIRECTAS y la INTERVENCI�N DEL GRUPO MERCADO COM�N, si fuere que mediante las negociaciones directas no se alcanzare un acuerdo o si la controversia fuere solucionada solo parcialmente, cualquiera de los Estados partes en la controversia

Sin perjuicio de ello, los Estados partes en la controversia podr�n, de com�n acuerdo, someterla a consideraci�n del Grupo Mercado Com�n.

Si la controversia fuese sometida al Grupo Mercado Com�n por los Estados partes en la controversia, �ste formular� recomendaciones que, de ser posible, ser�n expresas y detalladas tendientes a la soluci�n del diferendo.

Si la controversia fuere llevada a consideraci�n del Grupo Mercado Com�n a pedido de un Estado que no es parte en ella, el Grupo Mercado Com�n podr� formular comentarios o recomendaciones al respecto.

Lo relevante, a los efectos de este trabajo es que se establece un PROCEDIMIENTO ARBITRAL AD HOC y la intervenci�n de un Tribunal Permanente de Revisi�n.

Los laudos de los Tribunales Arbitrales Ad Hoc son obligatorios para los Estados partes en la controversia a partir de su notificaci�n y tendr�n, con relaci�n a ellos, fuerza de cosa juzgada si transcurrido el plazo para interponer el recurso de revisi�n, �ste no fuere interpuesto.

Los laudos del Tribunal Permanente de Revisi�n son inapelables, obligatorios para los Estados partes en la controversia a partir de su notificaci�n y tendr�n, con relaci�n a ellos, fuerza de cosa juzgada.

Los laudos deber�n ser cumplidos en la forma y con el alcance con que fueron dictados. La adopci�n de medidas compensatorias en los t�rminos del Protocolo de Olivos en an�lisis, no exime al Estado parte de su obligaci�n de cumplir el Laudo.

El futuro del arbitraje como sistema de resoluci�n de conflictos entre particulares en el �mbito del Mercosur aparece como sumamente auspicioso. No tenemos duda alguna acerca de que el arbitraje es la v�a m�s id�nea para proporcionar soluciones r�pidas, justas, econ�micas y f�cilmente ejecutables. Esta v�a es directamente operativa y est� disponible para las partes. Para ello no se necesita tratado alguno que lo establezca, ya que son en definitiva arbitrajes internacionales, a los cuales son aplicables las reglas comunes -de fuente interna y de fuente internacional- referidas al arbitraje comercial internacional.

Dentro de este proceso, ser� particularmente importante que los pa�ses miembros del Mercosur armonicen sus legislaciones internas en materia de arbitraje (y en especial sobre reconocimiento y ejecuci�n de laudos arbitrales extranjeros) y que aquellos pa�ses que a�n no lo han hecho ratifiquen las Convenciones existentes sobre la materia.

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BIBLIOGRAF�A Y DOCUMENTOS CONSULTADOS:

El presente trabajo ha sido elaborado consultando una diversidad de informes de diverso origen, de los cuales hemos transcripto fragmentos, entre los cuales citamos:

Feldstein de C�rdenas, Sara L.,

��CONTRATOS INTERNACIONALES�, Abeledo-Perrot 1995, �C�a. Naviera P�rez Companc, S.A. y otro c. Ecofisa, S.A. y otro� (Lexis N� 1501/001870. 1501/11930)

Feldstein de C�rdenas, Sara L.,