TEMARIO: I.- De las Fuentes - II.- Del Objeto - III.- Del �mbito de aplicaci�n - IV.- De la autonom�a de la Convenci�n Arbitral - V.- Del Derecho aplicable a la cuesti�n y Tipo de arbitraje - VI.- Arbitraje de derecho o de equidad - VII.- Reconocimiento y ejecuci�n del Laudo Arbitral - VIII.- Conclusiones - IX.- Bibliograf�a.

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I.- DE LAS FUENTES:

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En principio debemos destacar que en el �mbito mercosure�o, la firma de los Acuerdos,� no gestan la creaci�n de un Tribunal Justicia, sino que se limitan a lograr una regulaci�n del Arbitraje. Sin embargo las fuentes de los Acuerdos suscriptos en el marco regional, encuentran sus ra�ces o fuentes del sistema arbitral, que trae aparejado el Acuerdo en estudio, en su antecedente, como lo es el correspondiente a la Comunidad Andina -CAN- y del cual no debemos de dejar de prestar atenci�n, ya que con fecha 16 de abril de 1998, previo cumplimentaci�n de las pautas establecidas de la OMC, se suscribe en Buenos Aires, el Acuerdo Marco para la creaci�n de la Zona de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la CAN, a la fecha vigente.

T�ngase presente que por el Acuerdo de Cartagena y por el Tratado del 28 de mayo de 1979, se crea el Tribunal Andino de Justicia en 1983 -s�lo a escasos cuatro a�os, de la firma del referido Tratado-. Este Tribunal se caracteriza principalmente por ser independiente y aut�nomo de los Estados Partes, con facultades suficientes de interpretaci�n prejudicial� de la norma comunitaria, al igual que el Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea. Posee una sede permanente que la localizamos en Quito.

Asimismo el Acuerdo reconoce como fuente la Convenci�n Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional del 30 de enero de 1975, concluida en la ciudad de Panam�, la Convenci�n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros del 8 de mayo de 1979, concluida en Montevideo y la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisi�n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, del 21 de junio de 1985.

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II.- DEL OBJETO:

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El art�culo 1 del Acuerdo se�ala:

�El presente Acuerdo tiene por objeto regular el arbitraje como medio alternativo privado de soluci�n de controversias, surgidas de contratos comerciales internacionales entre personas f�sicas o jur�dicas de derecho privado.�

De la lectura de la norma transcripta nos encontramos con una serie de limitaciones; en cuanto a su �mbito de aplicaci�n material, dado que la circunscribe �nicamente a contratos comerciales internacional, objeto de acciones que sean incoadas por sujetos que act�an como particulares -persona f�sicas o jur�dicas de derecho privado- �nicamente, lo que podr�a llegar a entenderse que devendr�a improcedente su aplicaci�n en supuestos no contemplados o no contractuales.

Siguiendo a la Dra. Adriana Dreyzin de Klor, quien se�al� que habida cuenta de que es generalmente aceptado que puede someterse a arbitraje aquello sobre lo que es posible transar, sorprende el texto de la norma al reducir el campo de aplicaci�n a contratos comerciales internacionales.

De la lectura de la disposici�n en estudio, se desprende tambi�n que limita su �mbito de pertenencia, circunscribi�ndolo al derecho privado, �....entre personas f�sicas o jur�dicas de derecho privado.�, excluyendo as� al arbitraje de derecho p�blico, atinente de dirimir conflicto entre Estados.

Por otra parte y a mi criterio, creo que el acuerdo deber�a haber contemplado la posibilidad de incluir dentro de su objeto y �mbito de aplicaci�n, a aquellos contratos tambi�n comerciales celebrados por los Estados cuando �ste act�a despojado de su �imperium�, es decir como persona jur�dica o de derecho privado, ello� en concordancia con la letra de otros Tratados Internacionales que merituaron esta circunstancia, a modo de ejemplo, el de Resoluci�n de Disputas en materia de Inversiones Extrajeras.

Por ello si bien coincidimos con la opini�n de la Dra. Mar�a Blanca Noodt Taquela entre la opci�n de regular s�lo el arbitraje internacional entre empresas del MERCOSUR o abarcar tambi�n empresas de terceros pa�ses que act�an, invierten o contratan con las del MERCOSUR, el Acuerdo eligi� claramente esta �ltima alternativa, quedar�a por a�adir que no merit�o la posibilidad que, una de las partes sea un Estado, que act�a, en la contrataci�n internacional como persona de derecho privado, despojado de su �imperium�.

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IIII.- DEL AMBITO DE APLICACION:

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El art. 3 del Acuerdo determina el �mbito espacial de aplicaci�n, el cual es realmente amplio.

