
Cerca de un millón de dólares no reclamados por acreedores en un proceso de quiebra serán destinados a la compra de computadoras y otros artefactos informáticos para equipar a 67 escuelas públicas de distintos niveles educativos. Así lo determinó Pedro Yane Mana, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital, quien destacó que los fondos serán utilizados en “un plan de desarrollo estructural e inclusión digital” que contribuirá a disminuir la brecha digital en el territorio provincial. El dinero será administrado por el Ministerio de Educación de la Provincia, al que se le solicitó la elaboración de un proyecto específico para garantizar una inversión eficiente en el fomento de la educación. La decisión fue tomada en el marco del juicio de quiebra de una compañía azucarera, y se funda en lo establecido en el Artículo N° 224 de la Ley de Concursos y Quiebras (N° 24.522). Dicha norma indica que los acreedores pierden el derecho a cobrar el dinero que se les adjudica dentro de la distribución final una vez que transcurre un año calendario desde la fecha de la aprobación de la citada distribución. Y que, cumplido ese plazo, la Justicia debe declarar la caducidad de los fondos no reclamados y destinarlos al “fomento de la educación común”.