La Convenci�n se aplicar� en conflictos entre particulares que al momento de celebrarse la convenci�n arbitral, tengan su residencia habitual, el centro principal de su negocios, la sede, sucursales, establecimientos o agencias, en m�s de un Estado Parte del MERCOSUR. (Art. 3 literal a.).

O cuando el contrato base tuviere alg�n contacto objetivo �jur�dico o econ�mico- con m�s de un Estado Parte del MERCOSUR. . (Art. 3 literal b.).

O cuando las partes no expresaren su voluntad en contrario y el contrato base tuviere alg�n contacto objetivo �jur�dico o econ�mico- con un Estado Parte, siempre que el tribunal tenga su sede en uno de los Estados Partes del MERCOSUR.� (Art. 3 literal c.).

O cuando el contrato base tuviere alg�n contacto objetivo -jur�dico o econ�mico- con un Estado Parte y el tribunal arbitral no tuviere su sede en ning�n Estado Parte del MERCOSUR, siempre que las partes declaren expresamente su intenci�n de someterse al presente Acuerdo.� (Art. 3 literal d.).

O cuando el contrato base no tuviere ning�n contacto objetivo �jur�dico o econ�mico- con un Estado Parte y las partes hayan elegido un tribunal arbitral con sede en un Estado Parte del MERCOSUR, siempre que las partes declaren expresamente su intenci�n de someterse al presente Acuerdo. (Art. 3 literal e.).

De lo visto se desprende que el Acuerdo, por cierto contempla un amplio margen de aplicaci�n espacial, determinando jurisdicci�n a trav�s de varios puntos de conexi�n,�� residencia habitual, el centro principal de sus negocios, la sede, sucursales, establecimientos o agencias, en m�s de un Estado Parte del MERCOSUR. De no existir la conexi�n �...siempre que las partes declaren expresamente su intenci�n de someterse al presente Acuerdo...� (Art. 3 literales d y e.).

Por lo hasta aqu� expuesto, resta ahora por se�alar que para la Dra. Liliana Rapallini, son dos los extremos que denotan la internacionalidad de un arbitraje, o en su caso el car�cter regional; uno es la especie de relaci�n jur�dica que lo ocupe, ya sea internacional o bien comunitaria y otro ser� la eficacia del laudo arbitral, t�pico propio de la cooperaci�n jur�dica. Tan es as� que los sustentos en la concertaci�n de Pactos interestatales sobre la materia condicionan su prosperidad a implementar acuerdos arbitrales que re�nan validez con la sugerencia de una cl�usula arbitral tipo y que adem�s, hagan del laudo arbitral un instrumento id�neo de reconocimiento y ejecutabilidad, de ser necesario, ante un juez nacional diferente del de origen.

En virtud de lo expuesto y analizando ahora el Acuerdo de Arbitraje del Mercosur, este considera aquellas relaciones entre personas f�sicas o jur�dicas que al celebrar el acuerdo arbitral cuenten con residencia habitual, centro principal de los negocios, sedes, sucursales o agencias en mas de un Estado Parte del mercado, atendiendo hasta aqu� en los sujetos del v�nculo. Por otro lado y en esta instancia reparando en el objetote la controversia, alude s�lo a aquellos contratos que tuvieren contactos objetivos de tenor jur�dico o econ�mico con mas de un Estado Parte del mercado. Surge as� del art. 3 que ser�n las conexiones emergentes de los sujetos o bien del objeto, las que determinen la calidad de la relaci�n jur�dica.

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IV.- DE LA AUTONOMIA DE LA CONVENCION ARBITRAL

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El art. 5 del acuerdo establece que: �La convenci�n arbitral es aut�noma respecto del contrato base. La inexistencia o invalidez de �ste no implica la nulidad de la convenci�n arbitral.�

A los fines del tratamiento del presente ac�pite debo destacar que rige el principio general que enuncia que de la validez del convenio arbitral depende la completa eficacia de esta instituci�n.

En virtud de ello y lo normado en la disposici�n transcripta se desprende que la convenci�n arbitral es aut�noma, respecto del contrato base,� la nulidad o inexistencia que pudiera llegar a viciar al contrato base no implica u origina la nulidad de la convenci�n arbitral. La convenci�n arbitral debe constar por escrito, y su validez formal se regir� por el derecho del lugar de celebraci�n, por lo que importa la aplicaci�n del principio �Locus regis actum�. (art.6).

En cuanto a la capacidad de las partes la misma estar� regida por la ley de sus domicilios (art.7.1) y la validez de la convenci�n arbitral en cuanto, al consentimiento, objeto y causa ser� regida por el derecho del Estado Parte sede del Tribunal Arbitral. (art. 7.2).Y para todas aquellas cuestiones relativas a la existencia y validez de la convenci�n arbitral ser�n resueltas por el propio Tribunal Arbitral, de oficio o a petici�n de partes. (art. 8). Esto �ltimo resulta concordante con el art. 18.1 dado que el Tribunal Arbitral est� facultado para decidir acerca de su propia competencia.

Para destacarse es el apartado 2� del art. 4 del Acuerdo que determina: �La convenci�n arbitral inserta en un contrato deber� ser claramente legible y estar ubicada en un lugar razonablemente destacado.� . Dicha disposici�n tiene en miras, la protecci�n de las partes mas d�biles de los acuerdos arbitrales.

Como otras caracter�sticas importantes para resaltar del Acuerdo, es que el mismo exhibe un arbitraje tutelado por el derecho de defensa y el debido proceso en todas las especies y tipos, l�ase institucionalizado o �ad hoc�, de derecho o de equidad; son ejemplo la menci�n al tratamiento equitativo, al pacto de buena fe, el estar a favor del principio del �favor validatis� frente a deficiencias formales (art.6), el acentuar la imparcialidad del �rbitro y de su libre convencimiento (art.11).

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V.- DEL DERECHO APLICABLE A LA CUESTI�N Y TIPO DE ARBITRAJE.

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El art. 10 del Acuerdo estable: �Las partes podr�n elegir el derecho que se aplicar� para solucionar la controversia en base al derecho internacional privado y sus principios, as� como al derecho del comercio internacional. Si las partes nada dispusieren en esta materia, los �rbitros decidir�n conforme a las mismas fuentes.�

De esta forma, las partes pueden elegir el derecho que regir� a los fines de dirimir la controversia, en base al Derecho Internacional Privado y sus principios, as� como al derecho del comercio internacional. Por su parte los �rbitros pueden decidir conforme a las mismas fuentes en la hip�tesis que las partes nada hayan acordado al respecto.�

Es interesan destacar que el Acuerdo en su art. 10, otorga un papel preponderante a la autonom�a de la voluntad, la que se manifiesta y como dispone la norma en dos fuentes, el D.I.P. y� el Derecho Comercial Internacional.

No obstante, tengamos presente que al D.I.P. lo integran la fuente convencional internacional y las normas indirectas, tanto de colisi�n como de remisi�n contenidas en los ordenamientos nacionales, as� las cosas y ante la inexistencia de un Tratado, Pacto o Convenci�n reguladora del contrato �base� llevado a arbitraje, ser�an de aplicaci�n las normas espec�ficas nacionales de los ordenamientos en juego, lo cual si el legislador no limita aclarando que ser�n las normas locales del Estado receptor del env�o, podr�a acarrear una problem�tica como lo es el �reenv�o�.

En cuanto al tipo de arbitraje en virtud de lo estatuido en el art. 11 el procedimiento puede ser institucional o �ad hoc�.

En la primer hip�tesis el procedimiento ante las instituciones arbitrales se regir� por su propio reglamento, en la segunda, el procedimiento arbitral podr� ser establecido por las partes. En este caso si las partes no hubiese previsto las normas de procedimiento, en su defecto se aplicar� la de la Comisi�n Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) -conforme lo establecido en el art. 3 de la Convenci�n Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panam� de 1975.

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VI.- ARBITRAJE DE DERECHO O DE EQUIDAD

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Conforme lo normado por el art. 9 del Acuerdo el arbitraje, podr� por disposici�n de las partes, ser de derecho o de equidad. En ausencia de disposici�n ser� de derecho.

Se concluye en este aspecto que, el Acuerdo -contrariando las modernas tendencias doctrinarias y legislativas-, determin� que si nada se dice al respecto, el arbitraje ser� de derecho. Por ello y para evitar complicaciones se considera que resultar� conveniente asesorar a las partes a fin de que en la respectiva cl�usula compromisoria especifiquen el tipo de arbitraje, es decir si desean un arbitraje de derecho o de equidad, acorde con las circunstancias del caso.

Desde el punto de vista doctrinario en el arbitraje de derecho, el �rbitro dicta su laudo ajustado a las normas estrictas de un derecho determinado, con arreglo a la ley y procedimiento fijado. En el arbitraje de equidad, el �rbitro resuelve �ex aequo et bono�, es decir, seg�n su leal saber y entender. En el arbitraje institucional, las partes convienen dirimir sus diferencias ante instituciones especializadas y en el arbitraje ad-hoc las partes convienen el procedimiento y el derecho aplicable, guardando las garant�as b�sicas.

En otro orden de ideas, y en cuanto a los �rbitros, el art. 16, y 22.e) del acuerdo determina las cualidades y condiciones que deber� reunir la persona para poder oficiar como �rbitro, caracterizando entre otras, a la persona id�nea para ejercer el cargo; aquella que tenga capacidad legal y; que goce de la confianza de las partes. Sin embargo aqu� el acuerdo no menciona, ni se�ala la presencia de profesionales que integren el Tribunal, y ello a mi criterio habr�a que modificarse, en atenci�n que la condici�n de abogados, sumados las otras cualidades que menciona el Acuerdo har�n indudablemente, a una mejor interpretaci�n de las normas que regir�n el objeto de la controversia.

S�lo ser�a admisible la elecci�n de un �rbitro, que no fuera abogado, en el arbitraje de equidad o de amigables componedores, mientras que trat�ndose de arbitraje de derecho, los �rbitros deben poseer t�tulo de abogado, sumado a ello la correspondiente habilitaci�n para el ejercicio profesional en algunos de los Estados Parte del MERCOSUR, como bien lo ha se�alado en oportunidades anteriores el Dr. H�ctor Mendez.

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VII.- RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DEL LAUDO ARBITRAL

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Bien sabido es que Laudo es una decisi�n formalizada adoptada por un tercero nombrado directamente o indirectamente por las partes, que tiene por objeto resolver una controversia jur�dica entre dichos contendientes en torno de una determinada relaci�n, tras un proceso contencioso cuyo resultado les vincula y es susceptible de producir efectos equivalentes a los de una sentencia judicial.

Surge el presente concepto de la letra del art- 20 del Acuerdo que habla sobre Laudo o sentencia arbitral. Se dispone all�, que el laudo ser� escrito, fundado y decidir� �completamente� el litigio. El laudo ser� definitivo y obligatorio para las partes, no admiti�ndose otros recursos que los establecidos en los arts. 21 y 22 del cuerpo normativo; Solicitud de rectificaci�n y ampliaci�n y Petici�n de nulidad del laudo, respectivamente.

En cuanto al reconocimiento y ejecuci�n del laudo arbitral, el Acuerdo no regula este instituto, sujetando al mismo a as disposiciones de la Convenci�n Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panam� de 1975; el Protocolo de Cooperaci�n y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa del MERCOSUR, aprobado por Decisi�n del Consejo del Mercado Com�n N� 5/92, y la Convenci�n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de Montevideo de 1979, lo que deviene justicia de acompa�amiento.

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VIII.- CONCLUSIONES

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- Se deber�a gestar o propender a la creaci�n de un Tribunal Justicia u �rgano supranacional,

- El Acuerdo en cuanto a su art. 1 debe ampliar el �mbito aplicaci�n material extendi�ndose el mismo a otro tipo de contratos internacionales, en ese mismo orden, y encalillad de partes debe estar legitimados los Estado que act�en en calidad de parte contratante, es decir como persona jur�dica o de derecho privado, ello� en concordancia con el Convenio de Resoluci�n de Disputas en materia de Inversiones Extrajeras.

- Habr�a que modificarse, el art. 16, y en cuanto a ello s�lo ser�a admisible la elecci�n de un �rbitro, que no fuera abogado, en el arbitraje de equidad o de amigables componedores, mientras que trat�ndose de arbitraje de derecho, los �rbitros deben poseer t�tulo de abogado, sumado a ello la correspondiente habilitaci�n para el ejercicio profesional en algunos de los Estados Parte del MERCOSUR.

- Ser�a importante arribar a Acuerdos con organismos internacionales de especial preparaci�n en arbitraje, en comercio internacional y en proyectos de unificaci�n del derecho como UNCITRAL y UNIDROIT, situaci�n posible de crear por poseer el Mercado Com�n del Sur personer�a jur�dica suficiente y por la pertenencia de sus miembros a la OEA ejecut�ndose el mecanismo por el �rgano eminente como es la CIAC.

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IX.- BIBLIOGRAFIA

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<![if !supportLists]>��������� <![endif]>Noodt Taquela, Mar�a Blanca: C�mo regular el arbitraje entre particulares en el Mercosur? en Revista de Derecho del Mercosur. Junio de 1998.

<![if !supportLists]>��������� <![endif]>Rapallini, Liliana Etel: Integraci�n y Desarrollo en Europa y en Am�rica. Ed. Lex. Argentina. P�ginas 59 y siguientes.

<![if !supportLists]>��������� <![endif]>Cattaneo, Mar�a Rosa - El arbitraje comercial en el Mercosur, Bolivia y Chile. Su desarrollo reciente y perspectivas futuras.

<![if !supportLists]>��������� <![endif]>Deluca, Santiago. Uni�n europea y MERCOSUR. Ed. Rubinzal - Culzoni.. 2003.

<![if !supportLists]>��������� <![endif]>Rosano, Daniel. Arbitraje y MERCOSUR.

<![if !supportLists]>��������� <![endif]>Leonardi de Herb�n, Hebe y Feldstein de C�rdenas, Sara: Arbitraje Interno e Internacional; ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1994, p�gs. 24 a 27.